"Mi abuela tiene 81 años y vive ahí hace 37": la incertidumbre de una familia tras el operativo en el Mercadito

El fuerte operativo realizado días atrás en el sector del Mercadito de Formosa no solo afectó a los tres comedores que fueron clausurados y cuyos elementos fueron secuestrados. Detrás de esos locales también hay familias que viven en el lugar desde hace décadas y que ahora aseguran atravesar una situación de incertidumbre respecto de su permanencia.

Adriana Estigarrivia es nieta de una de las mujeres que reside allí. En contacto con Radio Uno contó que su abuela tiene 81 años, es viuda de un ex empleado ferroviario y posee la ocupación del inmueble desde hace 37 años.

"Mi abuela vive en el lugar, exactamente. Ella tiene la posesión hace 37 años", explicó Adriana, quien además señaló que la familia se encuentra tramitando una regularización ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado a través del programa PROBIEN.

La mujer sostuvo que el procedimiento del martes generó especial preocupación por las características del operativo y por la situación particular de su abuela, que tiene dificultades motrices y visuales. Según relató, la mujer sufrió dos ACV y el último ocurrió en 2022.

"Acá vive una señora de 81 años, solamente con mi tío, y la cantidad de policías que había era como si fuera que había un narcotraficante, o hubo una muerte", manifestó al describir el despliegue realizado en el lugar.

"Es una constante incertidumbre"

Adriana aseguró que la situación genera preocupación porque, además del conflicto comercial y judicial, existe una familia que continúa viviendo en el predio.

"Nosotros estamos con una constante incertidumbre. Yo me quedé ayer todo el día, venimos y nos quedamos con ella", contó. Según explicó, su abuela tiene dificultades para movilizarse y presenta una importante disminución de la visión, por lo que la familia teme que las intervenciones sobre el sector terminen afectando su acceso y su vida cotidiana.

La nieta también cuestionó que durante el procedimiento se hayan retirado elementos que, según su versión, excedían lo estrictamente relacionado con la actividad de los comedores.

"Secuestraron hasta los ventiladores de techo que teníamos nosotros acá, llevaron ventiladores de pie, llevaron modulares que había en un depósito", afirmó. También sostuvo que la oficial de justicia ingresó a sectores utilizados como depósitos y retiró objetos que, a su entender, no estaban comprendidos dentro de la medida.

Un conflicto que viene desde hace años

El enfrentamiento por los locales no comenzó con el operativo del martes. De acuerdo con el relato de Adriana, ya el 6 de mayo se había realizado un procedimiento de constatación y, desde entonces, el comedor La Familia permanecía cerrado.

La familia cuestiona además la situación jurídica de los terrenos. Adriana sostuvo que realizó pedidos de información pública para determinar la situación del predio y afirmó que existe una contradicción entre lo expresado por la Municipalidad y la información que obtuvo de organismos nacionales.

Según relató, una notificación municipal señala que el inmueble pertenece al Estado Nacional y que la Municipalidad tendría la tenencia y custodia de esos terrenos en virtud de un convenio. Al mismo tiempo, afirmó que ante un pedido de información la Agencia de Administración de Bienes del Estado habría indicado que debía tramitarse la autorización correspondiente ante el organismo nacional competente.

La situación llevó a la familia a plantear también sus dudas sobre versiones que comenzaron a circular acerca de un eventual proyecto gastronómico en el sector.

"Comenzaron a difundirse públicamente informaciones de que estos lugares serían desalojados para posteriormente realizar un paseo gastronómico", señaló Adriana, aunque remarcó que para la familia una cosa es un procedimiento por cuestiones sanitarias y otra distinta sería que existiera un proyecto de utilización de esos espacios previamente definido.

Sin acta y sin saber dónde están los elementos

Otro de los puntos que la familia cuestiona es lo ocurrido durante el retiro de los bienes. Adriana aseguró que, una vez terminado el inventario, no les entregaron un acta ni les permitieron fotografiar los elementos que eran retirados.

"No nos dejaron ni siquiera un acta, no nos dejaron ni siquiera sacar una foto de lo que estaban llevando, no dejaron ni siquiera que firmemos lo que ellos estaban sacando", afirmó.

Y agregó: "Nosotros no sabemos ni siquiera dónde están las cosas".

Mientras la disputa continúa en el ámbito judicial, la familia asegura que su principal preocupación ya no pasa solamente por la continuidad de una actividad comercial, sino por la situación de una mujer de 81 años que vive en ese lugar desde hace casi cuatro décadas y que, según su nieta, quedó atrapada en medio de un conflicto que todavía está lejos de resolverse.