Reforma laboral: otro fallo anuló la última cautelar que dictó un juez del Trabajo para frenar la ley
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto medidas que habían sido concedidas por el juzgado laboral de Enrique Ojeda contra la Ley 27.802. El Gobierno había reclamado la nulidad de esas resoluciones por incompetencia
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a emitir un fallo favorable al Gobierno en la disputa judicial por la reforma laboral. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto las últimas medidas cautelares que habían sido dictadas por el fuero laboral para suspender artículos de la Ley 27.802 de modernización laboral, impulsada por la administración de Javier Milei.
La resolución fue dictada en el expediente iniciado por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante contra el Estado Nacional y anuló una cautelar que había sido otorgada previamente por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo de Enrique Ojeda.
El fallo, al que accedió Infobae, sostuvo que la medida debía quedar sin efecto porque había sido dictada por un magistrado que ya había sido declarado incompetente para intervenir en este tipo de causas vinculadas con la reforma laboral.
"En atención a lo resuelto en la causa N°10308/2026 ‘Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa’ con fecha 8/5/2026, se deja sin efecto la medida cautelar concedida por el Sr. Juez en lo laboral que fue declarado incompetente para intervenir", señaló la resolución.
La decisión se produjo después de una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí, el Gobierno solicitó que fueran anuladas las medidas cautelares que distintos sindicatos habían conseguido ante la Justicia laboral para frenar artículos de la reforma.
La decisión del tribunal implica que los artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral quedan plenamente vigentes, tras anularse las cautelares dictadas por la Justicia laboral. Según consta en la resolución a la que accedió Infobae, la medida fue adoptada porque el magistrado que había otorgado la cautelar fue declarado incompetente para intervenir en causas vinculadas con la reforma laboral.
El Gobierno busca unificar las demandas
Según pudo confirmar Infobae, la estrategia judicial de la Casa Rosada apunta a concentrar todas las impugnaciones contra la Ley 27.802 dentro del expediente colectivo principal que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, donde ya se discute la constitucionalidad de la norma.
La resolución conocida este jueves aparece directamente vinculada con el fallo que el mismo juzgado dictó el pasado 8 de mayo en la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. En aquella oportunidad, el tribunal rechazó la medida cautelar que buscaba suspender más de 80 artículos de la reforma laboral y ratificó la vigencia plena de la ley mientras continúa la discusión de fondo.
Ese fallo representó un giro importante dentro de la disputa judicial alrededor de la reforma laboral porque consolidó el criterio de que las acciones contra la ley deben tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo.
La definición no surgió de manera aislada. Previamente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había resuelto que la causa principal vinculada con la constitucionalidad de la reforma laboral debía quedar bajo la órbita del fuero contencioso y no en tribunales laborales.
Esa resolución de Cámara cuestionó el avance del Juzgado Laboral N°63 sobre expedientes vinculados con la Ley 27.802 y dejó planteado que la discusión sobre la validez constitucional de una ley nacional sancionada por el Congreso correspondía al fuero Contencioso Administrativo Federal.
En paralelo, el Gobierno venía sosteniendo desde hacía meses que las cautelares dictadas por el juez Enrique Ojeda generaban un escenario de fragmentación judicial que afectaba la aplicación uniforme de la reforma laboral.
Hasta ahora, distintos sindicatos habían impulsado presentaciones individuales ante el fuero laboral con el objetivo de obtener medidas cautelares específicas contra capítulos concretos de la ley de modernización laboral. Algunas de esas acciones habían obtenido fallos favorables en primera instancia.
Con la resolución conocida este jueves, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 comenzó a desactivar esas cautelares en función de lo resuelto en la causa colectiva principal de la CGT.
La reforma laboral impulsada por el oficialismo constituye uno de los capítulos centrales del programa económico y de desregulación promovido por Javier Milei. La Ley 27.802 introdujo modificaciones sobre contratación laboral, registración de empleados, multas laborales, intermediación, bloqueos sindicales y modalidades de relación laboral, entre otros puntos.Desde su sanción, la norma fue cuestionada por distintos sindicatos y organizaciones gremiales, que plantearon supuestas afectaciones a derechos laborales y promovieron múltiples acciones judiciales para intentar suspender artículos específicos.
El principal frente judicial quedó concentrado en la presentación realizada por la CGT, que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de buena parte de la ley y la suspensión provisoria de sus efectos.
Sin embargo, el rechazo de la cautelar dictado el 8 de mayo modificó el escenario judicial. A partir de esa decisión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó vigente la totalidad de la reforma laboral mientras se desarrolla el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.Ahora, el nuevo fallo profundiza ese criterio y extiende sus efectos sobre otras medidas cautelares que habían sido dictadas en expedientes paralelos por el fuero laboral.
En el oficialismo consideran que las resoluciones conocidas en los últimos días fortalecen la posición judicial del Gobierno y consolidan la aplicación efectiva de la Ley 27.802 mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la cuestión.
