Montoya pidió informes por la instalación de parques solares y cuestionó cambios en el procedimiento ambiental

El diputado provincial Miguel Montoya presentó un pedido de informes ante el Ministerio de la Producción y Ambiente para solicitar explicaciones sobre el avance de los proyectos privados destinados a la instalación de parques solares en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa apunta a conocer las condiciones bajo las cuales se desarrollan las inversiones anunciadas para generar energía solar y, especialmente, determinar si se cumplieron los procedimientos ambientales establecidos por la legislación provincial.

En diálogo con Radio Uno, Montoya explicó que el pedido fue entregado personalmente en Casa de Gobierno y está dirigido al área responsable de responder sobre las resoluciones administrativas vinculadas a estos emprendimientos.

Según detalló el legislador, se trata de una inversión privada anunciada de 147 millones de dólares para generar alrededor de 170 megawatts de potencia mediante parques solares proyectados en diferentes localidades, entre ellas Laguna Blanca, Pirané, Clorinda y Bartolomé de las Casas.

Montoya aclaró que el planteo no representa una oposición a la llegada de las empresas ni a la inversión privada. Por el contrario, aseguró que su sector acompaña la necesidad de avanzar en una transformación de la matriz energética provincial.

"Nosotros estamos absolutamente a favor de las inversiones privadas. Es más, venimos luchando por esto hace muchísimo tiempo", sostuvo.

Sin embargo, el diputado cuestionó una resolución emitida el 3 de agosto por el Ministerio de la Producción y Ambiente. Se trata de la Resolución 423, que, según afirmó, modificó la clasificación de las obras y habría alterado el procedimiento ambiental que debía cumplirse antes de su ejecución.

Para Montoya, la principal preocupación está relacionada con la exigencia de realizar audiencias públicas. El legislador sostuvo que la Ley 1060 establece procedimientos previos para obras de estas características y que una resolución administrativa no puede modificar requisitos previstos en una norma de rango superior.

"Lo que estamos tratando de hacer es que el ministro nos informe y nos conteste un pedido de informe que tiene que ver con algunas resoluciones que emitió y que van en contra de la Ley 1060", afirmó.

En ese sentido, explicó que busca establecer si se realizaron las correspondientes audiencias públicas y, en caso contrario, cuáles fueron los motivos por los que se modificaron las condiciones aplicables a los emprendimientos.

Montoya remarcó que no debe confundirse una audiencia pública con otros mecanismos de difusión o consulta. Según señaló, la audiencia permite que los estudios de impacto ambiental sean puestos a consideración de la ciudadanía y que vecinos, organizaciones y otros sectores puedan intervenir y expresar sus observaciones.

"No es lo mismo audiencia pública que consulta pública o que un mero mecanismo informativo", sostuvo.

El diputado también pidió que el Ministerio precise quiénes son las empresas involucradas y cuáles fueron las condiciones que permitieron el avance de los proyectos. En ese punto, cuestionó lo que consideró un posible cambio de las reglas de juego para facilitar la concreción de las inversiones.

"El ministro tiene diez días para informarnos y contestarnos. Si no hay nada oculto, ni siquiera tiene que esperar diez días", manifestó Montoya.

El legislador indicó que espera conocer dónde se habrían realizado las audiencias públicas, quiénes participaron de ellas y qué estudios ambientales fueron evaluados. Si esas instancias no se llevaron adelante, reclamó que el Gobierno explique los fundamentos de la decisión.

Montoya insistió en que el pedido de informes busca garantizar transparencia y seguridad jurídica en torno a una inversión de importante magnitud para la provincia.

"Queremos inversiones privadas, queremos cambiar la matriz energética de la provincia, pero queremos también que se cumpla la ley", concluyó.

La respuesta del Ministerio de la Producción y Ambiente será ahora clave para determinar si el procedimiento seguido para el desembarco de las empresas dedicadas a la generación de energía solar se ajustó a las exigencias previstas en la normativa ambiental provincial.