Cumplen un año las inspecciones abusivas de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor
Hace más de 12 meses el gobierno encaraba una persecución que dura hasta nuestros días a los emprendedores privados con restricciones inentendibles.
Las imágenes muestran que la pandemia y las cuarentenas de la pandemia impuestas por el gobierno de Insfrán no han sido el único motivo de que más del 50% de los emprendedores privados cerraran sus negocios en la ciudad de Formosa.
La persecución se volvió un método que no se había aplicado en un cuarto del siglo del mismo gobierno y las leyes se modificaron acorde no a la Defensa al Consumidor sino como herramienta para resetear el empresariado privado.
Lejos de entender que es el sector privado el que motoriza la economía y la generación auténtica de empleo, el gobierno de Gildo Insfrán impuso cuarentenas interminables que no fueron acompañadas por la suspensión del cobro de tributos provinciales sino todo lo contrario, modificó el código tributario para crear más restricciones a los que se volvieran morosos por no poder generar sus ingresos.
La provincia nunca contempló la asistencia de los privados y solo se limitó a repartir los planes escasos que llegaban desde Nación y que solo alcanzaron a menos de la mitad de los privados.
Pero a un año del inicio de las restricciones con la excusa de la pandemia, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor ha ido mucho más allá en la persecución de los comerciantes, iniciándoles causas penales y cuyo fin último busca que se fundan uno por uno los pocos emprendedores que no dependen del gobierno.
Lejos de la finalidad de proteger a los consumidores, el titular de este organismo, Edgar Pérez, se ha transformado en un ejecutor parapolicial de una abierta persecución a trabajadores que solo pretenden trabajar para poder generar lo que necesitan.
Las restricciones anticonstitucionales y las violaciones a derechos de los ciudadanos han sido planteadas en todos los estrados, tanto provinciales como nacionales pero ha sido la justicia federal la que le ha puesto límites al abuso del gobierno provincial y seguramente, será la misma justicia, la que frene la caza de brujas que lleva adelante este organismo creado al efecto de fundir a los comerciantes que protestan por poder trabajar.
