Piden que Formosa adhiera a la Ley Lucio: "No podemos permitir que el Estado siga llegando tarde"

Diputados provinciales de la oposición presentaron un proyecto para que Formosa adhiera a la Ley Nacional Nº 27.709, conocida como Ley Lucio, con el objetivo de implementar un sistema de capacitación obligatoria para todos los organismos del Estado que intervienen en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia.

La iniciativa fue impulsada a raíz de los recientes casos de maltrato infantil registrados en la provincia, entre ellos el homicidio de un niño en Clorinda y otro grave episodio ocurrido en la localidad de Villa Dos Trece, hechos que reavivaron el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

En diálogo con Radio Uno , la diputada provincial Carla Saizer, una de las firmantes del proyecto, sostuvo que la adhesión a la normativa nacional constituye una responsabilidad institucional y una herramienta necesaria para evitar que el Estado actúe cuando ya es demasiado tarde.

"Creo que es una responsabilidad y son causas que nos tienen que unir como sociedad. No podemos permitir que se siga vulnerando de esta manera a nuestras infancias", afirmó.

La legisladora remarcó que los casos conocidos en las últimas semanas reflejan falencias en las políticas públicas de prevención y protección de los derechos de niños y adolescentes.

"¿Por qué esperar que el Estado siempre llegue tarde? Esa es nuestra preocupación. En la protección de los derechos de los niños y también en la prevención del suicidio vemos que las políticas públicas no están llegando a la gente y no queremos que se pierdan más vidas", expresó.

Saizer explicó que la adhesión permitiría poner en marcha las capacitaciones previstas por la ley nacional para todos los organismos que intervienen en situaciones de vulneración de derechos.

"Lo importante es que todos los organismos puedan actuar de manera articulada. De nada sirve que se capacite uno solo si el resto de las instituciones no conoce los protocolos ni sabe cómo intervenir", señaló.

En ese sentido, sostuvo que muchas de las fallas detectadas en distintos casos obedecen precisamente a la falta de coordinación entre las áreas estatales encargadas de actuar.

"Muchas veces los casos quedan estancados y no se resuelven con la inmediatez que se necesita para evitar llegar a situaciones extremas como la muerte de un niño", advirtió.

La diputada también hizo hincapié en la importancia de promover la denuncia y garantizar la protección de quienes advierten posibles casos de violencia.

Según indicó, el temor a represalias continúa siendo uno de los principales obstáculos, especialmente en las pequeñas localidades del interior provincial.

"Es fundamental resguardar la identidad del denunciante y que las fuerzas policiales también estén capacitadas. Muchas personas tienen miedo de denunciar, pero ese temor no puede llevarnos a mirar para otro lado", afirmó.

Asimismo, consideró que la prevención no depende únicamente del Estado, sino también del compromiso de la comunidad.

"Estos niños tienen vecinos, familiares, docentes. Siempre hay indicios. Tenemos que comprometernos como sociedad y entender que una denuncia puede salvarle la vida a un niño", concluyó.

El caso: qué establece la Ley Lucio  

La Ley Nacional Nº 27.709, conocida como Ley Lucio, fue sancionada por el Congreso de la Nación en abril de 2023 tras el crimen de Lucio Dupuy  , de cinco años, cuyo caso conmocionó al país al evidenciar fallas en la detección temprana de situaciones de violencia infantil.

La norma creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la capacitación obligatoria, permanente y continua para todos los agentes que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo es brindar herramientas para detectar indicadores de maltrato, conocer los protocolos de actuación, fortalecer la articulación entre organismos y garantizar una intervención rápida ante posibles vulneraciones de derechos.

Al tratarse de una ley de alcance federal, las provincias deben adherir mediante una norma propia para implementar plenamente el sistema de capacitación dentro de sus respectivas administraciones públicas. Precisamente, ese es el propósito del proyecto presentado por los legisladores opositores en la Cámara de Diputados de Formosa.