Con la feria judicial en curso, la defensa de los imputados en el caso Xiomara Portillo pide que la investigación continúe y cuestiona la prisión preventiva

La investigación por el femicidio de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado el 26 de noviembre tras seis días de desaparición, entra en una etapa clave en plena feria judicial.

Mientras la sociedad reclama verdad y justicia por la brutal muerte de la joven, en los tribunales locales se abre un escenario de debate jurídico sobre la situación procesal de los dos imputados, Joaquín Sebastián Torres, menor de edad, y su padrastro, Carlos Aguilar, quienes permanecen detenidos y enfrentan cargos por el homicidio agravado de la adolescente. 

Desde el inicio de las indagatorias, los defensores de los imputados, los abogados Eladia Carrión y Javier Vargas, adoptaron una estrategia centrada en cuestionar la solidez de las pruebas recabadas hasta el momento.

Tras las audiencias preliminares, la defensa anticipó que solicitará la falta de mérito y el sobreseimiento de sus clientes, argumentando que no existen elementos probatorios suficientes para que sigan detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria. 

En las últimas semanas, incluso ante el comienzo de la feria judicial —periodo en que la actividad de los tribunales se reduce significativamente— los abogados han insistido en que la causa no debe paralizarse y en que los derechos de sus defendidos sean respetados, planteando que las resoluciones sobre medidas cautelares sean tratadas con celeridad.

Según pudo conocerse, Carrión y Vargas sostienen que la detención preventiva de Torres y de Aguilar no está justificada ante la ausencia de pruebas directas inequívocas que los sitúen como responsables del hecho, lo cual implicaría, según su lectura, un exceso de la medida privativa de la libertad. 

En paralelo, familiares y allegados de los imputados se presentaron frente a los tribunales para reclamar justicia, respaldando el pedido de la defensa y cuestionando el tratamiento público del caso. La agrupación de parientes emitió un comunicado en donde expresa su preocupación por la dilación de los plazos procesales y la falta de acceso a elementos de prueba que, aseguran, podrían ir en beneficio de los jóvenes imputados. 

La polémica por la feria judicial no es menor. En Argentina, la feria —que suele dividirse en períodos de diciembre y febrero— puede limitar la realización de actos procesales (como audiencias, decisiones de jueces y resolución de recursos) salvo que se habilite atención por razones de urgencia o riesgo de perjuicio irreparable. Defensas penalistas y especialistas suelen recurrir a estos argumentos para solicitar que causas de alto impacto continúen en la feria porque, sostienen, la privación de libertad de una persona no puede quedar en suspenso por plazos procesales largos ni por recesos administrativos.
 
Por su parte, la fiscalía —que representa al Ministerio Público en la causa— ha respaldado la prisión preventiva de los imputados, al considerar que existe riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio y que hay elementos suficientes que justifican mantener la medida mientras se recopilan pericias y se avanza con la reconstrucción de los hechos. Aunque no han trascendido por ahora los fundamentos específicos de la fiscalía publicitados en medios, esa postura es habitual en casos de homicidio agravado cuando hay acusados que enfrentan pena severa si son encontrados responsables en juicio. 

Para la comunidad formoseña, la continuación de la investigación sin interrupciones, aun durante la feria, es un reclamo compartido por diversos sectores que piden transparencia en cada tramo del proceso. Sin embargo, la tensión entre el derecho de los imputados a una defensa efectiva —que incluye cuestionar las medidas cautelares— y la presión social por respuestas rápidas plantea un escenario complejo para los próximos pasos de la causa.

Con la feria en marcha y con la defensa y la fiscalía en posiciones claras, se espera que en los próximos días el juez a cargo de la causa resuelva si mantiene o modifica las detenciones, si habilita nuevas medidas de prueba o si reformula la imputación de los acusados, marcando así la agenda judicial de las próximas semanas en uno de los casos que más atención pública ha generado en Formosa en los últimos meses.