Lote 8: 18 integrantes de comunidades originarias permanecen detenidos en medio de un conflicto por reclamos educativos

La situación en el oeste de Formosa continúa generando preocupación, particularmente en comunidades originarias ubicadas en el Lote 8, donde un reclamo por cuestiones educativas derivó en cortes sobre un camino vecinal y posteriormente en la intervención de la Justicia.

En diálogo con Radio Uno Formosa, el padre Juan Rosasco , integrante de la Pastoral Aborigen y con trabajo territorial en comunidades wichí de la región, explicó que el conflicto tiene como uno de sus principales antecedentes los reclamos de las comunidades Tres Palmas y Misión Nueva , que desde hace meses vienen solicitando una solución para los estudiantes que deben trasladarse diariamente hasta el nivel secundario.

Según relató, los jóvenes deben comenzar su recorrido durante la madrugada para llegar a la escuela, atravesando caminos vecinales cuando todavía está oscuro. La preocupación es especialmente fuerte entre las familias por la presencia de tránsito de camiones y camionetas y por antecedentes de situaciones de violencia y de "chineo"  en la zona.

Por ese motivo, las comunidades vienen reclamando la posibilidad de contar con una alternativa educativa más cercana, particularmente un anexo del nivel secundario.

Dieciocho personas detenidas

El reclamo derivó en cortes sobre el camino vecinal. Rosasco reconoció que esta metodología genera consecuencias judiciales y también conflictos con otros vecinos, aunque sostuvo que las comunidades consideran que es una de las pocas formas que tienen para conseguir visibilidad.

"¿Y cómo se van a enterar en Formosa si no es haciendo esto?", relató el sacerdote al explicar el razonamiento de los integrantes de las comunidades.

En ese contexto, confirmó que actualmente hay 18 personas detenidas , algunas alojadas en la alcaldía de Las Lomitas y otras en la ciudad de Formosa. Además, indicó que comenzaron las indagatorias judiciales y que existen otras personas que permanecen prófugas y son buscadas.

El sacerdote describió además un escenario de temor dentro de las comunidades. Según contó, durante el fin de semana recorrió la zona y encontró viviendas prácticamente vacías.

"Las comunidades están vacías, la gente se escondió en el monte porque está muy asustada", relató. También señaló que algunos niños presenciaron el momento en que sus madres y abuelas fueron detenidas, situación que, según sostuvo, profundizó el miedo entre las familias.

El reclamo llegó a la Justicia

Respecto de las imputaciones, Rosasco explicó que las personas detenidas están vinculadas judicialmente con los cortes realizados en el camino y que, de acuerdo con la información que recibió del abogado que interviene en el caso, se trataría de delitos excarcelables.

La defensa estaría solicitando la excarcelación de los detenidos y cuestionando la situación, entre otros argumentos, porque los hechos se produjeron dentro de un territorio reconocido como propiedad comunitaria.

El sacerdote también hizo referencia a los cuestionamientos por la forma en que se produjeron algunas detenciones. Reconoció que pudo existir violencia durante esos procedimientos, aunque negó que se hayan producido las golpizas que, según dijo, fueron denunciadas públicamente.

Reclaman una respuesta concreta del Gobierno

Para Rosasco, el conflicto tiene dos dimensiones diferentes: una judicial, que debe resolver la Justicia, y otra política y educativa, que requiere una respuesta del Poder Ejecutivo.

El sacerdote sostuvo que las comunidades vienen recibiendo promesas y respuestas generales, pero que lo que esperan es una definición concreta respecto de sus reclamos.

"Ellos lo que quieren es alguien que vaya y les diga: si su reclamo es verdadero, es justo, podemos o no podemos darles esto, o la solución es esta", explicó.

En ese sentido, cuestionó que durante mucho tiempo se haya respondido a las demandas principalmente con anuncios o promesas de nuevas obras, cuando, a su entender, el problema central pasa por la calidad educativa.

"No pidan más edificios, pidan mejor educación"

Rosasco planteó una mirada crítica sobre el sistema educativo en las comunidades originarias. Reconoció que en las últimas décadas hubo avances importantes en materia de infraestructura y recordó que cuando comenzó a recorrer el oeste formoseño, en la década del 80, todavía existían escuelas rancho y comunidades que no tenían establecimientos educativos cercanos.

Sin embargo, consideró que la construcción de edificios no garantiza por sí misma una mejor educación.

"Yo le insisto a las comunidades: no pidan más edificios. Lo que hay que pedir es mejor educación", sostuvo.

Para el integrante de la Pastoral Aborigen, el desafío pasa por lograr que los estudiantes puedan terminar la escuela primaria y secundaria con los conocimientos y habilidades necesarios.

En ese punto, relató experiencias con jóvenes que llegan a instancias universitarias y presentan dificultades para resolver operaciones matemáticas básicas. Como ejemplo, mencionó el caso de estudiantes que, frente a una división sencilla de 120 caramelos entre cuatro niños, recurren a representaciones elementales para encontrar la respuesta.

Cuestionamientos a la calidad educativa

Rosasco sostuvo que la infraestructura escolar en el oeste formoseño mejoró considerablemente, pero afirmó que persisten "deudas muy grandes" en materia de calidad educativa.

También apuntó a la necesidad de revisar la formación y el rol de los MEMA , docentes vinculados con la Educación Intercultural Bilingüe, y consideró que las exigencias actuales requieren una mayor preparación.

Según explicó, estos docentes deberían contar con una formación sólida como maestros de lengua y cultura wichí, pilagá, qom y, eventualmente, nivaclé.

En su análisis, además, cuestionó que algunos cargos puedan quedar atravesados por presiones políticas o comunitarias en lugar de responder exclusivamente a criterios de capacitación y mérito.

Un conflicto que excede el corte de camino

El sacerdote planteó que detrás de los cortes y las detenciones existe una problemática mucho más profunda que lleva años sin resolverse completamente.

Por un lado, están los reclamos inmediatos de las familias: garantizar que sus hijos puedan acceder a la educación secundaria sin exponerse diariamente a largos recorridos en condiciones de inseguridad.

Por otro, aparece una discusión más amplia sobre la calidad de la educación que reciben los estudiantes de las comunidades originarias y sobre las políticas destinadas a garantizar una verdadera Educación Intercultural Bilingüe.

Mientras la Justicia avanza con las causas derivadas de los cortes y las detenciones, las comunidades continúan reclamando una respuesta concreta del Estado.

El desafío, según la mirada expresada por Rosasco, consiste en evitar que el conflicto quede reducido únicamente a una cuestión policial o judicial y avanzar también sobre el reclamo que originó la protesta: garantizar una educación accesible, segura y de calidad para los niños y jóvenes de las comunidades del oeste formoseño.