En el NEA, el 57% de niños, niñas y adolescentes son pobres y el 11,5% son indigentes

El 57,1% de los niños, niñas y adolescentes del NEA eran pobres en términos de los ingresos de su hogar en el tercer trimestre de 2022 (julio-agosto-septiembre); y dentro de estos, un 11,5% eran indigentes, es decir pobres extremos. Ambos niveles superan los promedios nacionales del 52,7% y 10,1%, respectivamente, según una nueva medición de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

"Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina.Las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles pre pandemia, marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo", es el nombre completo del documento estadístico difundido este lunes 15 de mayo. 

En el NEA, la pobreza creció casi tres puntos y bajó la indigencia comparando el tercer trimestre de 2021 y de 2022. Así, la pobreza en niños, niñas y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años en ese período del año pasado fue de 57,1% (sobrepasando el promedio nacional de 52,7%), mientras que en 2021 había sido de 54%; del 55,8% en el tercer cuatrimestre de 2020 y del 55,3% en igual período de 2019. 

El 57,1% de pobreza en el Noreste argentino es el segundo indicador más alto a nivel país, unas décimas detrás de los Partidos del Gran Buenos Aires que ostentan el mayor nivel con 57,4%.  

En tanto, la indigencia en el tercer trimestre de 2022 en NNyA entre 0 y 17 años en el NEA llegó a 11,5% (superando al promedio del 10,1% del país), con una baja considerable con respecto al mismo período del 2021 cuando tocó el 16,5%. El último dato alcanza el nivel de 2020, cuando en el cuatrimestre en análisis la indigencia fue del 11,5%, y venía de descender también con respecto al 2019 (13,5%). Aquí, el NEA comparte el "liderazgo" a nivel nacional con Partidos del Gran buenos Aires que también alcanzan en indigencia el 11,5%. 

Privaciones y desigualdades 
 Indica el documento que, tras dos años de la crisis sanitaria y social por COVID-19 en la que la mayoría de los indicadores sociales y en particular relacionados con las condiciones de vida de las infancias y adolescencia experimentaron significativos retrocesos, se realizó una nueva medición de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que permite reconocer mejoras importantes de diferentes dimensiones del desarrollo humano y social de la infancia. Es decir, que muchos indicadores retornaron en su nivel de incidencia a valores previos a la pandemia. No obstante, estas mejoras respecto del 2020-2021 no implican en la mayoría de los casos progresos relevantes respecto de la etapa previa. 

En efecto, el documento advierte que "la incidencia de las privaciones de recursos que experimentan niños, niñas y adolescentes (NNyA) continúan siendo muy elevados y mantienen brechas de desigualdad social muy significativas".

Cuando se consideran las medidas tradicionales de pobreza monetaria que calcula y difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se advierte que, tras el incremento de la pobreza e indigencia en el tercer trimestre de 2020, se registra una merma en 2021, y se mantiene dicha situación en 2022 con una leve mejora en la situación de indigencia.

Justamente, entre el tercer trimestre de 2021 y el 2022, la pobreza monetaria no registra prácticamente cambios, pero la indigencia prosigue disminuyendo 2,5 puntos porcentuales más. En los dos últimos períodos interanuales, la indigencia infantil cayó un acumulado de 6 puntos porcentuales.

En resumen, se estima con base en los micro-datos de la EPH-INDEC que el 52,7% de los NNyA en el país son pobres en términos de los ingresos de su hogar, y dentro de estos un 10,1% son indigentes, es decir pobres extremos. 

Según los datos construidos a partir de la EPH-INDEC, la tendencia es muy similar en todas las regionales del país. Sin embargo –expone el informe- en los niveles es posible advertir diferencias. Por ejemplo, la indigencia en NNyA en la Ciudad de Buenos Aires es la más baja del país, pero es en el único aglomerado en el que aumenta entre 2021 y 2022, casi un punto ubicándose en 3,8%. En el resto de las regiones del país la tendencia fue a la merma salvo en la Patagonia que se mantuvo estable. Las mermas más significativas se registraron en la región del NEA y en la Pampeana (5, y 4 puntos porcentuales, respectivamente). Igualmente, en estas regiones y partidos del Gran Buenos Aires es donde se registran los niveles de indigencia más próximos a la media nacional.

