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Quiénes ganan con las ojeras de Alberto Fernández

Quiénes ganan con las  ojeras de Alberto Fernández

El 27 de octubre del año pasado, durante la celebración de la victoria electoral, caminando por el escenario vedado para los gobernadores, Cristina Kirchner dio la espalda al público y, mirando al matrimonio Massa, recordó que “el neoliberalismo pudo regresar a la Argentina por culpa de los que habían dividido al movimiento”. Nunca más, ordenó. La unidad de la coalición pasó a ser un objetivo que organiza todo lo demás. Para garantizarla se utilizan diversos ligamentos. Uno es el eclecticismo exasperante de Alberto Fernández, que administra dando a cada socio algo de razón. Otro lazo es la fragmentación del gabinete, donde en cada ministerio conviven integrantes de distintas familias, hasta convertir cada política en una torre de Babel. Y una atadura imprescindible son los recursos materiales. Organismos del Estado alimentados con partidas presupuestarias. Observar ese reparto es interesante no solo porque demuestra lo que hacen los gobernantes con el dinero de los contribuyentes. También permite identificar los proyectos de poder que compiten dentro del Frente de Todos. A medida que la crisis se prolonga, la rivalidad se vuelve más visible.
La manera en que Sergio Massa introdujo su propio presupuesto en el que le había enviado el Poder Ejecutivo es una demostración de este juego económico y político. Él está armando, con los recursos del Estado, el vehículo que le permita retomar su carrera electoral. Sigue obsesionado con la presidencia. Los que se preguntaban por qué, a pesar de todas las promesas, volvió al kirchnerismo, deben mirar la planilla de recursos que se discute en el Congreso. Massa introdujo grandes modificaciones en la contabilidad del Gobierno, casi todas en su propio beneficio. Desautorizó a Fernández y a Martín Guzmán. Es comprensible que Luis Cubeddu, del Fondo Monetario, mañana lo visite. Pero Massa también desafió, audaz, a Cristina Kirchner. Como presidenta del Senado, ella deberá convalidar el presupuesto de Guzmán. Y hacer suyo el de Massa. Es decir: deberá convalidar la empresa electoral que se disimula detrás de esas partidas.
El presidente de la Cámara de Diputados creó un nuevo impuesto de 0,5% sobre las primas del seguro automotor, para dotar de un fondo de $1506 millones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que conduce el platense José Arteaga. Arteaga está unido al jefe del Frente Renovador desde los tiempos en que ambos se proveían de recursos intelectuales con Juan Amondarain. La CNRT administrará, a partir de otra reforma introducida en la Cámara baja, la tasa de fiscalización del transporte de pasajeros y de cargas. También se incorporaron (artículo 72) $20.000 millones al Fondo de Compensación del Transporte Público. Y, para matizar con ternura la codicia, $600 millones para transporte escolar (artículo 73). Más la asignación de un crédito del Tesoro de $7000 millones (artículo 88).
El Ministerio de Transporte, donde Mario Meoni se mueve bajo la obsesiva supervisión de Massa, recibió otros $2000 millones para infraestructura ferroviaria; $2000 millones para el programa Paradas Seguras; y $1500 millones para obras portuarias. Massa adquiere un poder enorme con estas decisiones frente a las empresas del sector. Adrián Kochen no va a dar abasto.
La arquitectura de alcancías que está armando el líder de los Diputados tiene un sesgo afectivo, familiar. Entre todas se destaca AySA, la empresa que conduce su esposa, Malena Galmarini. El presupuesto paralelo la subsidia reduciéndole a 2,5 por mil el impuesto al cheque. Un privilegio que alcanza a Aerolíneas Argentinas, controlada por La Cámpora, a Arsat o a los bancos estatales, entre otras compañías. AySA también es exceptuada de pagar tasas portuarias o aeroportuarias, y cualquier arancel sobre bienes importados. Massa dispone, además, que el Tesoro absorba sus obligaciones por $8000 millones.
