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OPINION

Contra el odio, sin hipocresías

Contra el odio, sin hipocresías

Estamos chapoteando en el barro y la responsabilidad primera es de los que ostentan cargos de responsabilidad y tienen la obligación de evitar que el odio destruya la convivencia democrática.
¿Por qué en nuestro país no se termina de entender que los ciudadanos no somos niños a tutelar, a los que hay que proteger de la “desinformación” y la “violencia simbólica” que circula en los medios de comunicación y las plataformas digitales? En lugar de la educación que nos haga libres para pensar y discernir qué es mentira o verdad, qué es bello o feo, qué es bueno o malo.
La respuesta es sólo una: no se termina de aceptar que el insumo de la democracia es la libertad y toda la normativa de derechos humanos consagra el derecho a decir, madre de todas las libertades, con una sola limitación: que esa libertad no incite al odio y a la violencia.
Una vez más, debemos recordar que nuestra Constitución reformada de 1994, al jerarquizar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, obliga al estado argentino a respetar el Pacto de San José de Costa Rica, la Biblia de los derechos humanos en la región, que establece en su articulo 13: toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.
Además, establece que nadie puede ser censurado previamente porque se contempla la responsabilidad ulterior para respetar el derecho y la reputación de los demás; y especifica que el derecho a decir no puede ser restringido “por medios indirectos, como el abuso de los controles oficiales”.
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Medios, un organismo estatal del que se debe esperar, precisamente, que custodie esos derechos consagrados, los promueva, especialmente en los medios públicos que no son de los gobiernos, y reciba y responda a las demandas ciudadanas.
Un organismo útil para contribuir a la educación no formal de nuestra infancia para que aprendan desde temprano a no humillarse con las burlas, las discriminaciones, los prejuicios, la llamada violencia simbólica que lleva años instalada como cultura política y televisiva en nuestro país, originada, en general, en aquellos que debieran hacer pedagogía, los dirigentes políticos, los periodistas, los intelectuales, todos los que tenemos responsabilidad de micrófono y no nos escudamos detrás del anonimato de las redes.
Aún así, la libertad de expresión es un valor supremo que nos obliga a estar dispuestos a soportar la libertad ajena aún cuando nos ofenda o contraríe nuestras ideas. De lo que se trata es educar, no controlar. Hacer de la responsabilidad un valor en lugar de poner las culpas afueras. Un vicio extendido en nuestro país, donde se sigue confundiendo estado con gobierno y la dirigencia elude la función pedagógica de formar ciudadanos libres que aprendan a pensar libremente sin el patrullaje ideológico de los que se erigen nuestros protectores.
Comparto la preocupación por la violencia verbal que circula como agresión y descalificación en los medios. Una violencia que no es simbólica porque es directa, indisimulada, generada desde el poder mismo con palabras envenenadas que lejos de unir, degradan, humillan y por eso generan violencia.
Estamos chapoteando en el barro y la responsabilidad primera es de los que ostentan cargos de responsabilidad y tienen la obligación de evitar que el odio destruya la convivencia democrática. Porque como escribió la alemana Carolin Emcke, en un pequeño gran ensayo “El odio solo se combate rechazando su invitación al contagio”.
Si para protegernos del coronavirus necesitamos vacunas y conseguir la inmunidad de rebaño, no hay mejor antídoto al virus de la violencia que la convivencia democrática y la inmunidad de rebaño la lograremos cuando la democracia quiera decir para todos lo mismo. Alcanza con cumplir con la Constitución y erradicar el odio de nuestros corazones. No pongo en duda las intenciones de los funcionarios para combatir el odio, la discriminación; pero, antes que nada, deben saber que este no es solo problema de la política. Todos somos responsables de luchar contra las formas cotidianas de desprecio y denigración.
La democracia en nuestro país será finalmente una cultura compartida si la tomamos en nuestras manos, la defendemos y somos capaces de enfrentarnos a los discursos del odio. ¿Cómo? Con amorosidad democrática, que no es otra que el respeto.

 

 


Por Norma Morandini