La nueva ley penal juvenil ya rige: qué cambia desde los 14 años y qué debe adaptar Formosa

Desde este mes, los adolescentes de 14 a 17 años que sean imputados por un delito quedan alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La norma entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó al régimen anterior, fijando un sistema específico para las personas menores de 18 años.

El cambio no significa que los adolescentes reciban automáticamente las mismas penas que un adulto. Por el contrario, la legislación establece un régimen diferenciado, con medidas y sanciones que buscan combinar la responsabilidad por el hecho cometido con la educación, la resocialización y la integración social.

En comunicación telefónica con Radio Uno, el abogado penalista Gabriel Cubillas explicó que una de las principales modificaciones es precisamente que desde los 14 años un adolescente puede quedar sometido a un proceso penal por hechos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales .

"Antes, solamente eran punibles desde los 16 años. Ahora, a partir de los 14, 14 y 15 años también van a responder por los delitos que cometan", explicó.

No todo termina en una prisión

Cubillas remarcó que la nueva legislación contempla distintas respuestas según la gravedad del hecho y las circunstancias particulares del adolescente.

Entre las penas previstas aparecen la amonestación, la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, la prohibición de conducir, restricciones para concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o del ámbito territorial fijado por el juez, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

La propia ley establece que, cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años, debe reemplazarse la prisión por alguna de las penas alternativas previstas en el régimen. Para determinados delitos con penas superiores a tres y hasta diez años también contempla la posibilidad de reemplazar la privación de libertad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la norma.

"Siempre se establece que el principio básico de la nueva ley es evitar la privación de la libertad", señaló Cubillas.

La amonestación es una de las respuestas previstas para los casos de menor gravedad. Consiste en un llamado de atención y reproche oral realizado por el juez en una audiencia privada, con la presencia del defensor, el fiscal y los padres o representantes legales, entre otros. La ley establece además que debe aplicarse junto con al menos otra de las penas previstas.

Cuando el encierro es necesario

La ley también contempla situaciones en las que la gravedad del hecho justifica una pena privativa de la libertad. En esos casos, existen tres modalidades: privación de la libertad en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención .

El régimen prohíbe que los adolescentes sean alojados junto con personas mayores de edad. La propia norma establece que, si resulta indispensable el encierro, debe realizarse en dependencias especialmente acondicionadas y bajo la dirección de personal idóneo para trabajar con adolescentes.

Además, la prisión perpetua queda expresamente prohibida y el máximo de las penas privativas de libertad para adolescentes es de 15 años, incluso cuando la escala penal del delito sea superior.

El interrogante que aparece en Formosa

Es justamente en este punto donde aparece uno de los principales desafíos para la provincia.

Cubillas sostuvo que en Formosa existe un lugar que podría ser utilizado para alojar a adolescentes, pero planteó dudas respecto de si se encuentra cumplida de manera integral toda la estructura que exige la nueva normativa.

"Todavía no sabemos que se haya dado cumplimiento integral, que se haya reglamentado todo lo que establece esta nueva ley", señaló.

Uno de los aspectos que mencionó es la figura del supervisor , que debe realizar el seguimiento, asistencia y control del adolescente cuando se aplican determinadas medidas o penas. La Ley 27.801 establece que debe tratarse de una persona con formación específica y que las provincias deben regular los mecanismos para su nombramiento, remoción y sanción.

La reglamentación nacional creó además un Registro de Supervisores para los procesos de competencia nacional y federal, pero la propia ley establece que las provincias deben avanzar en sus mecanismos de designación para el ámbito local.

Formosa ya comenzó a capacitarse

La discusión sobre la preparación provincial no es solamente teórica. El Poder Judicial de Formosa viene desarrollando durante septiembre distintas jornadas de capacitación sobre el nuevo régimen.

La primera se realizó en la Escuela Judicial y estuvo destinada a jueces, funcionarios y empleados de distintos fueros. Luego se desarrolló otra instancia en Clorinda para integrantes de la Segunda Circunscripción Judicial, mientras que está prevista una tercera etapa en Las Lomitas, cabecera de la Tercera Circunscripción.

En esas actividades, la jueza Silvana Jarzynski también puso el foco en los desafíos que implica llevar la nueva normativa a la práctica, especialmente en materia de sanciones, supervisión, alojamiento y reinserción.

También cambia el trabajo policial

La entrada en vigencia del régimen alcanza además a los procedimientos policiales. Si un adolescente de 14 años o más queda involucrado en un hecho que puede constituir delito, ya no se trata simplemente de una situación en la que el menor queda fuera del sistema penal por su edad.

Cubillas señaló que deberán existir espacios adecuados para evitar el contacto con personas adultas privadas de la libertad y que también será necesaria capacitación específica del personal que intervenga con adolescentes.

"No consiste solamente en tener un lugar donde vamos a ir a depositar a los chicos, sino que el propio personal también esté capacitado para tratar", explicó.

La ley establece precisamente que cualquier alojamiento de un adolescente privado de su libertad debe realizarse en dependencias acondicionadas especialmente y sin contacto con adultos detenidos.

Los padres y la reparación del daño

Otro aspecto destacado por el abogado fue la responsabilidad civil de los padres.

La Ley 27.801 establece expresamente que los progenitores de los adolescentes sometidos a proceso penal serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, de acuerdo con las normas del Código Civil y Comercial.

Esto adquiere particular relevancia frente a una de las alternativas previstas por el nuevo régimen: la reparación integral del daño.

Cubillas explicó que, ante determinados casos, esa herramienta puede permitir una salida alternativa. Por ejemplo, si un adolescente roba un teléfono y el aparato no puede ser recuperado, la defensa puede plantear la posibilidad de reparar el perjuicio ocasionado mediante la restitución de un equipo equivalente, siempre dentro del procedimiento judicial correspondiente.

La reparación integral está expresamente incluida entre las penas previstas por el artículo 12 de la nueva ley.

Un sistema que recién empieza a ponerse a prueba

El nuevo régimen no se limita entonces a bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido a responsabilidad penal. También introduce nuevas reglas procesales, medidas alternativas, supervisión especializada, modalidades específicas de privación de libertad y una obligación de orientar las sanciones hacia la educación y la resocialización.

En Formosa, el proceso de adaptación ya comenzó con capacitaciones dentro del Poder Judicial, mientras persisten interrogantes sobre la infraestructura, los dispositivos de alojamiento, los supervisores y la adecuación de todos los organismos que deberán intervenir.

La nueva ley ya está vigente. Ahora comienza la etapa más compleja: hacer que ese régimen pueda funcionar efectivamente en cada lugar donde deba aplicarse, incluida Formosa .