Malvinas: el Gobierno analiza incluir la pesca en el proyecto de sanciones a las empresas petroleras que enviará al Congreso
El Gobierno evalúa incluir la explotación pesquera en el nuevo régimen de sanciones por Malvinas que enviará al Congreso la próxima semana. La Casa Rosada trabaja en extender a esa actividad parte del esquema que prepara para endurecer las penas contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones sin autorización argentina en las islas.
"Estamos trabajando en eso", aseguran en Nación ante la consulta sobre la incorporación de la pesca al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el Ejecutivo anticipan que habrá definiciones la próxima semana, cuando está previsto que la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados.
La discusión se concentra ahora en qué alcance tendrá el nuevo régimen y a qué actores vinculados con la explotación pesquera podrá afectar. El Gobierno analiza especialmente la situación de empresas relacionadas de forma directa o indirecta con quienes operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
La Argentina ya tiene desde 2008 herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.
La norma también alcanza relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. El Ejecutivo analiza ahora qué cambios incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.
La posibilidad ya había sido anticipada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. El Presidente anunció que modificaría la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, y agregó que el nuevo esquema de sanciones se extenderá a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El régimen que el Gobierno utiliza como modelo permite avanzar no sólo contra las empresas que realizan directamente una actividad sin autorización argentina. También busca alcanzar a accionistas, directores, proveedores y compañías que participen económicamente de esos proyectos, además de impedir que los infractores contraten en la Argentina.
La Casa Rosada ya comenzó a aplicar esa lógica sobre los hidrocarburos. Después de la cadena nacional, Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras y luego sumó otros 15 actores, entre accionistas y proveedores relacionados con los proyectos que avanzan en las islas.
El principal objetivo inmediato es Sea Lion, el proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que su avance obliga a acelerar las herramientas para impedir que compañías que participan de actividades que considera ilegales puedan mantener al mismo tiempo negocios en la Argentina.
La pesca presenta un desafío diferente porque ya es una de las principales fuentes de ingresos de las islas. El sistema de licencias otorgadas por la administración británica funciona desde hace décadas y permite operar a decenas de embarcaciones durante las distintas temporadas pesqueras del Atlántico Sur.