En relación con la tasa de pobreza, la mayoría de las regiones mantuvieron sus niveles, pero los Partidos del Gran Buenos Aires, la región del NEA, Cuyo, NOA y región Pampeana registran medias de pobreza por encima del promedio.

Políticas públicas 
 El documento destaca que "las principales políticas públicas de transferencia de ingresos a las infancias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el programa AlimentAR, ejercen un rol fundamental en la merma y sostenimiento de dichas tasas" de incidencia en la población infantil. 

Sin embargo, se advierte sobre "los límites de estas políticas de transferencias de ingresos para incidir en otras carencias sociales fundamentales al desarrollo humano y social de NNyA". Por ejemplo, la AUH contribuyó inicialmente a la reducción de la no asistencia escolar en la población de niños/as de 5 a 17 años, y de modo particular en la adolescencia, pero también perdió su efecto con el correr de los años. 

Marco legal 
 El documento resalta y recuerda la normativa internacional y local que establece que los derechos deben ser garantizados en la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989), la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), y más recientemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-ONU, 2015) que establecen una nueva agenda de metas al 2030. Esta agenda -sostiene- se constituye en un importante marco para la evaluación y monitoreo de metas con las que se ha comprometido el Estado argentino. Estas metas establecen umbrales en el ejercicio de derechos que aún no se efectivizan plenamente en el país, pero a los que adhiere el Estado argentino.

A partir de dicho marco legal y del conocimiento científico en que se fundamentan muchos de los derechos vigentes en el país, se han establecido un conjunto amplio de dimensiones e indicadores con los que se procura evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos en la niñez y adolescencia urbana. 

Por esos motivos, la publicación retoma la estructura de dimensiones de derechos considerados primordiales al iniciarse los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia: 1) Alimentación, salud y hábitat; 2) Subsistencia; 3) Crianza y socialización; 4) Educación; 5) Información; y 6) Protecciones especiales: trabajo infantil.

Erradicar la pobreza en todas sus formas
 Por otra parte, se resalta que, si bien en la Argentina la medida oficial de la pobreza es monetaria, en el marco de los estudios del Barómetro ya es tradición la construcción de medidas multidimensionales. 

Por eso, en el caso de la infancia, se ha desarrollado un índice multidimensional que procura dar cuenta de privaciones en el ejercicio de derechos. El mismo establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo, guardando analogía con la medida de pobreza e indigencia. 

El índice considera seis dimensiones de derechos y si bien se considera una satisfactoria aproximación también se reconocen retos en su mejor desarrollo. Resumidamente, se estima que, en el segundo semestre de 2022, seis de cada diez NNyA en el país experimentan al menos una carencia en el espacio de los derechos que los Estados deberían garantizar en la sociedad argentina. Y casi dos de cada diez en niveles severos que comprometen el desarrollo del máximo potencial del niño/a. 

Las privaciones según su prevalencia son encabezas por educación, vivienda, saneamiento, salud, información y alimentación. La media de la población de NNyA experimenta dos carencias de modo simultáneo.

Derecho a la alimentación

Los niveles de privación alimentaria afectan a un tercio 
 De la estructura de dimensiones de derechos considerados primordiales, el derecho a la alimentación es uno de ellos. Así, en el marco de los compromisos del Estado argentino con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  el documento de la UCA resalta que "hay mucho por hacer en el país", ya que "los datos construidos, indican, que el derecho a la alimentación de NNyA en el país es una deuda pendiente cuyo balance general es negativo". 

"En efecto, entre 2010 y 2022, la situación de inseguridad alimentaria se incrementó un 44%, sin embargo, el mayor deterioro se registra en los últimos cinco años", expone, y agrega: "Se registra el peor momento de la serie en plena pandemia del 2020 llegando al 37,2%. Y, si bien en los últimos dos años postpandemia se registra una mejora, los niveles de privación alimentaria afectan a un tercio de la población de NNyA en el segundo semestre del 2022".

Luego, indica que "la inseguridad alimentaria severa afecta especialmente a los NNyA" y se produce "cuando los progenitores reconocen que sus hijos/as han pasado hambre por no tener que comer". Así, advierte que la misma "ha seguido una tenencia más estable e incluso se ha ubicado por debajo de los dos dígitos entre 2014 y 2017, pero en los últimos cincos años se incrementó de modo significativo y alcanzó el 15% en el 2020, logrando una progresiva recuperación y llegando al 12,4% en el 2022".

