El procurador municipal acusó a un concejal de "usurpar atribuciones" al inaugurar una plaza que aún estaba en obra
Sostuvo que la comuna presentó una denuncia penal tras la apertura no autorizada de un espacio recreativo en el barrio Laura Vicuña y advirtió que se vulneraron facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.
El procurador de la Municipalidad de Formosa cuestionó con dureza el accionar de un concejal de la oposición que días atrás retiró las cintas de seguridad de una plaza aún en construcción e invitó a los vecinos a utilizar las instalaciones antes de su habilitación oficial.
En diálogo con Radio Uno, el funcionario confirmó que la comuna impulsó una denuncia penal por considerar que la intervención no sólo puso en riesgo la seguridad de quienes ingresaron al predio, sino que además implicó una intromisión en competencias propias del Departamento Ejecutivo.
Según explicó, el espacio recreativo ubicado en el barrio Laura Vicuña todavía no contaba con la habilitación correspondiente debido a que restaban trabajos vinculados a la finalización de la obra.
"Un concejal, sin tener atribuciones legales para hacerlo, rompió la cinta de seguridad que restringía el ingreso, convocó a vecinos y decidió inaugurar la plaza por su cuenta", sostuvo.
Cuestionamiento institucional
El procurador remarcó que la situación debe analizarse más allá de la disputa política y consideró que el hecho constituye una vulneración a la división de poderes establecida en el ámbito municipal.
En ese sentido, recordó que los concejales tienen funciones legislativas, de control y representación ciudadana, mientras que la ejecución de obras públicas y su posterior habilitación corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.
"Las plazas, los playones deportivos y los espacios públicos son ejecutados por el Municipio. Son las áreas técnicas las que determinan cuándo una obra está terminada y en condiciones de ser utilizada. Un concejal no puede asumir esa facultad", afirmó.
El funcionario sostuvo que la intervención generó preocupación porque la obra aún requería verificaciones y tareas complementarias antes de ser entregada formalmente a la comunidad.
Entre ellas mencionó controles sobre instalaciones eléctricas, desagües pluviales, nivelaciones y la colocación de elementos de seguridad destinados a prevenir accidentes.
"Cuando una obra no tiene final de obra, no puede utilizarse. Existe un riesgo real para quienes ingresan porque todavía hay cuestiones técnicas pendientes", advirtió.
Los delitos señalados por la comuna
Durante la entrevista, el procurador detalló que la denuncia presentada ante la Justicia incluye distintas figuras penales que, a criterio del Municipio, podrían configurarse a partir de los hechos ocurridos.
Entre ellas mencionó daño agravado al patrimonio público, desobediencia a la autoridad, usurpación de atribuciones e instigación pública a cometer delitos.
Según explicó, la remoción de las cintas de seguridad representó una acción directa sobre bienes públicos, mientras que la convocatoria realizada a través de redes sociales alentó a terceros a ingresar a un espacio que todavía se encontraba restringido.
Asimismo, consideró que la decisión de declarar habilitada una obra sin intervención de las áreas técnicas municipales constituye una atribución exclusiva del Ejecutivo que no puede ser asumida por integrantes del Concejo Deliberante.
Advertencia a otros concejales
El funcionario también se refirió a situaciones similares protagonizadas por otros ediles y aseguró que la Municipalidad ya había advertido sobre la necesidad de respetar los canales institucionales para cualquier intervención en espacios públicos.
Indicó que la comuna no objeta que los concejales colaboren con iniciativas barriales o impulsen mejoras para determinados sectores de la ciudad, aunque insistió en que dichas acciones deben coordinarse con las áreas técnicas correspondientes.
"No impedimos que colaboren ni que participen de proyectos. Lo que sostenemos es que deben respetarse las competencias de cada poder y las normas vigentes", señaló.
En esa línea, afirmó que cualquier conducta similar podría derivar en nuevas acciones judiciales si se considera que afecta el patrimonio municipal o pone en riesgo la seguridad de los vecinos.
Finalmente, el procurador sostuvo que permitir este tipo de intervenciones sin consecuencias institucionales generaría un precedente complejo para la administración pública.
"Si cada concejal decide inaugurar obras por su cuenta, estaríamos frente a una situación de caos institucional. Hay leyes, reglamentos y competencias que deben respetarse", concluyó.