Este cálculo de gastos y recursos post-Guzmán, por llamarlo de algún modo, ofrece grandes negocios a las empresas privadas. Uno ya conocido tiene que ver con la modificación arancelaria para el sector de electrónicos. En adelante los aparatos importados que se ensamblan en Tierra del Fuego tendrán una tarifa externa de 6%. Se calcula que equivale a $9722 millones. Pero los productos que se ensamblan fuera del país verán incrementada esa tasa de 5,5 a 17%. La protección de 5,5% para la “industria” nacional aumentó al 11%. Festeja Rubén Cherñajovsky, gran aportante a las campañas electorales del PJ. Y más todavía Nicolás Caputo, que acaba de comprar Brightstar, lo que lo convierte en el principal ensamblador de celulares. Será inusual hoy, cuando el Senado trate el presupuesto, ver a la señora de Kirchner aprobar un fenomenal negocio del “hermano de la vida” de Mauricio Macri, a quien ella atribuye todas sus pesadillas. A propósito de Macri: durante su gestión, además de disminuir la protección a los ensambladores, había fijado un cronograma para terminar con ese privilegio. Massa lo derogó. Caputo recibirá más beneficios de Fernández y de Massa que de su antiguo socio. Más irónico: hoy Cristina Kirchner restituirá a Caputo lo que Macri le quitó.
Leer el nuevo presupuesto es como jugar a la búsqueda del tesoro. Los empresarios del juego también tienen un regalo. Los locales, con operaciones preexistentes, pagarán un impuesto de 2,5%. Los nuevos, uno de 5%. Los extranjeros, 10%. Y los radicados en paraísos fiscales, 15%. Es una forma de cerrar el mercado para los del primer grupo, donde operan, entre otros, el albertista Cristóbal López, o Gustavo Ranucci. Massa es creativo: 5% de lo recaudado irá a Arsat, la compañía de satélites donde él, y su amigo José Luis Manzano, tienen influencia.
Un artículo principal del presupuesto modificado es el 8. Allí se establece un plan para que las empresas de distribución eléctrica negocien las deudas que acumularon hasta el 30 de septiembre con Cammesa, la empresa que opera el mercado eléctrico. Las pautas para esa negociación son de una gran flexibilidad, lo que permite manejos arbitrarios. Las deudas son gigantescas. Y se justifican por el congelamiento de tarifas. Si bien hay varias privadas ligadas a amigos de Massa -Edenor, de Marcelo Mindlin; Edemsa, de Manzano y Daniel Vila-, la modificación fue impulsada por el Ejecutivo. El texto le da la palanca para la negociación al exdiputado Darío Martínez, secretario de Energía. Es crucial en el caso de las distribuidoras provinciales. Si no se llega a un acuerdo, los gobernadores deberán aumentar las tarifas. Fernández consigue de este modo otro instrumento para el alineamiento federal, sobre todo en el Congreso.
Con su presupuesto paralelo, Massa asignó al menos $40.000 millones para la plataforma desde la cual se propone lanzar de nuevo su carrera. Es el “costo Massa”. Muchos diputados de la oposición dicen haberse dado cuenta de la jugada, que incluye más aumentos de impuestos. “Por eso no votamos”, se justifican. ¿Y por qué se privaron del rédito político que obtendrían de un escándalo? Pocos diputados se atreven a enfrentar al presidente de la Cámara. “Razones personales”, dice esa renuncia. Cristian Ritondo, que comparte la, llamésmole así, cultura de Massa más que la de cualquier compañero de su bloque, aconsejó: “No hagamos discursos incendiarios”. ¿Adherirá Cristina Kirchner a la prudencia de Ritondo? Hoy deberá aprobar esos recursos. Los que no quieren al diputado le han ido a ella con el dato, incomprobable, de que el diseñador de esta megacaja ha sido Guillermo Mitchell, un asesor de Massa, muy competente, a quien ella quiere poco. Habladurías.

Por Carlos Pagni