Ocampo pidió reflotar un proyecto para controlar la compra de cobre y frenar el robo de cables en Formosa

El robo de cables, tapas de medidores, rejillas, elementos de fundición y hasta componentes de equipos de aire acondicionado volvió a poner bajo la lupa el circuito de comercialización de metales en la ciudad de Formosa. Se trata de materiales que pueden tener poco valor como objeto, pero que encuentran un mercado cuando son vendidos como cobre, bronce, aluminio o fundición. 

En ese contexto, el exconcejal capitalino Marcelo Ocampo recordó un proyecto que presentó en 2024 y que buscaba establecer controles sobre los lugares dedicados a la compra y acopio de este tipo de materiales.

La iniciativa contemplaba la creación de un registro para las denominadas "chatarrerías" o puntos de acopio, además de establecer responsabilidades para quienes participan de la actividad comercial y mecanismos que permitieran conocer quién entrega los materiales y cuál es su procedencia.

En contacto con Radio Uno, Ocampo explicó que el proyecto surgió ante el incremento del valor de los metales no ferrosos, especialmente el cobre y el bronce, y la consecuente proliferación de robos vinculados con estos materiales.

"Se pensó por el hecho de que habían aumentado los precios de los materiales no ferrosos como el cobre y el bronce y por eso también la proliferación de los robos", explicó.

El exedil puso especial énfasis en una de las consecuencias más visibles del problema: el robo de cables del tendido eléctrico y de otros servicios. Incluso mencionó casos en los que delincuentes terminan dañando cables de fibra óptica que prácticamente no contienen cobre, simplemente por intentar obtener algún material para vender.

La situación no se limita al cableado. Ocampo señaló que también se extrae cobre del interior de equipos de aire acondicionado, provocando la destrucción de artefactos que pueden encontrarse en domicilios particulares y establecimientos educativos.

A esto se suman otros elementos que directamente forman parte de la infraestructura urbana. Según relató, también comenzaron a registrarse robos de tapas de medidores de agua, tapas de inspección y elementos de fundición ubicados en la vía pública.

"No es que alguien tiró y alguien recogió y llevó a vender; alguien lo robó y lo llevó a vender", remarcó al referirse a esos casos.

La trazabilidad como herramienta de control

Uno de los puntos centrales del proyecto presentado por Ocampo era establecer un sistema de trazabilidad. La idea consistía en que quienes compren cobre, bronce, aluminio u otros materiales puedan identificar a la persona que los entrega y registrar información que permita determinar de dónde fueron obtenidos.

El objetivo no sería impedir una actividad que puede desarrollarse legalmente, sino establecer parámetros que permitan diferenciar entre materiales provenientes de una actividad legítima y aquellos que podrían haber sido obtenidos mediante un robo.

"Sirve también para las fuerzas de seguridad, a través de esa trazabilidad, poder encontrar más rápidamente a quien está comercializando el tipo de materiales ilícitos", sostuvo Ocampo.

La medida también podría facilitar el trabajo de quienes deben afrontar las consecuencias de estos robos. Cada cable sustraído, una tapa de fundición retirada de la calle o un elemento de infraestructura destruido genera costos adicionales para su reposición y puede dejar temporalmente sin servicio a vecinos, empresas o instituciones.

Ocampo señaló que el proyecto no logró avanzar cuando fue presentado en 2024, pero aseguró que actualmente existe una nueva posibilidad de retomarlo.

Según contó, el concejal Patricio Evans se comunicó con él luego de recordar la iniciativa y le pidió reflotar el proyecto. Ocampo aseguró que está dispuesto a volver a ponerlo en consideración porque considera que el problema mantiene plena vigencia.

"Fue presentado en 2024. Ya nos hubiéramos ahorrado un montón de dolores de cabeza si fuera apoyado en aquel momento por el recinto", sostuvo.

Ahora, con el robo de cables y otros elementos de infraestructura urbana nuevamente en discusión, la propuesta vuelve a aparecer como una alternativa para controlar un circuito comercial que, según planteó el exconcejal, puede funcionar de manera lícita, pero necesita reglas claras para evitar que materiales provenientes de hechos delictivos encuentren rápidamente un comprador.