Megared de abuso infantil: un detenido en Formosa tras allanamientos simultáneos
La fiscal Natalia Tafetani confirmó un procedimiento en la provincia en el marco de "Aliados por la Infancia". Secuestraron material digital y avanza la investigación con reserva.

En el marco de un operativo internacional contra la explotación sexual infantil, Formosa registró un allanamiento con un detenido y el secuestro de dispositivos electrónicos. La intervención se dio en simultáneo con procedimientos en otras jurisdicciones del país y del mundo, en una acción coordinada para desarticular redes de circulación de material ilegal.
En diálogo con Radio Uno, la fiscal de Instrucción y Corrección Nacional N° 4, Natalia Tafetani, explicó que el operativo "Aliados por la Infancia" involucró a 15 países y más de 270 allanamientos en total, de los cuales 68 se realizaron en Argentina. En la provincia, según precisó, "tuvimos un solo objetivo y un detenido, identificado como presunto integrante de esta red".
La investigación se centra en delitos vinculados a la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, tipificados en el artículo 128 del Código Penal. Tafetani detalló que las pesquisas se apoyan en herramientas digitales de rastreo que permiten detectar la circulación de archivos ilegales en redes de intercambio.
"Lo que encontramos son imágenes o videos de menores de 18 años en situaciones de contenido sexual. La simple tenencia de ese material ya está penada por la ley", señaló. Además, advirtió que este tipo de redes funcionan bajo sistemas "peer to peer", donde los usuarios comparten contenido entre sí, lo que multiplica su difusión y profundiza la revictimización.

La fiscal remarcó que en Formosa, en la mayoría de los casos, se detecta consumo y distribución de este material, aunque recordó un antecedente aislado de producción local en una causa previa. "En este caso no se trata de producción, sino de acceso y circulación dentro de una red internacional", aclaró.
Respecto a la pena, indicó que el delito prevé condenas de entre seis meses y cuatro años de prisión, aunque subrayó que la calificación podría agravarse según lo que surja del análisis de los dispositivos secuestrados. "Cuando abrimos una computadora o un celular, no sabemos qué podemos encontrar", explicó.
Tafetani también hizo hincapié en la importancia de la prevención y el rol de las familias ante el uso de tecnologías por parte de niños y adolescentes. "Los padres somos los primeros responsables. Es fundamental el uso de controles parentales y el diálogo permanente", sostuvo.
Finalmente, informó que ante cualquier sospecha, los adultos pueden acercarse a la fiscalía o a áreas especializadas de la Policía para recibir orientación y activar los mecanismos de protección. "No sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Es clave actuar a tiempo", concluyó.
