Figuras políticas blindadas a las denuncias por violencia de género en Formosa
No es el primer caso, donde el silencio invisibiliza las denuncias por violencia intrafamiliar. Los agresores siguen mostrándose impunes, siguen su vida como si nada en los mismos círculos de poder, mientras la víctima debe huir de la provincia o en el mejor de los casos esconderse revictimizándose como un espiral
La Ley Micaela (27.499) establece una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Esta capacitación es obligatoria y acarrea consecuencias punitorias en el caso de trabajadores estatales que se nieguen a realizarla.
Básicamente la Ley viene a sumar con otras normas a la prevención de la violencia de género, la visibilización en el espacio público de los temas de igualdad de género y la promoción de la erradicación de la violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral.
Pero el fin último de tanta normativa y tanto discurso, sin enumerar los millones en recursos logísticos para la justicia, para ministerios o secretarías y hasta cuerpos policiales especializados, que es la protección de los más vulnerables, choca con la falta de solidaridad o de compromiso de autoridades y hasta compañeros de trabajo de quien abiertamente es considerado por la justicia como una amenaza para su ex pareja o familiar.
Uno de tantos casos
Inentendiblemente no hay una moción de censura cuando el agresor es identificado y se aplican determinadas herramientas parar evitar un agravamiento en la situación de violencia para que este termine derivando en cuestiones tan terribles como los femicidios.
Esto ocurre con un sindicalista de la ATUNF (Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa) que oficia como Secretario Adjunto y quien sería una de las caras visibles del intento de "golpe institucional fallido" motorizado por el gobierno de la provincia contra los órganos colegiados de la UNaF y aparentemente dirigido por el propio vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís.
Jorge Horacio Insfrán, recibió por Resolución del Juzgado Federal N° 9 de la Nación, una orden de restricción de acercamiento en beneficio de Sra. Ana María Cáceres en cualquier lugar en que se encuentre, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes a la Justicia Penal para el juzgamiento de la desobediencia.
El origen de la orden de restricción es una situación de violencia familiar en donde Cáceres, habría terminado con lesiones y la mujer hoy se encontraría viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, con la prohibición de acercamiento, inclusive con aviso a la Policía de esta misma ciudad para que intervenga en el caso de ser necesario.
La situación contenida en cierta manera por la justicia federal y comprometida para Insfrán, no tiene como correlato el rechazo social que debería ocurrir con personas públicas ante hechos de estas características y el secretario adjunto de la ATUNF sigue apareciendo en actos protocolares, pronunciamientos del gremio y hasta en fotos con el vicegobernador de la provincia.
Lo cierto es que la Ley Micaela, la Ley contra la violencia de género (26.485) y tantos organismos nacionales, provinciales, incluidos el propio Poder Ejecutivo, no reaccionan de ninguna manera para acompañar las medidas de la justicia cuando se trata de "militantes" con determinado poder.
Ellos siguen mostrándose impunes, siguen su vida como si nada, en los mismos círculos de poder, mientras la víctima debe huir de la provincia si puede o esconderse del agresor, revictimizandosé como en un espiral.
