Formosa ante un nuevo desafío: desde este sábado rige el Régimen Penal Juvenil desde los 14 años

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrirá desde este sábado una nueva etapa para el sistema de Justicia argentino y también representará un desafío particular para Formosa. La Ley 27.801 establece que los adolescentes de 14 años en adelante pueden quedar sometidos a un régimen penal específico cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

En diálogo con Radio Uno, la doctora Silvana Jarzinski, ex jueza de Menores, analizó los alcances de la nueva normativa y explicó que se trata de una modificación profunda respecto del régimen que regía desde 1980.

La nueva ley deroga la Ley 22.278 y establece un sistema aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. Sin embargo, la especialista remarcó que no se trata simplemente de aplicarles a los menores el mismo régimen que a los adultos, sino de un sistema penal juvenil con reglas y garantías específicas.

Uno de los cambios centrales es precisamente la edad. Hasta ahora, el régimen vigente establecía un umbral de 16 años para la responsabilidad penal. Desde el 5 de septiembre, los adolescentes de 14 y 15 años también quedarán alcanzados por el nuevo régimen cuando sean imputados por un delito.

Jarzinski explicó que incluso delitos que anteriormente no generaban un proceso penal para determinados adolescentes podrán ahora dar lugar a una investigación y eventualmente a una condena, aunque la normativa contempla mecanismos alternativos y medidas diferentes según las características del caso.

La especialista también puso el foco en las penas. Para los adolescentes condenados, la nueva legislación establece un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua. La privación de la libertad, además, debe desarrollarse bajo las condiciones especiales previstas por el régimen juvenil.

El desafío para Formosa

Uno de los aspectos que adquiere especial relevancia en la provincia es dónde y bajo qué condiciones deberán alojarse los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad.

La Ley 27.801 establece que los menores de 18 años no pueden compartir alojamiento con adultos y que deben permanecer en establecimientos adecuados, con personal capacitado y condiciones específicas de asistencia, educación, salud y formación. También diferencia la situación de quienes cumplen una condena de aquellos que permanecen detenidos preventivamente.

Este punto ya había sido señalado desde el Poder Judicial de Formosa como uno de los principales desafíos para la implementación de la nueva normativa. En junio, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Horacio Alucín participó de un encuentro federal sobre el régimen penal juvenil y advirtió que, en el caso de Formosa, una de las dificultades centrales sería precisamente disponer de infraestructura adecuada para alojar a los adolescentes alcanzados por la nueva ley.

La provincia, además, participó durante este año de instancias de capacitación destinadas a operadores del sistema penal juvenil, con el objetivo de fortalecer la intervención especializada y promover herramientas socioeducativas y restaurativas.

Una nueva etapa para la Justicia

Para Jarzinski, la puesta en marcha del régimen supone un desafío que involucra no solamente a jueces y fiscales, sino también a los organismos encargados de la protección de niños y adolescentes, a las fuerzas de seguridad, defensores, equipos interdisciplinarios y responsables de los lugares de alojamiento.

La nueva normativa establece que el sistema debe apuntar a la responsabilidad del adolescente por sus actos, pero también a su educación, resocialización e integración social.

Así, desde este sábado 5 de septiembre comienza a regir un nuevo esquema que modifica sustancialmente la respuesta del Estado frente a los adolescentes que cometan delitos. Para Formosa, además de la adecuación judicial y de los procedimientos, el desafío estará puesto en contar con los espacios, recursos y personal especializado necesarios para que la nueva legislación pueda aplicarse efectivamente.