En este marco –se agrega- las ayudas alimentarias directas e indirectas no han dejado de aumentar en su cobertura. Justamente, las ayudas alimentarias directas en comedores escolares, y comunitarios, así como la copa de leche, entre otros, han incrementado su cobertura de modo progresiva y a partir del 2020 sumaron una ayuda indirecta como es la Tarjeta Alimentar. Estas ayudas alcanzaron en plena pandemia al 46,5% de la población de NNyA, pero en el 2022, llegan de una u otra forma al 59%.

Derecho a la salud
 En relación con el derecho a la salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) en el Objetivo 3, establece, "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos". 

En ese marco, el informe señala que "los servicios estatales de salud tienen el desafío de ofrecer oportunidades de atención de la salud preventiva al 58,4% de la población de NNyA en el país urbano"; resaltando que "cada vez el desafío de cobertura es mayor y guarda correlato con la situación de precariedad e informalidad laboral de los progenitores". "Este desafío de atención es mayor entre los más vulnerables, donde llega al 80 y 90% según el estrato social que se considere. Asimismo, se ubica por encima del promedio nacional en el Conurbano Bonaerense y áreas metropolitanas del interior", agrega.

Más allá de este dato estructural que marca la responsabilidad de los Estados en términos de ofrecer estructuras de oportunidades en la atención preventiva de la salud del niño/a sano, una proporción que se estima en un 18,4%, en 2022, no realizó una consulta médica a un pediatra o clínico en el último año. Este nivel de incidencia –expone el documento- representa una fuerte recuperación en relación a los elevados niveles de déficit de la pandemia y postpandemia 2020 y 2021, y un retorno al momento previo. El déficit de atención se eleva por encima del promedio en la adolescencia, a medida que desciende el estrato socioeconómico y en la población del Conurbano Bonaerense.

Asimismo, alerta que la atención de la salud odontológica es un claro problema que, de modo progresivo, ha empeorado alcanzando sus máximos niveles de déficit en la pandemia donde el 65% de los NNyA entre 3 y 17 años no consultaron por su salud bucal. El regreso a los consultorios odontológicos fue paulatino y recién en el segundo semestre de 2022 se llega a niveles similares a los prepandemia, pero aún por encima de los mismos (44,9%).

"Se trata de un déficit de tipo estructural y que, salvo en pandemia, suele mantenerse muy estable. Las desigualdades son sociales, regionales, pero también por ciclo vital. La consulta al odontólogo es menos frecuente en los primeros años y en la adolescencia. El déficit de atención se ubica muy por encima del promedio en el Conurbano Bonaerense", cierra el informe en este capítulo.

Derecho a un hábitat digno

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) en su meta Meta 6.2, establece, "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos". Específicamente, indicándose como meta para 2030, "lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados". Y, en el objetivo 11.1, establece "asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los tugurios". 

Resalta y define el documento que "el hábitat de vida representa mucho en términos de recurso esencial para el desarrollo del máximo potencial de un niño/a"; y que "es el espacio donde la familia propicia la socialización primaria en condiciones de mayor o menor seguridad y bienestar". 

Por ejemplo –cita- la precariedad de la vivienda afecta a dos de cada diez NNyA en el país urbano, y el hacinamiento también. Pero el déficit de condiciones sanitarias adecuadas duplica su incidencia, y en lo mismo ocurre con la contaminación del medio ambiente.

Durante la pandemia por COVID-19 –agrega- estos indicadores no se modificaron salvo el del medio ambiente que había mejorado como consecuencia del aislamiento social y la merma del transporte, y la producción. No obstante, tras tres años se ha recuperado el nivel de contaminación y las condiciones habitacionales de la población de NNyA sigue siendo deficitaria para proporciones significativas. Lógicamente, las privaciones en la construcción de la vivienda, el hacinamiento y el déficit de saneamiento se profundizan en condiciones de vulnerabilidad social y repercuten especialmente en la población del Conurbano Bonaerense.

Derecho a la subsistencia
 En este punto de análisis, el documento señala que la pobreza monetaria en la población de NNyA asciende en el segundo semestre de 2022 al 61,5%, y dentro de esta población se estima que 13,1% son indigentes. Si bien esta incidencia es menor a la observada en pandemia y postpandemia, todavía es levemente superior a la registrada en la prepandemia. No ocurre lo mismo con la indigencia, que logra ubicarse en los valores prepandemia. 

