Tensión en Ecuador: Leonidas Iza no descartó una posible candidatura presidencial y aseguró que sufrió dos atentados durante las protestas

Desde el 13 hasta 30 de junio, Ecuador vivió un estallido social liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que exigían a la administración de Guillermo Lasso el cumplimiento de una agenda de 10 puntos que contemplaba el precio de los combustibles, la política petrolera y minera, los derechos laborales, la seguridad, la educación, una moratoria en el sistema financiero, entre otros.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, lideró la medida de hecho e incluso fue arrestado al inicio de las protestas. Ahora, enfrenta un proceso judicial por paralizar servicios públicos. En una entrevista exclusiva con Infobae, Iza aseguró que hasta no culminar su periodo como presidente de la Confederación, en 2024, no evaluará convertirse en una opción electoral, pese a que se ha convertido en un actor político importante luego de liderar las manifestaciones de junio de 2022. Incluso el presidente Guillermo Lasso, a inicios de su mandato, vinculó a Iza con políticos como Rafael Correa y lo tildó de conspirador.

El líder indígena también dijo a Infobae que la versión oficial sobre las protestas busca deslegitimar la lucha del movimiento indígena y reveló que el Estado interceptó sus comunicaciones. Además, denunció atentados en contra de su vida.

—Durante los 18 días de paro nacional, algunos voceros del gobierno dijeron que detrás de la protesta legítima, había otras agendas e incluso dijeron que hubo vínculos entre las manifestaciones y el crimen organizado. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas también hablaron de infiltrados. ¿Cuál es su percepción sobre esas acusaciones?

—Rechazamos categóricamente la versión que ha instalado el gobierno nacional para deslegitimar nuestra lucha. Hubo tres condiciones para sostener esta lucha por 18 días: primero, el 11 de junio de 2021, hace un año, entregamos al gobierno nuestra propuesta; también hemos ido a dos diálogos, el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2021; la tercera condición fue que la convocatoria a la movilización del 13 de junio de 2022 se hizo de manera pública, no hubo nada oculto, no hubo ningún punto de desestabilización. En estos 18 días, el Gobierno Nacional es responsable de posicionar, para dañar la movilización del movimiento indígena, el relato de que había financiamiento del narcotráfico, que había financiamiento de grupos políticos nacionales, que había financiamiento de grupos políticos internacionales. Eso es una total falacia, una mentira. Los únicos financistas en este proceso de lucha de 18 días fueron los ciudadanos que tenemos situaciones económicas similares. La comunidad internacional debe conocer que jamás aceptaríamos un centavo que venga del narcotráfico. El gobierno nacional intentó dañar la movilización de forma intencional y sistemática. La infiltración vino desde el mismo gobierno.

 La bancada correísta intentó destituir a Guillermo Lasso durante el paro nacional pero no obtuvo los votos (Foto: EFE/José Jácome).
—Durante el paro nacional hubo un intento en la Asamblea Nacional de activar la muerte cruzada para destituir al presidente Guillermo Lasso. ¿Cree que el correísmo, a través de la bancada Unión de la Esperanza, intentó apropiarse de la lucha del movimiento indígena para sus objetivos políticos?

—Luego de la primera parte de lucha que fue en el territorio, en las provincias, la gente empezó a indignarse más, por eso los manifestantes decían que el gobierno nacional debía irse porque no ha respondido a los puntos centrales. En condición de dirigente jamás emitimos un criterio, por más fuerte que gritaran en las calles "fuera Lasso, fuera". Como dirigentes jamás permitimos que se empañe una lucha de reivindicación de derechos, una lucha de reivindicación económica con una agenda política. Incluso después de que sucedió la votación en la Asamblea Nacional, nosotros nos mantuvimos en la necesidad de resolver los 10 puntos. La lucha que llevamos desde el día 1 hasta el 18 se mantuvo por las 10 demandas que resolvimos con las estructuras organizativas de nuestras bases y las organizaciones fraternas. En ese contexto, en la Asamblea Nacional se intentó forzar esta posible muerte cruzada o la destitución del Presidente de la República. Nosotros como dirigentes no hicimos vocería porque cada función del Estado tiene su autonomía y su independencia, si es que esa era la vía democrática. Nosotros no hemos tenido relación con ninguna agenda en el Legislativo. Lo único que habíamos exigido a nuestros asambleístas [se refiere a Pachakutik, el ala política de la Conaie], es que demuestren si están con el movimiento indígena, con las luchas, con los muertos de esta movilización o si es que van a defender la actitud de un gobierno que ha criminalizado la lucha. No hemos tenido incidencia ni coordinación con lo que hayan hecho los diferentes movimientos o partidos políticos dentro de la Asamblea. Hemos respetado la autonomía, la independencia de las funciones y que eso se garantice en la vía constitucional.

—En algunas declaraciones ha denunciado que hay amenazas en contra de su vida, incluso ha advertido de posibles atentados, espionaje y sabemos que durante las protestas se hackearon las cuentas electrónicas del encargado de comunicación de la Conaie. Sobre estas persecuciones, ¿tienen sospecha de alguien? ¿han investigado quién o quiénes estarían detrás?

—Hay tres cosas que hemos sufrido: un hackeo de las cuentas de los más cercanos, que derivaron en publicaciones que son mentiras, un proceso de intervención de nuestros teléfonos móviles y amenazas de muerte, de hacer daño físico. Sobre el hackeo, se debe tener vergüenza de lo que hacen en materia política. Han dicho que la manifestación está financiada por la señora Pavón (prefecta de Pichincha afín al correísmo) o por actores políticos. Esas son falacias, mentiras y especulaciones para dañar la lucha del movimiento indígena… En el juicio que hay en mi contra (por paralización de un servicio público) nos hemos enterado de que nuestros teléfonos móviles fueron intervenidos desde el 6 de junio. Además de la intervención hubo seguimiento e infiltración con agentes de la policía. Cuando me arrestaron el 14 de junio no hubo un delito flagrante. Si hubo un seguimiento a mis comunicaciones debían tener una orden de detención.

INFOBAE