Denuncian restricciones sobre un establecimiento rural de 30 mil hectáreas en el oeste formoseño
Desde la administración de la estancia La Florencia Este aseguran que una ley provincial declaró la zona como reserva natural sin consentimiento de los propietarios, lo que —afirman— frenó inversiones y proyectos productivos.
Un conflicto por el uso y la administración de tierras volvió a generar controversia en el oeste de la provincia. Desde la estancia La Florencia Este, un establecimiento rural ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Ingeniero Juárez, denunciaron que una medida legislativa provincial impuso restricciones sobre el predio sin el consentimiento de sus propietarios.
En diálogo con Radio Uno, el administrador del establecimiento, Matteo Palladino, explicó que la estancia cuenta con alrededor de 30 mil hectáreas y posee título de propiedad registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
Según detalló, se trata de un campo con una larga trayectoria dominial, anterior incluso a la provincialización de Formosa, y que actualmente se encuentra en actividad.
Palladino sostuvo que el conflicto comenzó cuando la Legislatura provincial declaró esas tierras —junto con otras de la zona— como una reserva natural de usos múltiples. De acuerdo con su planteo, la medida se adoptó sin el consentimiento formal de los propietarios, requisito que, según indicó, está contemplado en la legislación provincial para los casos en que se afecten propiedades privadas.
"El artículo 6 de la ley de áreas protegidas establece que cuando se trata de tierras privadas debe existir un consentimiento formal del titular, porque son medidas que afectan seriamente el dominio de la propiedad. Eso no ocurrió", señaló.
El administrador afirmó que la decisión generó consecuencias directas sobre los planes productivos del establecimiento, ya que la nueva situación jurídica implicó restricciones y la necesidad de desarrollar un plan de manejo ambiental que, según indicó, aún no fue elaborado por las autoridades.
En ese contexto, sostuvo que la situación generó incertidumbre y paralizó inversiones previstas para el desarrollo del predio.
"Tenemos un plan de inversiones importante que quedó frenado por esta medida, porque introduce inseguridad jurídica sobre el campo", indicó.
El establecimiento, según explicó, trabaja actualmente en un proyecto vinculado a la generación de bonos de carbono y a la gestión del monte nativo bajo criterios de manejo ambiental.
Además, Palladino señaló que dentro del predio habitan pequeños productores y una comunidad originaria, con la cual —aseguró— mantienen vínculos de colaboración.
En ese sentido, afirmó que la empresa incluso evaluó la posibilidad de avanzar en la donación de tierras para esa comunidad, pero indicó que el proceso no pudo concretarse debido a trabas administrativas relacionadas con la aprobación de la mensura del campo.
"Intentamos iniciar el trámite para donar una parcela, pero al no tener aprobada la mensura no podemos subdividir el campo. Buscamos avanzar con organismos provinciales y nacionales, pero no encontramos respuesta", explicó.
Finalmente, el administrador sostuvo que desde la empresa iniciaron acciones legales para cuestionar la medida legislativa y resolver el conflicto sobre la situación del establecimiento.
Mientras tanto, indicó que la falta de diálogo institucional y las restricciones vigentes mantienen en suspenso distintos proyectos productivos que la firma tenía previstos desarrollar en la zona.
