La dictadura de Daniel Ortega mantiene al menos 14 presos políticos en desaparición forzada: quiénes son y de qué se los acusa

Al menos catorce personas acusadas de disidencia política se encuentran actualmente en condición de "desaparición forzosa" en Nicaragua, según han denunciado familiares y organismos de Derechos Humanos que monitorean la situación de las cárceles nicaragüenses.

Un informe, con cierre en junio del 2025, del organismo Mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos, menciona a 15 personas que han sido detenidas arbitrariamente y cuyo paradero es un misterio. No obstante, uno de ellos ya fue juzgado y recibió visita después del cierre del informe.

 
Las otras 14 personas, aunque formalmente figuran como presas políticas, no tienen registro alguno de su ubicación, acceso legal, salud, condiciones de detención ni audiencia.

Los motivos de las capturas, en algunos casos, rayan en lo absurdo. Una pequeña empresaria fue detenida por haber calificado en sus redes sociales como "verdadero líder" a un obispo nicaragüense. Un político permanece desaparecido tras proponer públicamente un diálogo con Ortega y Murillo. Y hasta un ex asesor del propio Ortega está preso por declarar en una emisora radial que el Ejército de Nicaragua no hace lo suficiente para proteger a los pueblos indígenas de los colonos que intentan despojarlos de sus tierras.

 
Familias, abogados y organismos internacionales describen la misma escena: detenciones nocturnas, negación de custodia, incomunicación total. Cuando alguien pregunta, las cárceles niegan que los tengan y el Estado guarda silencio. Así han desaparecido: un modo de represión que persigue no solo sofocar voces críticas, sino infundir miedo, ruptura y aislamiento, denuncian.

Esta condición se conoce como "desaparición forzada", un crimen calificado como de lesa humanidad por organismos internacionales. Consiste en aprehender o secuestrar personas a manos del Estado o con su complicidad, y luego negar su detención, ocultar su paradero o impedir contacto con abogado o familiares.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la CIDH han advertido que en Nicaragua esta práctica se ha intensificado desde 2021, aplicándose como estrategia deliberada del régimen para castigar la disidencia e impedir el control judicial.

A los familiares les impiden visitas o datos, los envían de centro en centro sin confirmar nada, y esa ausencia oficial se prolonga semanas, meses, en incluso años. El caso extremo es el del exdiputado indígena Brooklyn Rivera quien ya cumplió 652 días después de su detención sin que su familia sepa dónde está, en qué condiciones y de qué se le acusa.

Otro elemento de la estrategia es el temor. El informe del Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos establece que la cifra real de desaparecidos puede ser mucho mayor, ya que muchos familiares no denuncian por miedo a represalias, tanto contra ellos como contra el detenido, quien podría ser víctima de castigos adicionales.

En este escenario sombrío, el Mecanismo logró documentar estos catorce casos durante mayo y junio de 2025:

Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de 45 años y del Castillo Río, San Juan, fue extraditado desde Costa Rica el 16 de febrero de 2024. Catalogado como exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, fue presentado en La Modelo como "trofeo" y desde entonces no se sabe nada de él. Ex presos confirmaron que permanece en aislamiento absoluto en "El Infiernillo", una de las celdas de castigo más duras del penal, con grilletes perpetuos y sin patio ni contacto externo.

Víctor Boitano Coleman, coronel retirado de 63 años y crítico de Ortega, fue detenido el 23 de abril de 2024 por civiles armados en su vivienda, y desde entonces desaparecido. Su esposa exige fe de vida, pero el Estado calla. La CIDH dictó medidas cautelares que el régimen ignoró; su hija incluso relató que un excompañero del Ejército se refirió a Boitano en estos términos: "Se lo merece por hablar de más".

Angélica Patricia Chavarría Altamirano, de 39 años y vinculada a opositores, fue detenida el 19 de mayo de 2024. Era la pareja sentimental de Humberto Ortega, ex jefe del Ejército y hermano del dictador Daniel Ortega. La Corte Interamericana ordenó su libertad inmediata junto con otros dos desaparecidos, pero Nicaragua no respondió.