De Tucumán a Formosa: la violencia política que se repite donde el poder se vuelve absoluto
La agresión al diputado tucumano Federico Pelli mientras asistía a familias afectadas por inundaciones reavivó un debate que también resuena en Formosa. Ataques como el sufrido por la diputada Agostina Villaggi y las amenazas denunciadas por Gabriela Neme reflejan un clima de creciente hostilidad política.
La violenta agresión sufrida por el diputado tucumano Federico Pelli volvió a encender una alarma que atraviesa a la política argentina: el avance de episodios de violencia contra dirigentes que cuestionan al poder.
El legislador fue atacado de un cabezazo mientras participaba de una recorrida solidaria para asistir a familias afectadas por las inundaciones en la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán. El golpe le provocó lesiones en el rostro y una fractura nasal, en un episodio que rápidamente generó repercusión política y mediática.
El hecho impactó especialmente por el contexto en el que ocurrió. No se trataba de una actividad partidaria ni de un acto político. Era una jornada de asistencia a vecinos damnificados por una emergencia climática. Sin embargo, la escena terminó derivando en un ataque físico contra un representante elegido por el voto popular.
Pero Tucumán no es un caso aislado
En distintas provincias del país, dirigentes opositores vienen denunciando episodios de hostigamiento, agresiones o amenazas que reflejan un clima político cada vez más áspero.
Formosa es uno de los escenarios donde este tipo de situaciones se han registrado en los últimos años.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2025, cuando la diputada provincial Agostina Villaggi denunció haber sido atacada por una patota mientras realizaba una recorrida política en el barrio Lote 111 de la capital formoseña.
La legisladora participaba de una actividad comunitaria cuando un grupo de personas comenzó a insultarla y arrojar barro. La situación escaló rápidamente y terminó en agresiones físicas. Según relató la propia diputada, fue tomada del cuello, empujada y tirada al suelo en medio de empujones y golpes, mientras colaboradores intentaban protegerla.
Las imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar mostraron el momento en que la legisladora era derribada en medio de la agresión, generando una fuerte repercusión en el ámbito político provincial.
Sin embargo, lo que ocurrió después del ataque también despertó cuestionamientos.
En una provincia donde existen organismos estatales destinados a la protección de los derechos de las mujeres, prácticamente no hubo pronunciamientos institucionales contundentes frente a una agresión física contra una mujer que además ocupa un cargo público electivo.
Desde sectores opositores se señaló entonces que muchos de esos organismos se encuentran alineados políticamente con el oficialismo provincial, lo que —según sostienen— condiciona su reacción cuando la víctima pertenece a un espacio político opositor.
El caso de Villaggi no fue el único episodio reciente que generó preocupación.
En los últimos días, la ex diputada provincial Gabriela Neme denunció haber recibido amenazas de muerte, una situación que volvió a poner sobre la mesa el clima de hostilidad que enfrentan algunos dirigentes opositores en la provincia.
La dirigente aseguró que las intimidaciones llegaron a través de mensajes y advertencias dirigidas directamente contra su integridad física, lo que volvió a encender alarmas dentro del arco opositor.
Cuando se observan estos episodios en conjunto —agresiones físicas, amenazas y hostigamientos— aparece una pregunta inevitable: hasta qué punto la violencia política se ha naturalizado en determinados escenarios del país.
Los sistemas políticos que se prolongan durante décadas suelen generar un fenómeno conocido en muchas democracias: la identificación entre el partido gobernante y el Estado.
Cuando eso ocurre, el adversario político deja de ser visto como un competidor legítimo y comienza a ser percibido como alguien que desafía al propio sistema.
En ese contexto, la intolerancia empieza a crecer.
La agresión a Federico Pelli en Tucumán encendió una alarma nacional. Pero para muchos dirigentes opositores de provincias como Formosa, esa alarma no es nueva.
Es, más bien, la confirmación de un clima político donde el disenso comienza a tener un costo cada vez más alto y donde la violencia —verbal o física— amenaza con convertirse en una herramienta más dentro de la disputa por el poder.
