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Violaciones al estatuto social

Grave denuncia de socios del Club Fátima

Un grupo de socios del Club Fátima de nuestra ciudad, hizo una grave acusación a los actuales dirigentes de la entidad que preside Alfredo Ramón Correa.  Al respecto hablan de violaciones al estatuto social y posible comisión de delitos penales.

En nota dirigida a la Inspección General de Personas Jurídicas a cargo de la doctora María Jimena Areco señalaron lo que ellos califican como graves irregularidades. La nota está firmada por los socios del Club Aníbal Ricardo Franco, Darío Ríos, Maximiliano Franco y Raúl Argentino Topasio.

En dicha nota se recalcan lo que los socios mencionados califican graves irregularidades cometidas por los actuales dirigentes. Al respecto hablan de violaciones  al Estatuto Social y posible comisión  de delitos penales tales como falsificación ideológica y de instrumento privado.

En la nota enviada a Personas Jurídicas, los socios del Club Fátima denuncian que nunca se llevó a cabo ninguna Asamblea General Ordinaria como indican los estatutos del Club.

En cuanto a mas irregularidades, los socios del Club Fátima firmantes de la nota hablan de falsificación de firmas en la supuesta asamblea, tal los casos de   Aníbal Ricardo Franco, Darío Ríos, Maximiliano Franco y Raúl Argentino Topasio, quienes son los que denunciaron las irregularidades. Sobre el tema se destaca el caso de Jorge Cáceres que aparece como firmante de la nota y reside desde hace mas de 10 años en Río Gallego.

Hay varios puntos para destacar en la denuncia contra las actuales autoridades del Club Fátima. Sobre el tema se habla de la violación de los estatutos vigentes señalando como ejemplo que el actual presidente ocupa el cargo desde el año 2013 cuando los estatutos prohíben la reelección por mas de dos mandatos.

Son varios los puntos denunciados por los socios del club Fátima. Se destacan "la omisión del debido proceso de convocatoria a asamblea y el listado ilegitimo de socios".

Por todo lo expuesto los socios del Club Fátima, solicitan a Inspección General de Personas Jurídicas que: se declare la nulidad de la supuesta asamblea; que se inicie una investigación administrativa urgente; que se autorice la conformación de una Comisión normalizadora a los efectos de regularizar la situación  institucional y proceder a la elección de las nueva autoridades