Fallo por supuesto desmonte ilegal: "Es una persecución judicial contra Paoltroni", afirma su abogado
La Justicia de Formosa dictó una sentencia en primera instancia que obliga al senador nacional a pagar más de $101 millones por un presunto daño ambiental en un campo de 112 hectáreas.
La defensa del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, cuestionó el fallo judicial que lo condena a pagar una multa millonaria en una causa vinculada a un supuesto desmonte ilegal y aseguró que el proceso tiene un trasfondo político.
En contacto con Radio Uno, el abogado del legislador, Omar Gutiérrez, sostuvo que la sentencia responde a una "persecución judicial" y adelantó que la decisión será apelada ante instancias superiores.
El fallo judicial
La controversia se originó a partir de un procedimiento administrativo impulsado por el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, que detectó un supuesto cambio de uso del suelo en un campo de aproximadamente 112 hectáreas.
Tras ese proceso, la provincia aplicó una multa por infracción a la normativa ambiental y, ante el incumplimiento del pago, avanzó con la vía judicial.
En ese marco, la Justicia provincial dictó un fallo en primera instancia que ordena al senador abonar más de 101 millones de pesos, además de intereses y costas judiciales.
La postura de la defensa
Durante la entrevista, Gutiérrez cuestionó el procedimiento administrativo y aseguró que su cliente no era el propietario del campo en el momento en que, según la provincia, se habría producido el desmonte.
Según explicó, el propio expediente indica que el cambio de uso del suelo habría ocurrido entre 2018 y 2021, mientras que Paoltroni adquirió el campo en septiembre de 2021.
"Le están endilgando una responsabilidad que ejerció otra persona que no es el senador", afirmó.
El abogado también sostuvo que durante el proceso administrativo no se habrían formulado cargos concretos ni se habrían exhibido las pruebas en las que se basa la acusación, lo que —según dijo— afectó el derecho de defensa.
Además, cuestionó que el monto del supuesto daño ambiental haya sido determinado por la administración y no por la Justicia, y mencionó presuntas irregularidades en el procedimiento que derivó en la ejecución judicial de la multa.
Apelación
En ese contexto, Gutiérrez confirmó que la defensa ya presentó la apelación contra la sentencia y adelantó que evalúan llevar el caso a instancias judiciales superiores.
"Estamos analizando incluso la posibilidad de un per saltum, primero ante el Superior Tribunal y eventualmente ante la Corte", señaló.
El letrado insistió en que el proceso presenta múltiples irregularidades y reiteró que, a su entender, la causa tiene motivaciones políticas vinculadas a la actividad pública del senador.
