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La OEA convocó a los cancilleres para abordar la crisis política en Nicaragua

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar la situación política en Nicaragua, prevista para el viernes 2 de octubre en la sede del organismo en Washington. La decisión llega después de que el dictador Daniel Ortega afirmara que en el país centroamericano "no volverá a haber elecciones".

La denominada "reunión de consulta" es un mecanismo poco frecuente dentro de la OEA. Según la resolución aprobada por consenso en el Consejo Permanente, el encuentro servirá para examinar "las acciones apropiadas" contra el Gobierno nicaragüense, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

El orden del día del encuentro, aprobado este miércoles junto con la fecha, establece que la sesión plenaria se realizará a las 11.30, hora local (15.30 GMT). La propuesta de fecha fue presentada por las misiones de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.

La convocatoria original a esta reunión de cancilleres fue aprobada el 19 de agosto, con el respaldo de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México. La última vez que la OEA celebró un encuentro de este tipo fue en 2019, cuando se debatió la situación en Venezuela, país que mantiene vacante su asiento en el organismo desde 2023. Ese mismo año, Nicaragua decidió abandonar la OEA como respuesta a la presión diplomática ejercida por los países miembros. Actualmente el organismo cuenta con 33 miembros activos.

La reunión de cancilleres del 2 de octubre representa uno de los pocos mecanismos con los que cuenta la OEA para presionar formalmente a un Estado miembro por violaciones a los principios democráticos, aunque el organismo carece de poder para imponer sanciones: estas deben ser aplicadas de forma individual por cada país.

El detonante inmediato de la convocatoria fue el anuncio realizado por Ortega en julio, cuando aseguró que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones en las que "partidos puestos por los yanquis" puedan alcanzar el poder. El parlamento nicaragüense, controlado por el sandinismo, ratificó posteriormente esa medida.

El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohibiría competir en comicios a las personas que el Estado considere "traidores a la patria". La misma reforma extendería de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular y de las autoridades designadas o ratificadas por el propio parlamento. El debate en segunda legislatura está previsto a partir de enero.