Violencia en Colombia: el regreso del lobo
Colombia junto con Brasil, Namibia, Sudáfrica y Zambia conforma el cuadro de países más desiguales del mundo, con el 80% de la tierra fértil concentrada en el 2% de la población y un índice de Gini de 0.54.
Esta concentración no solo es producto del feudalismo colonial, sino también del crecimiento del crimen organizado dentro de Colombia, cuya ilícita riqueza se ha transformado en posesión de tierras. Y, si bien se intentó realizar una reforma agraria, esta jamás se concretó gracias a miles de triquiñuelas de los terratenientes para impedir la ejecución de las leyes de la reforma.
De igual manera, la vigencia del Estado de derecho alcanza para algunos estratos de la población, mientras otros sufren arbitrariedades y despotismo de caudillos locales, grandes empresarios y cualquier portador de armas, ya sea un capataz, un policía, un soldado o un jefe.
En síntesis, Colombia no es una nación que haya conocido eso que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés) llama el desarrollo humano.
Bajo estas circunstancias, no todos los colombianos son libres. Y esos que no son libres no sienten el menor apego por la institucionalidad, militando ahora y siempre en las filas de la violencia.
Así, la violencia ha sido y es parte de su metabolismo vital.
Esto quedó plasmado en el famoso período de La Violencia (1948-1959).
Se calcula que en ese lapso murieron entre 200.000 y 300.000 personas. La violencia fue seguida por alzamientos guerrilleros (1960 – presente), la guerra de los carteles de droga contra el Estado (1980-1995) y la violencia paramilitar (1994-2004).
En todos estos episodios, la población civil ha sido diezmada como consecuencia de ajustes de cuentas entre políticos, jefes de carteles de drogas, guerrilleros entre sí, y contra las fuerzas del orden o ejércitos paramilitares comprometidos con el narcotráfico.
En síntesis, Colombia exhibe una hoja de vida donde la violencia tanto económica como política es parte del ADN nacional. Y si bien existe un sistema democrático formal, está lleno de intersticios a través de los cuales se ha colado la plutocracia colombiana para preservar el monopolio de los hilos del poder.
Durante la era propiamente democrática, solo Virgilio Barco pareció comprender que la democracia era hermana gemela del libre mercado, y que de la eficiencia del Estado en ejecutar servicios públicos dependía la apertura de oportunidades para los estratos de menor desarrollo para mejorar por sí mismos su situación patrimonial.
Durante la administración Barco se atiende por primera vez los dos problemas subyacentes en las olas de violencia, que son la desigualdad y la ausencia de un marco legal que consagre la democracia liberal.
Dejó como legado la Constitución de 1991 y el inicio de conversaciones de paz con los diversos grupos guerrilleros. Fue bajo su mandato que el M-19 entregó sus armas.
Su sucesor, César Gaviria, continuó la política de modernización del Estado, sosteniendo las reformas articuladas por Barco. También, logró apresar a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, y continuó los diálogos de paz con los insurrectos.
Andrés Pastrana intentó imprimirles un sello personal a las negociaciones, pero su esquema fue rechazado por las FARC. El gran logro de su administración fue el Plan Colombia acordado con Estados Unidos para combatir el negocio de las drogas.
Álvaro Uribe tuvo que abordar de manera frontal a las mafias de la droga y las guerrillas, que se negaron a acogerse al diálogo. Así, enfatizó la lucha contra la violencia criminal y prestó menos importancia a la modernización del Estado.
Juan Manuel Santos se abocó a la negociación de paz, logrando cerrar un acuerdo que, sin embargo, fue rechazado por la población en un referéndum.
Iván Duque retomó el tema de la modernización del Estado, concentrándose en la reforma fiscal y del fondo de pensiones.
Gustavo Petro ha intentado seguir la destructiva ruta de otros militantes de la izquierda latinoamericana -como los cubanos, los hondureños, los bolivianos y los venezolanos- aunque se encontró con un sólido muro institucional plantado por Barco y consolidado por Gaviria.
Ante este inconveniente se ha dedicado a desvariar y a ejercer la violencia verbal contra sus rivales. Esta conducta, producto de su debilidad por el consumo de ciertas sustancias, ha hecho de él una suerte cacaseno en quien el pueblo ve una desilusión; los cultos, un peligro; y el mundo, un sainete excepcional para Colombia.
Esta apretada síntesis nos sirve para comprender cuál ha sido el detonante de la reaparición de la violencia a Colombia.
Salvo Barco, ninguno de los presidentes democráticos comprendió que para que haya democracia tiene que haber libertad y libre mercado, y que estos no pueden existir en un país donde el 2% de la población es dueña de las tierras fértiles, donde no existe una infraestructura moderna que permita la movilidad entre provincias y ciudades, y donde los servicios públicos -que son la manera de abrir oportunidades a la población menos favorecida- se deterioran constantemente.
Se perpetúa, así, la pobreza, y dentro de ella surgen los ejércitos de la violencia.
Acabamos de presenciar cómo el atentado al senador Miguel Uribe Turbay ha sido perpetrado por un chico de 14 años, quien confesó haber incurrido en el crimen para lograr que su familia comiera.
En síntesis, mientras haya esa marcada desigualdad y ausencia de libertades para todo el mundo, en Colombia habrá violencia.
