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comunidades aborígenes

Carbajal pidió a organismo nacional que atienda los derechos de niños, niñas y adolescentes wichis en el oeste formoseño

El legislador denunció ante la defensora Marisa Graham que en los departamentos Ramón Lista y matacos podrá constatar las condiciones de pobreza, marginalidad, falta de agua, deficiencias de comunicación y demás carencias, que padece la población indígena.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, reclamó a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que extienda las acciones de tutela de derechos de los niños, niñas y adolesentes pertenecientes a la etnia wichí que viven en las provincias de Formosa y Chaco.Crédito: web

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, reclamó a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que extienda las acciones de tutela de derechos de los niños, niñas y adolesentes pertenecientes a la etnia wichí que viven en las provincias de Formosa y Chaco.

La solicitud del legislador de la UCR por Formosa se produce un día después de la visita al Congreso de la titular de dicha Defensoría, Marisa Graham, quien este martes expuso en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, donde presentó el informe anual de la entidad.

Ya allí Carbajal había planteado a la funcionara que la acción estratégica realizada por esa defensoría, "adolece de una falla de planteamiento inicial que la torna sesgada y violatoria del principio de igualdad", al advertir que la misma "ha sido definida sobre la base de la Provincia de Salta¸y no sobre la base de las víctimas a las cuales se pretende tutelar: los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la etnia indígena wichí que viven en la zona del Gran Chaco, zona geográfica que se extiende desde el Este de la Provincia de Salta, Formosa, Chaco y noreste de Santiago del Estero".

De esta manera, el ex juez federal respondió a las expresiones de Graham durante su informe al Congreso, donde había dicho que en Formosa no existiría igual nivel de problemática que en la provincia de Salta. Por ello, solicitó formalmente a la funcionaria federal que envíe una delegación a la zona de las comunidades de María Teresa, Divisadero, María Cristina, El Potrillo, y demás comunidades indígenas del extremo oeste formoseño, Departamentos Ramón Lista y Matacos. 

En este sentido, el diputado nacional de JxC aseguró a Graham que en esa región del oeste formoseño "se podrá allí constatar que las condiciones de pobreza, marginalidad, falta de agua, deficiencias de comunicación y demás carencias, son las mismas que motivaran su presentación, por lo cual la exclusión de las restantes comunidades de la zona, por el detalle de las fronteras interprovinciales resulta en una violación por omisión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes formoseños y chaqueños que parecen no gozar de igual derecho a tutela que los salteños".

Según el informe anual presentado por dicha defensoría ante la Cámara de Diputados el pasado martes, el amparo colectivo en favor de la totalidad de niñas, niños y adolescentes de comunidades de pueblos indígenas de Rivadavia, Orán y San Martin, en la provincia de Salta, tiene como petición de fondo "se ordene la conformación de una mesa de articulación institucional para elaborar un plan de trabajo integral e intercultural, coordinado y operativo, y que formalice medidas adecuadas, efectivas y suficientes para garantizar los derechos a la protección especial, el derecho a la vida, a un nivel de adecuado, a la salud, a la alimentación adecuada y suficiente, al agua segura y el acceso a la justicia."

Ante este informe, Carbajal advierte que planteado el amparo contra una sola de las jurisdicciones involucradas (la provincia de Salta), "tal petición deviene impracticable, pues el pueblo wichi no puede ser fraccionado según las percepciones de las jurisdicciones provinciales, sino que requieren una acción conjunta desde la perspectiva de toda la etnia, que se halla distribuida en varias provincias. Cuestión objetiva que, además, demuestra la interjurisdiccionalidad del conflicto, que lleva a la necesaria competencia federal del mismo".

El legislador cerró su nota a Graham "con la convicción esperanzada que la omisión de tutela señalada solo responde al inicial desarrollo institucional de esa defensoría, cuyo fortalecimiento institucional constituye un deber de todos, y a la espera que por las vías institucionales que correspondan se extienda la petición de tutela a las poblaciones indígenas excluidas".-