Santa Fe judicializará los casos de las familias que no paguen las intimaciones por amenazas de tiroteos en escuelas
El Gobierno provincial anticipó la medida en medio de la especulación sobre padres que no quieren abonar las millonarias multas que se impusieron tras los mensajes intimidatorios que se encontraron en algunos establecimientos
La provincia de Santa Fe tomó una postura firme ante las amenazas de tiroteos en escuelas: quienes se nieguen a pagar las intimaciones económicas emitidas por el gobierno provincial enfrentarán acciones judiciales. Así lo confirmó este jueves la vocera del ejecutivo santafesino, Virginia Coudannes, en una conferencia de prensa. El trasfondo de esta medida se da tras el asesinato de un adolescente de 13 años dentro de una escuela de San Cristóbal, ocurrido apenas semanas atrás.
La decisión del gobierno provincial llega en un momento de tensión institucional. Tras la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal el pasado 30 de marzo, las autoridades santafesinas endurecieron su respuesta ante las amenazas de ataques en establecimientos educativos. El mecanismo elegido fue la emisión de intimaciones millonarias a las familias de los adolescentes identificados como responsables de esas amenazas, con el argumento de que los operativos desplegados por el Estado tienen un costo que debe ser cubierto por quienes los provocaron.
Ante la negativa de al menos una familia de la capital provincial a abonar esa intimación —y la impugnación legal presentada por el abogado Rodolfo Mingarini—, la vocera del gobierno provincial fue contundente. Señaló que los casos en que los responsables de los adolescentes se nieguen a pagar o no puedan hacerlo serán derivados a la Justicia: "Es el procedimiento. Luego, tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial", afirmó en diálogo con la radio LT8.
Al momento de la conferencia, el gobierno provincial contaba con 39 expedientes abiertos listos para ser enviados y ya había concretado 19 notificaciones. Coudannes también destacó que las medidas adoptadas hasta ahora tuvieron efecto: las amenazas bajaron "muchísimo" y, en los últimos días, solo se registraron dos en Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe. "Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación en lo penal. Los recursos y las intimaciones realizadas, también", sostuvo.
La postura oficial chocó de frente con los argumentos del letrado Mingarini, quien antes de la conferencia había cuestionado la validez jurídica del cobro. El abogado sostuvo que no existe un daño concreto que justifique las intimaciones y que no es posible criminalizar a un adolescente por este tipo de conducta. "No justifican ningún detalle del operativo. Podrían haber sido 6 millones, como 10 millones o 20 mil pesos. No se trata de un incumplimiento contractual, ni de daño por un delito. No se puede cobrar multa si no hay una ley previa porque esto no se puede resolver ni por la disposición de un ministro y ni siquiera por un decreto del gobernador", declaró Mingarini en LT8.
La vocera no dejó pasar las declaraciones sin respuesta. "Usted sabe que los recursos de la provincia los paga usted también con sus impuestos y todos los santafesinos. Esto tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no sólo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos", le respondió Coudannes directamente.
Y fue más lejos: "Puede presentar los reclamos que quiera. Que hable en este sentido me parece una falta de respeto para aquellos que se esfuerzan, pagan sus impuestos y, consecuentemente, tienen que tener garantizados todos los servicios del Estado".
El debate sobre la legalidad del cobro y el alcance de la responsabilidad de las familias queda, a partir de ahora, en manos de la justicia santafesina. Con 39 expedientes a punto de activarse y el gobierno provincial sin señales de retroceder, el conflicto entre la política de judicialización de las amenazas escolares y los cuestionamientos legales de las familias afectadas abre una disputa que los tribunales deberán resolver.
