La república perdida: después de la justicia provincial el Poder Legislativo demuestra su obediencia

Si algo le faltaba a la división de poderes para terminar de demostrar que no es tal, es la aparición de un proyecto de ley motorizado por los diputados oficialistas, Rodrigo Vera, Agustín Samaniego  y la hija del gobernador, diputada  Yanina Insfrán para darle rango de ley a la estrategia sanitaria de la provincia respecto del coronavirus.

Ante los más de 600 Hábeas Corpus otorgados por violar la libertad ambulatoria de los formoseños varados por parte de la justicia federal, los pedidos de informes de Amnistía Internacional Argentina, su moción de censura frente a la violación de los derechos humanos del gobierno de Insfrán y el pedido de la Corte Suprema de Justicia por el ingreso administrado, el gobierno ha motorizado una batalla absurda en lugar de resolver el problema de más de 7500 formoseños varados.

Primero fue una resolución declarativa del Superior Tribunal de Justicia reconociendo la competencia para elaborar políticas sanitarias del gobierno provincial, luego intimando a la justicia federal a no resolver sobre cuestiones propias del gobierno haciendo reserva de acudir a la Corte Suprema. Después el pedido de juicio político al juez federal subrogante, Fernando Carbajal , por parte de los diputados de Formosa en el Congreso de la Nación.

Este martes el presidente nato de la Legislatura provincial, vicegobernador, Eber Solís, citó a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales para tratar un proyecto de Ley que otorga jerarquía “legal” a la estrategia sanitaria de la provincia.

Por un lado el Superior Tribunal resuelve sobre la competencia de políticas sanitarias de la provincia y ahora la Legislatura provincial para no hacer menos, crea una ley sobre la misma competencia ante lo que consideran una intromisión de la justicia federal en este campo. Ninguno de los dos poderes de la provincia tienen injerencia sobre leyes nacionales y mucho menos sobre la Constitución Nacional o los derechos humanos, aunque se quiera desviar el fondo de la cuestión con pronunciamientos hechos por el encargo del Poder Ejecutivo.

Pero este enfrentamiento sesgado en realidad no pasa por las competencias para definir políticas sanitarias en la provincia sino por la lisa y llana violación de los derechos humanos de personas que están abandonadas por el estado a la vera de la ruta.

Pasa también  por la violación del derecho constitucional a la libre circulación y pasa por la negligencia de no haber realizado ni considerado a futuro, el acondicionamiento de suficientes centros de cuarentena para recibir a corto plazo a cuantos formoseños quieran volver a la provincia y realizar la cuarentena.

Por plazos indefinidos de ingreso a la provincia y por el manejo discrecional y oscuro de un ingreso administrado que nadie sabe cómo funciona o en qué orden va.

Algo es seguro, no va en orden numérico ni se publican listados estimados de ingreso y muchas de las personas que han solicitado ingreso hace más de cinco meses podrían estar ingresando a la provincia recién el año que viene para el mes de abril.

En una muestra del absurdo, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo no discuten como resolver la crisis humanitaria causada por el ingreso administrado sino que fuerzan un sustento legal  fuera de toda competencia, legislando sobre potestades de políticas sanitarias sin considerar las personas abandonadas o las groseras falencias y manipulaciones del ingreso administrado a la provincia.