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Decreto presidencial

Tras las demoras, el Gobierno reglamentó la modificación al Impuesto a las Ganancias

Lo publicó en el Boletín Oficial y encomendó a la AFIP a instrumentar cómo se harán los reintegros.

Martín Guzmán demoró la reglamentación de la nueva ley del Impuesto a las Ganancias.

El Gobierno nacional reglamentó este martes la modificación del Impuesto a las Ganancias, tras una larga demora desde su aprobación en el Congreso el pasado 8 de abril.

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que cuenta con las firmas de Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, se avanzó tras una larga espera, que sin embargo no llegó a su fin porque ahora la AFIP debe definir detalles finos pero importantes, como por ejemplo cómo se instrumentarán los reintegros.

Los 47 días de tardanza para oficializar la norma había empezado a generar rispideces dentro de la coalición de gobierno. Es que el gran impulsor de los cambios en la ley fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.

Desde el Frente Renovador destacaban que el tema despertaba "fastidio", porque "estaba todo encaminado para que saliera". Incluso habían advertido que Massa saldría a reclamarle públicamente a sus socios si continuaban frenando la publicación

No es un detalle menor que falte el trabajo de la AFIP, porque si bien la ley ya está vigente y retroactiva al 1 de enero, allí se definirá cómo se les devolverán los aportes retenidos desde enero a los trabajadores que cobren menos de $150.000.

En principio, y según lo adelantado por el Presidente durante el mensaje emitido para anunciar el confinamiento estricto que rige hasta el 30 de mayo, la devolución sería en 5 cuotas y desde julio.

Esto equivale a un esfuerzo fiscal de más de $40.000 millones, indicó un punteo conocido tras el discurso del mandatario.La nueva ley de Ganancias fija un piso de $150.000 brutos por mes para pagar el impuesto este año. De ese modo, 1,2 millón de trabajadores en relación de dependencia dejarán de pagar, al igual que los jubilados que ganan menos del equivalente a 8 jubilaciones mínimas.

Cuando la ley se aprobó, se esperaba que los beneficios se sintieran en los sueldos de abril que se pagaron en mayo, pero los contadores y tributaristas advirtieron que si la reglamentación no salía antes del 24 de este mes, las empresas no harían a tiempo para incluirla tampoco en la liquidación salarial que llegará a los bolsillos en junio.

Las claves


De esta manera, dejan de pagar el tributo unos 1.267.000 trabajadores y jubilados, lo que representa un beneficio para más del 90% de los asalariados. ​
La nueva ley de Ganancias fija un piso de $ 150.000 brutos por mes para pagar el impuesto este año.
Jubilados: sólo tributarán quienes ganen más de 8 haberes mínimos.
El aguinaldo queda excluido.
Hijos con discapacidad: se elimina el tope de edad para deducirlos.
Personal de salud: queda eximido de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre.
Introduce la figura de concubino dentro de las cargas de familia.
Permite deducir gastos por compra de herramientas educativas para los hijos, sin tope.
Permite deducir gastos en cursos de capacitación: hasta $ 67.071,36 anuales.
Permite deducir gastos por movilidad y viáticos, estipulados en convenios colectivos: hasta $ 67.071,36 anuales.


Costo fiscal


Uno de los motivos que demoró la implementación de la nueva ley fue el costo fiscal. Para cuidar los pesos en un escenario que se complica con la pandemia y con los gastos que implica la segunda ola, el ministro Martín Guzmán buscó no quedar desguarnecido.

El pasado jueves, parte del horizonte fiscal se despejó: por un lado se aprobaron en Diputados los cambios en Ganancias para empresas y por el otro, el Tesoro consiguió refinanciar $250.000 en colocaciones de deuda.

​El nuevo mínimo no imponible en Ganancias hará que el fisco deje de percibir este año ingresos por $45.000 millones.

Según lo que se aprobó en la Cámara Baja, la alícuota se mantendrá en 25% para empresas con ganancias de hasta $5 millones. Las que ganen entre $5 millones y 50 millones pagarán el 30% y por encima de ese tope la alícuota sube al 35%.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un impacto fiscal positivo de $320.000 millones a través de las nuevas alícuotas.

(Fuente: Clarín)