La Justicia ordenó nuevas medidas para verificar la coartada cripto de Adorni y revisarán los ingresos al country Indio Cuá
La Justicia ordenó este miércoles una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según dio a conocer la semana pasada.
El fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares, con los que ganó otros 300.000.
Una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina ayuda a tomar dimensión y contexto de esa cifra. Según su relevamiento, para el año 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets que tenían Bitcoin en todo el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.
En línea con las averiguaciones que surgieron a partir de las últimas explicaciones del jefe de Gabinete, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -un organismo del Ministerio Público- ya trabaja en la confección de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin, desde el año 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.
Profundizan la investigación patrimonial
Según indicaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde el jefe de Gabinete compró y remodeló una casa de fin de semana.
Con esa información, la pesquisa busca "reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas" que se hicieron en ese domicilio, y "no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad", precisaron las fuentes consultadas.
Un peritaje al celular del contratista reveló ahora que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. "Fue en el lugar más caro", describió una fuente al tanto de las averiguaciones. La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025.
