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OPINION

Un debate pendiente: seguridad y portación de armas

Es vital que, de una buena vez, la Argentina cambie algunos paradigmas y se discutan seriamente alternativas para la oferta de servicios que todos consideramos importantes. No es novedad que la educación, la salud, la seguridad y la justicia, dejan mucho que desear. Se vive repitiendo esto ad nauseam con razón pero, paradójicamente, se insiste con las mismas recetas desde hace muchas décadas.

Estamos al tope de todos los rankings indeseables y fuera de aquellos que se refieren a niveles de bienestar y calidad de vida. Cabe aclarar que no se trata de personas sino de la naturaleza del sistema. Buena parte de la gente que trabaja en el estado en estos rubros esenciales, lo hacen con pasión, vocación y orgullo. Ocurre que, cuando una actividad se la concibe dentro del ámbito estatal, es imposible que las decisiones y gestiones no queden alineadas a incentivos políticos que van en una dirección distinta a los intereses de los ciudadanos.

Y, aún cuando quienes están en el vértice de la burocracia y cargos ministeriales vociferan apasionadamente en sus discursos proselitistas cuánto se desviven por los ciudadanos, ellos responden a intereses políticos, poniendo en segundo plano la conveniencia de quienes, vía impuestos, esperan recibir prestaciones que nunca llegan.

Hace décadas el tema de la seguridad pública está pendiente. Tan pendiente como todas las funciones esenciales del estado que mencionamos más arriba. Para no exceder la extensión de la nota, en esta oportunidad, me voy a referir solamente al tema de la seguridad.

Todos los días nos estremecen las noticias de sangrientos episodios contra civiles y agentes de seguridad que salen diariamente a arriesgar sus vidas. Mientras esto ocurre, la prioridad política en materia de seguridad se evidencia con los míseros sueldos que se otorgan a las fuerzas, sus magros presupuestos y un apoyo logístico más que vergonzoso. Y, como si esto se tratara de un plan orquestado y macabro, la justicia hace su parte. No solo se encarga de liberar presos bajo el argumento de un curioso garantismo (aquel que implica que los victimarios tienen más derechos que sus víctimas), sino que hacen lo posible para convertir en un infierno la vida de integrantes de las fuerzas de seguridad que quieren hacer su trabajo. Ni que hablar de la pesadilla a que se enfrenta un civil que toma la decisión de defender a su familia ante una agresión ofensiva.

Con semejantes índices de inseguridad, constituye una afrenta al ciudadano honesto cuando dirigentes a cargo de la repartición, totalmente alejados de la realidad, liberan presos, hablan de la necesidad de reinsertar criminales a la sociedad e insultan a los de menos recursos al conectar la pobreza con la delincuencia. Para completar el desconcierto del público, en los recientes episodios de toma de campos, terrenos e invasiones a residencias, altas autoridades públicas han hecho todo lo posible para entorpecer o bloquear desalojos y justificaron los graves hechos argumentando la problemática del déficit habitacional.

En el plano económico, los costos de seguros por robo y hurto, lamentablemente, son un sobreprecio para reponer la propiedad. A eso se le suma el pago de impuestos por servicios de seguridad que, por ser insatisfactorios, elevan los ratios de siniestralidad encareciendo los seguros. La contratación de seguridad privada, eleva aún más los costos de la protección de lo nuestro.

Obviamente, como en todo servicio público, dado que los más pobres no tienen suficientes recursos para pagar servicios privados, dependen solamente de lo que el estado les provea. Por ello, en el caso de la seguridad, quedan mucho más expuestos y a merced de la delincuencia.

Vuelve a la mesa de debate el tema de la portación de armas, tema que a mi juicio es central y bajaría notablemente los índices de criminalidad y ataques a la vida y a la propiedad. La protección y defensa de nuestra vida y nuestra propiedad material es el derecho más primario y legítimo concebible. Esta era una fuerte posición de Cicerón, Montesquieu, Jefferson y Washington, entre muchos otros.