Lo que no ha dejado de incrementarse paulatinamente –agrega- es la cobertura de las transferencias de ingresos orientadas a los sectores sociales más vulnerables. Se estima que, en 2022, la AUH y otras transferencias han alcanzado al 49,8% de la infancia y adolescencia, alcanzado niveles más elevados que en la prepandemia, e incluso que en la pandemia.

En ese marco, advierte que "aun cuando se incrementan los recursos y su alcance, los niveles de pobreza e indigencia continúan siendo muy elevados y por encima de los valores promedio de la década analizada".

Derechos en los espacios de los procesos de crianza y socialización
 Este apartado ofrece un conjunto de indicadores vinculados a las oportunidades de estimulación emocional e intelectual de los niños/as entre los 0 y 8 años, los estilos de disciplinamientos que prevalecen en los hogares, y algunas oportunidades de formación secundaria no escolar que pueden o no tener niños/as y adolescentes. Estos últimos son considerados oportunidades para alcanzar una mayor riqueza en los procesos de socialización, en la medida que supone un encuentro con otros pares, y otros roles, además del ejercicio por parte del niño/a de otros roles en los que multiplica sus interacciones y desarrollo de capacidades y habilidades sociales.

Entre los 0 y 8 años, el déficit de estimulación a través de la palabra llega al 30,8%, el déficit de interacción a través de dibujo al 22,7% entre el año de vida y los ocho, al 12% cuando se trata compartir canciones (otra forma de oralidad), y al 6% cuando se trata de jugar.

Si bien todos estos estímulos fueron relegados en el marco de la pandemia han retornado paulatinamente a las dinámicas de los hogares, pero siguen dando cuenta de una proporción de niños/as que tempranamente carecen de estímulos muy relevantes para el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. Asimismo, estas carencias aumentan su incidencia a medida que desciende el estrato social y en algunos casos presentan diferencias regionales relevantes.

Los estilos de disciplinamiento negativos experimentaron una tendencia muy regresiva durante la pandemia y postpandemia, y han tendido a retornar a los valores prepandemia en 2022. La violencia contra los niños/as y adolescentes, fue notable en el contexto del aislamiento social y las escuelas cerradas. En un nuevo contexto social y de presencialidad escolar, dicha violencia ha mermado, pero sigue afectando a proporciones muy elevadas de NNyA. Los retos en voz elevada y las penitencias siguen siendo muy frecuentes, y en menor medida la violencia física (22%) y la verbal (6%). Prevalecen diferencias sociales regresivas para los NNyA más vulnerables.

Por otra parte, en una tendencia positiva aún, el 53% de los NNyA entre 5 y 17 años no realiza deportes o actividades físicas no escolares. Eran el 66% en 2010 y llegaron a ser el 71% en la pandemia del 2020. Es decir, que el balance es positivo, pero aun así es un espacio para el desarrollo y el bienestar que le es negado a la mayoría de esta población. Y, esto ocurre mayormente a medida que desciende el estrato social de la población.

Los obstáculos para el desarrollo de actividades culturales extraescolares parecen ser aún mayores porque el 82,9% de los NNyA entre 5 y 17 años no las realizan habitualmente. En este caso, la tendencia también es positiva si se considera que en 2010 estaba en la misma situación el 86%.

La exposición excesiva a pantallas (comportamiento sedentario frente a pantallas) también es algo frecuente que afecta al 69% de la población de NNyA. Es un comportamiento en ascenso que tuvo su mayor incidencia, lógicamente, en pandemia (70%). 

Derecho a la información
 Las oportunidades de acceso a la información son medidas de modo indirecto a través del acceso a tecnologías, y servicios de datos. En este sentido, hay tendencias contrapuestas. Por un lado, se advierte con claridad una tendencia a no leer textos impresos y no tener libros en casa. Se estima que, en 2022, el 66% de los NNyA no contaba con libros en su casa, y 55% no leía textos impresos de modo habitual.

El déficit de acceso a una computadora también es persistentemente elevado. Se estima que, en 2022, el 53% de la población de NNyA no tenía una PC en su casa, y un 55% no tenía un celular propio. Si bien se observan diferencias por grupo de edad, y estratos socioeconómicos, es relevante reflexionar sobre los recursos de acceso a la información de las nuevas generaciones.

