"Las constituciones comienzan de cero": el argumento de Vera para defender otra candidatura de Insfrán
El diputado provincial del PJ y exconvencional constituyente defendió la interpretación que habilitaría a Gildo Insfrán a competir nuevamente en 2027. Sostuvo que con cada reforma constitucional se inicia un nuevo régimen y que, por lo tanto, los mandatos anteriores deben analizarse bajo la vieja Constitución. También advirtió que si la Corte Suprema falla "con nombre y apellido", ya no se trataría de una decisión jurídica sino política.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, salió a defender la posibilidad de que Gildo Insfrán vuelva a competir por la Gobernación en 2027 y puso sobre la mesa el argumento que el oficialismo formoseño pretende instalar frente a la discusión judicial: la reforma de la Constitución genera un nuevo régimen y los mandatos anteriores no pueden trasladarse automáticamente al nuevo texto constitucional .
Vera, quien además fue convencional constituyente y participó de la redacción de la nueva Carta Magna, fue consultado sobre qué ocurre con los siete mandatos anteriores de Insfrán frente al nuevo texto constitucional y respondió con una definición tajante.
"Cada vez que hay una reforma de la Constitución, las constituciones comienzan de cero. Todas" , sostuvo.
El legislador intentó así explicar la posición jurídica del gildismo frente a una de las principales objeciones planteadas por la oposición: que una nueva Constitución no debería convertirse en una herramienta para borrar, a efectos del límite a los mandatos, la extensa permanencia de Insfrán al frente del Ejecutivo provincial.
Para Vera, sin embargo, el cambio constitucional implica precisamente el inicio de un nuevo régimen. "Cambian" los artículos, los regímenes y la forma en que deben resolverse las situaciones bajo la nueva Constitución, argumentó.
El argumento de la "Constitución nueva"
El razonamiento del diputado oficialista parte de una premisa: la Constitución reformada no sería una simple modificación del texto anterior, sino un nuevo marco jurídico institucional .
Desde esa perspectiva, los mandatos ejercidos bajo la Constitución anterior no podrían computarse de la misma manera dentro del régimen establecido por la nueva Carta Magna.
Vera insistió en que esto no sería una particularidad de Formosa. Dijo que el mismo criterio se aplica en otras reformas constitucionales, incluida la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y modificaciones realizadas en distintas provincias.
El diputado también defendió específicamente la cláusula transitoria cuarta de la nueva Constitución formoseña, cuestionada por la oposición por considerar que podría abrir la puerta a una nueva candidatura de Insfrán.
Según Vera, esa cláusula no constituye una maniobra excepcional, sino que reproduce el mecanismo utilizado en la Constitución Nacional y en otras provincias para determinar cómo se computan los mandatos cuando cambia el régimen constitucional.
"Formosa no hizo nada fuera de lo habitual", afirmó, y sostuvo que la Convención Constituyente eligió una fórmula que calificó como "más conservadora y más habitual".
"No hay forma" de invalidar la reforma
Vera fue todavía más allá al anticipar cuál debería ser, a su criterio, la resolución de la Corte Suprema.
Sostuvo que jurídicamente "no hay forma" de atacar la Constitución formoseña sancionada el año pasado , porque, según su interpretación, la facultad para establecer el régimen de mandatos corresponde a cada provincia a través de su poder constituyente.
En ese sentido, aseguró que una eventual decisión de la Corte que estableciera límites diferentes a los previstos por la Convención Constituyente implicaría, en los hechos, avanzar sobre una competencia provincial.
El diputado también remarcó que la nueva Constitución fue aprobada por unanimidad en general y que incluso el actual artículo 156 había sido originalmente propuesto por el radicalismo y luego incorporado por el oficialismo.
La advertencia a la Corte
Pero el tramo más político de la entrevista apareció cuando Vera fue consultado sobre qué sucedería si finalmente el máximo tribunal nacional avanza contra la interpretación sostenida por el oficialismo.
Allí dejó una frase que abre otro frente de discusión:
"Si el fallo tiene nombre y apellido, ya no estamos hablando de un fallo jurídico de una lectura objetiva e imparcial del derecho; estamos hablando de un fallo político."
Para el diputado, si el Poder Judicial comienza a definir o "preconfigurar" escenarios electorales provinciales, se romperían —según su interpretación— los límites propios de un Estado de Derecho.
La advertencia no es menor: el oficialismo formoseño ya prepara el terreno discursivo frente a una eventual resolución adversa de la Corte, presentándola no solamente como una cuestión jurídica sino como una posible intervención sobre la autonomía política de la provincia.
"La oposición está más preocupada"
Vera también buscó bajar el impacto político que tiene para el Gobierno provincial la nueva instancia judicial.
Aseguró que, tanto en la causa anterior como en la actual, la situación no modifica "el día a día" de la gestión y afirmó que la atención del Gobierno está concentrada en otros problemas, especialmente en la situación económica de las provincias y en el escenario nacional.
Y aprovechó para cuestionar a la oposición formoseña.
Según Vera, quienes están realmente preocupados por la causa son los sectores opositores porque, a su entender, no consiguen resultados electorales y recurren a la vía judicial como una posibilidad para acceder al poder que —sostuvo— las urnas no les conceden.
Así, mientras la Corte Suprema vuelve a tener en sus manos una discusión que puede resultar determinante para las elecciones de 2027, el gildismo ya fijó su argumento: la nueva Constitución inauguró un nuevo régimen, los mandatos anteriores pertenecen al régimen anterior y, por lo tanto, la posibilidad de una nueva candidatura de Insfrán debe analizarse a partir del texto constitucional vigente .
La última palabra, sin embargo, no la tendrá Rodrigo Vera ni la oposición. La tendrá la Justicia. Y justamente por eso el propio diputado ya dejó planteada la advertencia: si la decisión termina favoreciendo o perjudicando a una persona en particular, para él dejaría de ser una cuestión estrictamente jurídica y pasaría a convertirse en una decisión política.