Estados Unidos es un buen ejemplo para comparar sus leyes al respecto. Como se sabe, la independencia entre estados permite comparar los resultados de las legislaciones que restringen el uso de armas y aquellos estados que, con distintos grados, permite el uso de ellas.

Hay que tener en cuenta que, con leyes de control de armas o sin ellas, los criminales estarán siempre armados y que, la mayoría de los crímenes, son cometidos con armas adquiridas en el circuito ilegal. El asunto aquí es no atar de manos a las víctimas haciéndole el trabajo más fácil a los delincuentes. Además de poder defenderse y no ser parte de sangrientas estadísticas, el ciudadano pacífico que se sabe está armado, representa un factor disuasivo para los criminales.

No debemos sobrestimar el accionar preventivo de las fuerzas de seguridad porque, aún suponiendo su mejor eficiencia, la mejor buena voluntad y anticipación, siempre llegan después de cometido el delito. Generalmente, llegan para dar intervención a la ambulancia, al juez y muchas veces, a la morgue. En el mejor de los casos, llegan a tiempo para un operativo cerrojo y dar con los malhechores (aunque a la viuda eso no le sirva de mucho consuelo.)

Hace algunas décadas Inglaterra prohibió las armas triplicando sus crímenes violentos. En Londres, se llegaron a prohibir los cuchillos y las navajas sin entender que las armas de fuego, las rocas, los cuchillos y los bates, no matan, son los criminales quienes se hacen de esos elementos para cumplir su cometido.

En Londres se llevó a cabo una campaña con la inscripción “Get a Life, Bin that Knife” en tachos de basura especiales para que la gente deseche sus cuchillos. En este mismo sentido, otro testimonio de pocas luces lo dio la burocracia argentina cuando determinó que un motociclista no puede salir de paseo con su novia sin tener que cumplir con cuantiosos requisitos debido a que hay suficiente número de motochorros que viajan de a dos para cometer ilícitos.

Peter Hitchens, periodista británico y defensor del derecho a poseer armas, declara no estar interesado en tenerlas, sin embargo sostiene que es un derecho constitucional y es absolutamente perturbador el hecho que el gobierno de su país no le de la libertad de tener una bajo la presunción de que es un potencial criminal. Hitchens llega a la sarcástica conclusión que, quienes pregonan el control de armas, creen que las armas son tan malas que deberían solo estar disponibles para criminales y terroristas.

Los espeluznantes casos de múltiples crímenes con rifles de asalto en cines y escuelas que fueron noticias mundiales, ocurrieron en lugares donde estaban prohibidas las armas, lo que dejó el camino libre para que un criminal irrumpa en dichos establecimientos y use a la muchedumbre como indefensos blancos de tiro. Ron Paul, tres veces candidato a presidente de Estados Unidos, en su libro Liberty Defined dice: “...el control de armas facilita el camino a la violencia y hace que sea más factible una agresión, ya sea cuando el agresor es un terrorista o un gobierno.” y agrega que: “Aunque a usted no le gusten las armas, y no quiera tener armas, se beneficia de aquellos que sí las poseen.

Es mejor que los criminales imaginen que enfrentan una población armada en vez de una que no lo está”
¿Qué hubiera sido de las revoluciones contra la opresión sin no fuera por las armas? Todas las dictaduras lo saben. Por eso todas se caracterizaron por hacer campañas de desarme de la población mediante una propaganda de apariencia pacifista. Mao, Stalin, Hitler, Castro, Chavez. Todos.

En 1972 el dictador Ferdinard Marcos declaró la Ley Marcial y le dio a la gente de Filipinas dos semanas para entregar todas sus armas bajo amenaza de pena de muerte. Por eso, en Estados Unidos el principal motivo de la Segunda Enmienda no es es solo para que el ciudadano se pueda defender del delincuente común sino para defenderse de la peor amenaza que siempre está latente, la de un gobierno tiránico.

Por Bertie 
Benegas Lynch

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