La UIF lapidó el peritaje oficial que concluyó sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz: "Realizaron un cálculo inentendible". "Observamos errores graves" por lo que "sería irresponsable avanzar en una acusación". Absolución para CFK, Lázaro Báez y funcionarios nacionales. Pedidos de un año de prisión por falta de controles para funcionarios de Vialidad Santa Cruz.
De esta manera comenzaron los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras más de tres años de debate, el proceso entró en la "discusión final" con una de las querellas adelantando que no hay elementos suficientes para acusar a los imputados.
El abogado de la Unidad de Información Financiera, Leandro Ventura destrozó el peritaje oficial ordenado por el Tribunal. "El estudio profundizó las dudas y debilitó las pocas certezas que teníamos, dejando huérfana la acusación", afirmó. Y agregó que la duda es insuperable por lo que corresponde pedir la absolución respecto del delito de administración fraudulenta, de asociación ilícita ni de incumplimiento de los deberes de funcionario público para autoridades nacionales.
Los representantes del organismo aclararon que la UIF sólo debe ser parte querellante en procesos donde se investiguen delitos de lavado de dinero, lo que "representa una atribución y una limitación". En esa línea, concluyeron que "la UIF debió desistir de su rol de querellante en 2017 bajo la administración anterior", ya que en este proceso no se investigan maniobras de lavado de activos.
De este modo, la UIF dejó en evidencia que no sólo no se retiró de la querella en este juicio como se especulaba en los pasillos de Comodoro Py y como sí lo hizo la Oficina Anticorrupción, sino que decidió mantenerse en el proceso y argumentar a favor de las y los imputados, con un alegato cargado de críticas a la acusación y a la comisión de prueba.
No se probó fraude por sobreprecios
"Se llegaron a resultados inconsistentes" "Realizaron un cálculo inentendible", afirmó Ventura sobre el peritaje. "Los mismos peritos confunden" obras licitadas de cero con las de mantenimiento, dijo. Y agregó: "no contamos con conclusiones lógicas que permitan una fundamentación válida sobre si hubo o no perjuicio para el Estado".
Los representantes de la UIF criticaron en duros términos que los estudios sobre las obras cuestionadas no fueron realizados durante la instrucción: "recién pudimos escuchar a los peritos durante el debate", señaló. Y explicaron que por eso motivo no pudieron evaluar la prueba.
Ventura destacó que cada uno de los peritos -Pablo Eloy Bona (oficial), Roberto Paniza (de parte de la fiscalía) y Adriana Alperovich (de parte de CFK)- optó por una metodología distinta. Y, al haber disidencias, no intercambiaron opiniones. Para el querellante, "quedó reflejado en el debate que no hubo diálogo entre los peritos" y "no pudieron establecer qué aspectos eran importantes para establecer si hubo o no sobreprecios", lo que "afecta la validez misma del informe pericial".
En concreto, la UIF no mostró lugar a dudas respecto de los sobreprecios que Bona y Panizza afirmaron que hubo en favor de Lázaro Báez: "No se entiende cómo puede ser que concluyeran sobreprecios si en el coloquio afirmó Bona que no cuenta con competencia para determinar sobreprecios". Por lo tanto, afirmó que "estas conclusiones deben ser descartadas de plano".
Ante el TOF2, la UIF apuntó en concreto a la metodología elegida por el perito Bona (recusado por CFK por replicar mensajes violentos en su contra en Twitter). "Si el perito Bona sabía que el presupuesto de una empresa puede estar subvaluado para ganar una licitación, ¿cómo puede usar ese dato como algo objetivo para su análisis?", fustigó.
Ante un auditorio mixto -presencial y vía Zoom-, la Unidad de Información Financiera aseguró: "No hay resultado al grado posible que exista la posibilidad de sobreprecios. Solo nos quedaron dudas sobre los cálculos, los precios de plaza, los ítems, la metodología, etc". Y concluyó: "Observamos errores graves" por lo que "sería irresponsable avanzar en una acusación".
Absolución para Cristina Kirchner
Ya en la voz del otro representante de la UIF, Alejandro Irachet, el organismo argumentó porqué tampoco cabe el delito de incumplimiento de los deberes para los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y sus superiores a nivel nacional.
"La hipótesis delictiva no ha sido probada. Son actos políticos, no justiciables", afirmó la entidad. Por lo que "corresponde absolver a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Carlos Kirchner y Nelson Periotti"
Irachet explicó que no solo la prueba no alcanza para demostrar incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino que, por el contrario, sirve para demostrar que se realizaron todos los controles que establece la legislación.
Pedidos de condenas
En tanto, La UIF entendió que sí hubo incumplimiento de los deberes por parte de los dos exjefes de Vialidad Provincial, correspondiente al distrito 23 (Santa Cruz). La UIF puntualizó tener probada la falta de controles correspondientes por parte de Raul Daruich, para distintos tramos de las rutas 40, 3 y 2. Y por parte de Mauricio Collareda sobre certificados de obras de las rutas 43 y 399.
Para la UIF quedó probado, además, que los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez no controlaron como debían algunas de las obras otorgadas a Báez, por lo que también les cabe el incumplimiento de los deberes. Según el organismo, les corresponden incumplimientos de los controles en algunos de los expedientes que pasaron por el organismo local, pero aclaró que "el delito de incumplimiento de los deberes puede estar prescripto", lo que debe ser evaluado por el tribunal.
Bajo esta última salvedad sobre la posible prescripción, la UIF pidió para estos exfuncionarios un año de prisión con inhabilitación de ejercer cargos públicos por dos años.
Asociación Ilícita
Bajo la misma línea argumental, para la UIF, tampoco se configuró el delito de asociación ilícita: "Si no puede acreditarse el fraude, tampoco está probada la figura de asociación ilícita", afirmaron sus abogados.
Lázaro Báez
Respecto de la responsabilidad del empresario Lázaro Báez -beneficiario de la mayoría de las licitaciones de obras viales en Santa Cruz- la UIF consideró que al no estar acreditado el delito de administración fraudulenta no pudo haber sido partícipe del presunto ilícito que no fue acreditado. Por ese motivo, la Unidad pidió la absolución para el empresario patagónico.
A pedido de la fiscalía, los alegatos del Ministerio Público se pospondrán, para comenzar el próximo 1 de agosto a las 8:30 hs, después de la feria judicial de invierno.
(Ambito Financiero)
