"Nunca nos dejaron poner el lugar en condiciones": la comerciante desalojada que cuestionó el accionar municipal
Antonella, propietaria de uno de los comedores desalojados, reconoció que el local no contaba con habilitación, pero aseguró que lleva más de dos años intentando regularizar la situación. Denunció que Bromatología les labraba infracciones mientras les indicaba que siguieran trabajando y cuestionó el procedimiento de secuestro de sus elementos de trabajo: "No me dicen a dónde llevan mis cosas".
El operativo de desalojo de dos locales gastronómicos del Mercadito sumó una nueva voz al conflicto. Antonella, propietaria de uno de los comedores afectados, cuestionó el procedimiento llevado adelante durante la mañana y aseguró que desde hace más de dos años intenta regularizar la situación del establecimiento sin conseguir la habilitación municipal.
La comerciante relató que llegó al lugar alrededor de las 6 de la mañana para comenzar su jornada laboral y se encontró con un importante despliegue policial, personal de Bromatología y efectivos antimotines.
"Vinimos a las seis de la mañana para poder hacer el ingreso al trabajo como todos los días y nos encontramos con una gran cantidad de personas policiales, personas de Bromatología y personas antimotines", relató.
Según estimó, eran alrededor de 40 personas las que participaron del operativo, durante el cual se les impidió ingresar a trabajar y comenzó el secuestro de mercadería y elementos utilizados para desarrollar la actividad gastronómica.
Una habilitación que, según la comerciante, nunca pudo conseguir
Antonella reconoció que el comedor no contaba con habilitación municipal, pero sostuvo que la situación no obedeció a una negativa de su parte a cumplir con los requisitos.
Explicó que desde hace más de dos años mantiene gestiones con el área de Bromatología para intentar conseguir la habilitación comercial, pero que el principal obstáculo estaría relacionado con la situación dominial de los terrenos ferroviarios donde funcionan los locales.
"Venimos trabajando hace más de dos años con lo que tenga que ver con Bromatología, que se encarga de lo que es habilitación comercial", señaló.
De acuerdo con su relato, desde el Municipio le explicaron que no podían otorgarle la habilitación porque no tenían cómo acreditar o intervenir sobre el espacio, al tratarse de tierras nacionales pertenecientes al sistema ferroviario.
La comerciante sostuvo además que intentó realizar mejoras en el lugar, pero que tampoco habría recibido autorización para hacerlo.
"Intentamos hacer arreglos, porque si no estamos en condiciones al cien por ciento, pero nunca me dejaron poner, ni sacar, ni pintar el lugar", afirmó.
Según Antonella, el argumento que recibió fue que la Municipalidad tenía previsto un proyecto para ese sector.
"Nos hacen el acta y nos dicen: sigan trabajando"
Uno de los puntos más controvertidos de su relato aparece en relación con las infracciones y clausuras.
La comerciante reconoció que recibió multas y que durante los últimos dos años existieron actuaciones municipales. Incluso admitió que las últimas tres multas, realizadas aproximadamente dos meses atrás, no fueron abonadas.
Sin embargo, aseguró que existía una situación contradictoria entre las actuaciones administrativas y lo que, según afirmó, les manifestaban algunos inspectores.
"Nos vienen a hacer el acta de infracción y nos dicen: ‘sigan trabajando’", relató.
Para Antonella, esa situación generó incertidumbre respecto de cuál era realmente la posición de la Municipalidad frente al funcionamiento de los locales.
"Nosotros seguimos trabajando, pero tampoco nos dan esa certeza de qué va a pasar", expresó.
La comerciante insistió en que nunca se negó a regularizar el establecimiento y sostuvo que, si el local no estaba en condiciones, no era por falta de voluntad de su parte.
"No tengo en condiciones, no porque yo no quiera. Nunca nos opusimos a ningún tipo de arreglo o mejora", afirmó.
El problema de fondo: terrenos ferroviarios
La situación dominial aparece nuevamente como uno de los ejes centrales del conflicto.
Antonella admitió que no posee un contrato de alquiler ni documentación que acredite que el espacio le pertenece.
"No tengo ningún papel que dice que lo alquilo, ni tampoco que es mío", reconoció.
Pero sostuvo que se trata de un espacio perteneciente al territorio nacional y que lleva más de diez años trabajando allí sin que, según su versión, apareciera anteriormente un propietario a reclamar el lugar.
La comerciante aseguró que incluso viajaron a Buenos Aires para intentar obtener documentación relacionada con las tierras nacionales y que recibieron un documento que, según interpretó, no acreditaría que la Municipalidad tuviera prioridad sobre ese espacio.
"No me dicen dónde llevan mis cosas"
Otro de los cuestionamientos planteados por Antonella está relacionado con el destino de los elementos secuestrados durante el operativo.
Cocinas, heladeras, muebles, mesas, sillas, mercadería y otros elementos utilizados para trabajar fueron retirados del lugar en cumplimiento de la medida judicial.
Sin embargo, la comerciante aseguró que al momento de la entrevista no tenía información precisa sobre dónde serían trasladados sus bienes .
"No me dijeron hasta el momento dónde están llevando", sostuvo.
Relató que consultó incluso con la persona encargada de registrar los elementos secuestrados, pero que tampoco habría recibido una respuesta concreta.
"Le pregunté a la persona que está anotando todas mis cosas dónde llevan y me dice que él no tiene información de dónde llevan mis cosas", contó.
Dos versiones y un conflicto que escala
La versión de Antonella se contrapone con la explicación brindada por el procurador municipal Fernando Martín Rigotti, quien sostuvo que la intervención judicial fue consecuencia de una sucesión de infracciones, clausuras y actuaciones vinculadas con cuestiones de higiene, salubridad y bromatología.
Desde la Municipalidad argumentaron que se recurrió a la Justicia mediante una acción preventiva de daño , precisamente para evitar eventuales consecuencias sobre la salud de las personas, y que el incumplimiento reiterado de las clausuras llevó finalmente a solicitar una medida judicial.
La comerciante, en cambio, reconoce la falta de habilitación pero sostiene que durante años intentó regularizar la situación y que el propio Municipio no le habría permitido realizar las obras necesarias para poner el establecimiento en condiciones.
En el medio queda además una cuestión que ninguno de los protagonistas desconoce: los locales se encuentran en un espacio cuya situación dominial está vinculada al sistema ferroviario y cuya posesión continúa siendo materia de discusión .
Mientras la Justicia ordenó la clausura, el desalojo y el secuestro de los bienes, los comerciantes afectados buscan ahora saber qué ocurrirá con sus elementos de trabajo y, sobre todo, si podrán volver a desarrollar su actividad en ese lugar.
