"Ningún protocolo escolar puede estar por encima del Código Penal", afirmó la fiscal Natalia Tafetani tras las pintadas amenazantes en varias escuelas de Formosa
La fiscal advirtió sobre la obligación de las instituciones de colaborar con la Justicia y confirmó múltiples casos vinculados a intimidaciones en escuelas.
La proliferación de amenazas en establecimientos educativos de Formosa derivó en la intervención de la Justicia, con una serie de causas en marcha en distintos puntos de la provincia.
En contacto con Radio Uno, la fiscal de Instrucción y Correccional N°4, Natalia Tafetani, fue categórica al marcar los límites de actuación de las instituciones educativas: "Ningún protocolo escolar puede estar por encima del Código Penal", afirmó, al tiempo que subrayó que los directivos están obligados a colaborar con la Justicia ante la posible comisión de un delito.
En ese sentido, explicó que ante la detección de amenazas —ya sea mediante pintadas, mensajes o advertencias— las autoridades escolares deben preservar las pruebas y dar inmediata intervención a la policía. "No hay que borrar nada, hay que preservar el lugar para que trabaje la Policía Científica", indicó.
La fiscal confirmó que el volumen de casos es significativo. Solo en dos días, su fiscalía recibió al menos 15 intervenciones vinculadas a este tipo de hechos, principalmente en establecimientos de nivel secundario dentro de la primera circunscripción judicial.
Las causas, según detalló, se encuadran en delitos como intimidación pública o amenazas, y su tratamiento varía según la edad de los involucrados. En el caso de menores de 16 años, se avanza con expedientes y se evalúa la posible responsabilidad civil de los padres, mientras que a partir de esa edad los jóvenes pueden ser imputados penalmente.
Tafetani también advirtió sobre dificultades en la investigación, especialmente cuando no se logra identificar a los autores o cuando existe resistencia a brindar información. "Las autoridades escolares están obligadas a denunciar y a aportar todos los datos necesarios", remarcó.
Otro de los puntos que genera preocupación es el trasfondo de estos episodios. La fiscal señaló que se investiga la posible influencia de desafíos virales en redes sociales, algunos de los cuales implican la utilización progresiva de armas de juguete hasta llegar a situaciones más graves. "No podemos subestimar nada", insistió.
El impacto de estas situaciones ya se siente en la comunidad educativa. Escuelas que refuerzan controles, alumnos con temor y familias en estado de alerta forman parte de un escenario que altera la normalidad escolar. "Se está generando pánico", advirtió.
Finalmente, Tafetani hizo hincapié en el rol de los adultos. Señaló que los padres deben involucrarse activamente en el control del uso de dispositivos y redes sociales, y recordó que existen herramientas de supervisión. "Los responsables de las conductas de nuestros hijos somos nosotros", concluyó.