El acceso a servicio de internet (datos) y el uso de internet por parte de los NNyA ha mejorado mucho a lo largo del tiempo. Efectivamente, cada vez más niños/as y adolescentes acceden a internet. Muy probablemente, a través de un celular que no es propio en la mayoría de los casos. Lógicamente, con diferencias según la edad y la situación socioeconómica, y también regional. La pandemia y sus correlatos educativos tuvieron un alto impacto en esta tendencia positiva. Los hogares orientaron recursos a adquirir servicios de internet y conectividad. Se estima que, en 2022, un 25% de los NNyA entre 5 y 17 años no tiene conectividades ni usa internet de modo habitual, y esa incidencia cae al 12% en la adolescencia (20% no tiene celular propio).

Derecho a la educación

En este punto, la Encuesta estima que el 83,5% de los NNyA entre 6 y 17 años asisten a una escuela de gestión estatal. Y señala que el desafío de los Estados es algo mayor en la educación primaria que en la secundaria. Asimismo, señala que, en lo coyuntural, la demanda de educación estatal parece haber aumentado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien, se han registrado retrocesos en indicadores de escolarización, es más notable en la educación inicial e incluso en sectores sociales medios. Se advierte mayor capacidad de recuperación en indicadores de escolarización de las escuelas de gestión privada que en las estatales, pero en la educación primaria y secundaria.

Lo que se ha deteriorado y no ha logrado retornar a los niveles prepandemia son las ofertas educativas en el campo de la extensión de la jornada, la enseñanza de computación e idioma extranjero en la educación primaria.

Específicamente, el 92,5% de la población escolarizada en la educación primaria asiste a una escuela de jornada simple. Si bien presenta diferenciales sociales, de tipo de gestión y región, es clara su generalización y el retroceso que significó la pandemia, aunque siempre se estuvo muy lejos de la meta del 30% de educación extendida priorizando a los sectores sociales más vulnerables.

La oferta de enseñanza de computación también retrocedió en su oferta y se estima que, en 2022, el 65% de los niños/as escolarizados en la primaria no recibían este tipo de oferta. En este caso las diferencias entre educación de gestión privada y estatal son muy amplias y en el caso de los primeros retornaron a niveles similares a la prepandemia aunque algo más elevados en términos del déficit.

La enseñanza de idioma extranjero también registra niveles de déficit elevados por encima de los observados en la prepandemia. Se estima que, en 2022, el 47% de los niños/as en la educación primaria no tenían este tipo de oferta. Las desigualdades entre escuelas de gestión privada y estatal se ampliaron y es claramente regresiva para los segundos.

Por último, el déficit de enseñanza de asignaturas como música, plástica y/o educación física afecta al 24% de la población de NNyA escolarizados en la educación primaria. Y es uno de los niveles más elevados de la serie. También en este caso las diferencias son claramente regresivas para los estudiantes de las escuelas de gestión estatal y sectores sociales más vulnerables, así como residentes en el Conurbano Bonaerense.

A pesar de estos indicadores apenas un 11,6% de los niños/as pertenecen a hogares en donde los adultos de referencia realizan una evaluación negativa de la calidad educativa que reciben sus hijos/as. Aunque cabe reconocer que esta prevalencia aumenta a medida que desciende el estrato social, y casi se triplica entre los que asisten a escuelas estatales en relación a pares en el sector privado. Es decir, que si bien es una minoría la que se expresa abiertamente disconforme con la calidad educativa, esa disconformidad aumenta en los sectores sociales más vulnerables y en la educación estatal.

Derecho a la protección social contra el trabajo infantil
 El trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado tras la pandemia recuperó su prevalencia y afecta a casi el 15% de la población entre los 5 y 17 años (6,9% en el trabajo doméstico y 9,2% en el económico). Como es habitual, el primero es más frecuente entre las mujeres y el segundo entre los varones. En ambos casos mucho más elevado en términos de su incidencia en adolescentes que en niños/as.

En el caso del trabajo económico prevalecen diferencias sociales significativas y una fuerte localización en el interior del país. Mientras que el trabajo doméstico es más transversal a las regiones y desigualdades sociales notables.

(Norte de Chaco)