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OPINION

La “cultura motoquera” detrás del nuevo caso Píparo

 La situación en la que ha quedado envuelta Carolina Píparo alude, más allá de los hechos que se investigan, a un problema con el que se convive en todos los centros urbanos: la compleja y heterogénea “cultura motoquera”.

La “cultura motoquera” detrás  del nuevo caso Píparo
Ilustración alegórico del artista gráfico Eulogia Merle

Asociar las motos al delito sería tan absurdo como establecer una asociación entre aviones y terrorismo. Hay millones de motociclistas que utilizan ese vehículo para ir a estudiar y a trabajar; otros, por simple esparcimiento. Para muchos es el único medio propio de transporte al que pueden acceder. No es arbitrario, sin embargo, identificar una “cultura motoquera” que, en el espacio urbano, parece transitar con mucha frecuencia por los márgenes de la infracción o la ilegalidad.

Las motos son un símbolo de un Estado impotente, que ni siquiera puede controlar el uso del casco o del chaleco obligatorio. Y la “cultura motoquera” (de la que no participan, por supuesto, todos los motociclistas) ha crecido al mismo ritmo que la marginalidad, la degradación urbana y el repliegue estatal en lugares donde “gobierna” la patota.

Ha crecido, también, al ritmo de una precarización laboral que ha potenciado el “empleo de plataformas” (con servicios de delivery), sin un claro marco normativo sobre seguros y responsabilidades. Basta pararse en cualquier esquina del conurbano para observar una cultura motoquera que prescinde de las normas sin frenos inhibitorios. Ver una moto parada en un semáforo es casi una rareza: la luz roja no parece regir para esos vehículos. Ver motociclistas con el casco reglamentario también es la excepción y no la regla. Una ley de la provincia de Buenos Aires exige que los acompañantes lleven un chaleco con identificación de la patente. ¿Alguien ve que esa norma se cumpla y se haga cumplir? Una ley nacional exige el uso de casco para cargar combustible en estaciones de servicio. Alcanza mirar con ojo atento para comprobar que es “letra muerta”. Pero no son las únicas infracciones cotidianas: velocidades excesivas, caños de escape recortados, maniobras de alto riesgo, picadas, cruces temerarios, luces apagadas parecen formar parte de un código propio en el que la infracción es la norma.

Durante los primeros meses de la cuarentena, cuando se produjo una drástica reducción de la circulación de autos y se disparó la demanda de deliveries, estos rasgos se acentuaron. Las motos se adueñaron de las ciudades.

Hay un componente de “banda” y hasta de “manada” que también se observa en algunos eslabones de la cultura motoquera. Sobre todo a la noche, es frecuente ver “ejércitos” de motociclistas que se mueven con una prepotencia que intimida y siembra miedo.

Sería injusto e inexacto meter todo en la misma bolsa, pero el fenómeno de los “motochorros” también se ha disparado en los últimos años y ha agravado la tragedia de la inseguridad urbana. Se mueven a una gran velocidad por circuitos que parecen zonas liberadas. Despliegan una audacia y una logística que les permite hacer alarde de impunidad. Entre abril y agosto de 2020, según estadísticas oficiales, aumentaron un 25% los robos cometidos por motochorros en la provincia de Buenos Aires.

Quince días antes del robo a Píparo, y a exactamente cinco cuadras del lugar en el que se produjo, asaltaron a un músico que iba en bicicleta. La noticia ha quedado sepultada por otras. Se llamaba Santiago Stirz, tenía 34 años y, además de tocar la guitarra, estudiaba Arquitectura. Murió baleado por los motochorros.

Es imposible entender el auge de la motodelincuencia sin dimensionar el crecimiento de la droga y de la marginalidad juvenil. Pero también es imposible entenderlo sin el debilitamiento del Estado, incapaz de hacer cumplir las mismas leyes que promueve; incapaz -además- de combatir el gigantesco mercado negro de motos, casi tan grande como el de las armas: se compran y se venden “sin papeles” como si fueran bicicletas.

Tal vez no sea casual que en la jerga barrial moto y revólver compartan a veces las mismas denominaciones: caño, fierro, máquina. La moto encuentra grandes facilidades para circular sin ningún tipo de identificación, igual que el arma de fuego. A millones de jóvenes sin estudios ni trabajo, la moto les da poder, les da fuerza y motivo de ostentación; les da una vía de escape, aunque sea en la fugacidad de la experiencia simbólica. En barrios vulnerables, el sueño del pibe ya no es jugar en Primera ni ser un ídolo de la cumbia: se reduce a tener una moto. El narcomenudeo también se mueve en dos ruedas. Algunas se venden (a mayor precio) con compartimientos secretos para transportar “merca”. También simboliza lo contrario: para muchos, la moto es el premio a sus esfuerzos. Es el logro después de trabajar duro; es la compensación y el orgullo del sacrificio. En otros casos, es una apuesta, una inversión, una herramienta para conseguir trabajo.

Hay una cultura motoquera que pone al Estado en ridículo: elude controles con toda facilidad, se mueve con mayor agilidad que la policía, hace en cada esquina una fogata simbólica en la que se queman los códigos de tránsito, las leyes penales y hasta las reglas básicas de la convivencia urbana. Hay otra asociada al esfuerzo. Hay, como siempre, contrastes y particularidades. El problema es que, en los últimos veinte años, la balanza se ha inclinado hacia la ilegalidad: es ella la que marca la impronta.

Cualquier depósito municipal muestra la punta del iceberg en el que se desenvuelve el negocio negro de las motos: enormes montañas de “máquinas” secuestradas que nadie va a reclamar. No tienen la documentación. Es más fácil comprar otra por Facebook que recuperar la incautada.

La cultura motoquera es, en definitiva, una imagen de la sociedad en la que vivimos. Si uno ve en televisión una escena en la que aparece un motociclista con casco, reconoce inmediatamente que es una película extranjera. El casco simboliza una cultura de las normas. En la Argentina, en cambio, la imagen motoquera refleja la medida en la que se ha ido enquistando una forma de vida semimarginal. Exhibe la facilidad con la que se pueden transgredir las reglas y la hostilidad que ha incorporado la vida cotidiana en las ciudades. Expresa la ley del más fuerte y del más audaz. Expresa -a la vez- el repliegue de la urbanidad y la incorporación del miedo como una variable dominante en el espacio público.

Frente a las “bandas de motoqueros”, el vecino se siente frágil y desamparado. Es una presencia que acentúa la vulnerabilidad ciudadana. Se las percibe como fuerzas descontroladas, con la audacia suficiente como para pasar por encima de cualquiera que se cruce. Potencian un sentimiento que se ha hecho muy fuerte en todos los centros urbanos: el de la desprotección. Hacen ostentación de fuerza mientras nadie las frena. En ese juego perverso emerge la peligrosa “justicia por mano propia” y hasta se imponen los códigos de un salvajismo contagioso.

Los vecinos sienten la misma indefensión ante otras “patotas” que se adueñan del espacio urbano, desde el comercio ilegal hasta las zonas rojas. En muchas ciudades bonaerenses hay zonas tomadas por las mafias. Ni la policía, ni la Justicia, ni los municipios parecen hacer nada. No se sabe si no quieren o no pueden. O se sabe, pero no hay pruebas. O hay pruebas, pero al poder no le interesan. Hay, en definitiva, una “cultura motoquera” que va más allá de las motos. Simplemente se suben a ellas para arrasar con las normas. Muchos también la practican aunque se muevan en otros vehículos.


Por: Luciano Román