La Municipalidad explicó por qué terminó desalojando y secuestrando los bienes de dos locales gastronómicos del Mercadito

El desalojo de dos locales gastronómicos ubicados en el denominado Mercadito de la ciudad de Formosa llegó a una instancia judicial luego de una extensa disputa vinculada con las condiciones sanitarias de los establecimientos y el incumplimiento de sucesivas clausuras municipales.

El procurador de la Municipalidad de Formosa, Fernando Martín Rigotti , explicó que el Ejecutivo municipal decidió recurrir a la Justicia después de una serie de actuaciones que, según sostuvo, incluyeron infracciones, notificaciones y clausuras por cuestiones relacionadas con la higiene, la salubridad y las condiciones bromatológicas de los comercios.

"Ha pasado mucho tiempo entre infracciones y clausuras y cuestiones que son más que nada bromatológicas, de higiene y de sanidad, y que afectan la salud de las personas", sostuvo Rigotti al explicar el origen del conflicto.

Según el funcionario, la Municipalidad promovió ante la Justicia una acción preventiva de daño , contemplada por el Código Civil, con el objetivo de evitar que una situación considerada riesgosa termine generando consecuencias mayores.

La postura municipal es que la intervención no tuvo como finalidad impedir que los comerciantes trabajen, sino garantizar que la actividad gastronómica se desarrolle bajo condiciones adecuadas.

"Nosotros lo que pretendemos es que estos locales comerciales o comedores estén en condiciones de poder ejercer su trabajo gastronómico", afirmó Rigotti, quien rechazó anticipadamente la posibilidad de que la medida sea interpretada como una decisión destinada simplemente a impedir que los trabajadores continúen con su actividad.

De las clausuras al desalojo

El punto que terminó llevando el conflicto a los tribunales fue, de acuerdo con la explicación del procurador, la reiteración de incumplimientos después de las actuaciones municipales.

Rigotti señaló que se labraron actas de infracción, se aplicaron multas y se dispusieron clausuras por cuestiones vinculadas con la salubridad y la higiene. Sin embargo, aseguró que los responsables de los locales continuaron trabajando.

"Esta gente no rompía la faja, seguía trabajando y, entre tantas infracciones, nos vimos en la obligación de ir a estas medidas judiciales", explicó.

La resolución judicial que finalmente se ejecutó contempla, según precisó el funcionario, la clausura y el secuestro de los bienes existentes en los locales , además del desalojo.

De esta manera, una situación que inicialmente se había desarrollado en el ámbito administrativo municipal terminó con una intervención judicial y con los dos espacios gastronómicos fuera de funcionamiento.

El otro conflicto: ¿de quién son los locales?

El operativo también volvió a poner sobre la mesa una cuestión que rodea desde hace tiempo a estos espacios: la titularidad de los terrenos y locales del sector ferroviario .

Rigotti aclaró que, para la Municipalidad, esa discusión no modifica su facultad para intervenir en materia bromatológica.

Según explicó, el sector corresponde al sistema ferroviario y en distintos momentos hubo cesiones de determinados espacios tanto a la Municipalidad como a la Provincia.

"Esto es de Ferrocarriles Argentinos", afirmó de manera contundente el procurador al ser consultado sobre la existencia de un propietario particular.

En ese sentido, descartó que los espacios pertenezcan a una familia o a un particular que pueda transmitirlos de generación en generación. Al mismo tiempo, reconoció que la Municipalidad mantiene gestiones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)  para avanzar sobre la situación de esos terrenos y eventualmente ejercer la posesión sobre ellos.

Una disputa que ahora tiene sello judicial

Así, el desalojo de los dos locales del Mercadito no aparece, según la explicación oficial, como una medida aislada, sino como el punto culminante de una cadena de actuaciones municipales que comenzó con inspecciones, infracciones, multas y clausuras.

La Municipalidad sostiene que actuó para prevenir eventuales daños vinculados con la salud y la salubridad de quienes consumían alimentos en esos establecimientos. La Justicia, finalmente, hizo lugar al planteo preventivo y habilitó una medida que terminó con la clausura, el desalojo y el secuestro de los bienes.

El episodio deja, además, abierta otra discusión: la situación dominial y posesoria de un sector del histórico espacio ferroviario que continúa siendo utilizado con fines comerciales , mientras el Municipio reconoce que gestiona ante organismos nacionales una solución sobre la ocupación de esos terrenos.

La repercusión del procedimiento, por lo tanto, excede a los dos comercios desalojados: vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los locales del Mercadito, las condiciones en las que desarrollan sus actividades y quién tiene, en definitiva, la autoridad sobre esos espacios.