El Gobierno nacional busca reformar el empleo público pero los gremios estatales advierten que todavía no hay diálogo
La Casa Rosada pretende modificar los ingresos, evaluaciones y salarios en la administración nacional antes de fin de año. Sin embargo, desde ATE señalaron que la negociación formal aún no comenzó y que no recibieron ninguna convocatoria oficial.
El Gobierno nacional avanza con un plan para reformar el empleo público y busca abrir una negociación con los gremios para modificar el régimen de carrera dentro de la administración nacional. Desde la Casa Rosada apuntan a cambiar las reglas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones.
La intención oficial es impulsar el nuevo esquema antes de fin de año, aunque en el propio Ejecutivo reconocen que la implementación dependerá de acordar modificaciones en el convenio colectivo.
Los funcionarios del área administrativa sostienen que la reforma puede instrumentarse por vía reglamentaria y que no requiere una ley específica del Congreso, pero admiten las dificultades de la negociación: "Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos". Hasta el momento, el diálogo formal para este sector de la administración pública central se encuentra paralizado.
Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que no recibieron una convocatoria para discutir cambios en la carrera de la Administración Pública central. Desde el gremio explicaron el escenario actual: "Sólo han convocado a discutir los convenios colectivos de organismos del Estado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, que se vieron alcanzados por la reforma laboral". En ese sentido, los referentes sindicales aclararon que la medida afectó a "el PAMI, ANSES, entre otros", pero remarcaron que "no es el caso de la Administración Pública central".
El debate sobre la situación de los estatales volvió a la agenda pública tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien anticipó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en una reconsideración de la carrera del sector público. El objetivo oficial es revisar la clasificación de los agentes y establecer un esquema en el que el desempeño tenga una incidencia mayor sobre el desarrollo de la carrera y las remuneraciones de los trabajadores.
Evaluaciones y límites legales
La legislación vigente ya contempla mecanismos de selección y evaluación de desempeño para el personal estatal. El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) exige acreditar calificaciones no inferiores a "bueno" para la promoción de grado, por lo que la discusión del Ejecutivo no pasa por incorporar estos controles por primera vez, sino por cambiar su funcionamiento y el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.
El principal condicionante para el avance de la reforma es la negociación gremial, regulada por la Ley 24.185, que establece que las condiciones laborales deben acordarse entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial. Si bien el Gobierno busca una salida administrativa a través de comisiones negociadoras, el camino tiene límites legales estrictos. La Ley de Empleo Público (25.164) fija derechos y garantías mínimos que no pueden ser reducidos en perjuicio de los trabajadores mediante una negociación colectiva.
Ante este panorama, los trabajadores estatales mantienen la guardia alta. Desde ATE ya habían advertido a principios de año que cualquier modificación del convenio colectivo debía realizarse con participación sindical, rechazando los intentos de modificaciones unilaterales. Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) evitó pronunciarse sobre la iniciativa, mientras los delegados de base esperan precisiones sobre el borrador definitivo que el Ministerio de Desregulación pretende poner sobre la mesa de negociación.
