El fiscal federal Amad, sobre las imputaciones en Chaco por las pensiones ilegales: "Vamos a revisar carpeta por carpeta"
El fiscal federal de Sáenz Peña, Chaco, Carlos Martín Amad, contó a Radio Uno sobre el procedimiento que comenzó tras una denuncia que hizo una ex diputada nacional.
En agosto terminarán las indagatorias a cerca de 14 imputados de gestionar pensiones por invalidez de manera ilegal en la localidad de Taco Pozo. Finalizado el proceso el juez que entiende en la causa deberá resolver si los procesa a no, tendrá que definir la situación procesal de ellos. Los beneficios referidos a pensiones no contributivas que otorga la Anses están siendo investigados desde hace varios años con una demora importante a raíz de la complejidad del delito que se investiga e involucraría a una red integrada incluso por profesionales de la medicina que certificaban las discapacidades para poder acceder al derecho contributivo.
"Hay que revisar carpeta por carpeta, pueblo por pueblo. Es tan grande que no sabemos aún quienes son las personas que intervinieron. Vamos a trabajar localidad por localidad. En Sáenz Peña creemos que serían 2000 los casos y en Villa Ángela podrían llegar a 4000", dijo el fiscal federal Amad.
La investigación está a cargo del fiscal Amad y la denuncia que dio origen a la actual causa fue presentada a comienzos de 2023 por la exdiputada y exfuncionaria nacional Marilyn Canata.
Estos casos no son los únicos que hay en la provincia donde ya se cuentan casi 25.000 pensiones otorgadas que corresponderían y, al menos existieron, varias redes que durante años operaron en forma impune.
"Descubrimos un universo de personas, entre ellos personal de la salud como médicos, traumatólogos o bioquímicos y algunos tienen que ver con la política, que son los que firmaban los certificados, que, básicamente, son truchos e ilegales", destacó también en medios.
Y durante la investigación que se está desarrollando se fueron acumulando pruebas muy importantes, pero también surgieron perlas como que una acusada trató de ocultar pruebas arrojando hacia la casa del vecino tres cuadernos.
Asimismo, surgen varios elementos que permiten ver la vinculación con la Comuna, incluso el pedido inicial provenía del propio municipio, algo que contaría con la documentación respaldatoria.
