La Justicia Federal ratificó su competencia y ordenó el ingreso de más formoseños
Tras la polémica abierta por el STJ de Formosa sobre la situación de ingresos a la provincia, la justicia federal ratificó hoy su competencia en una audiencia en un caso planteado por los abogados Juan Sebastián Montoya y Agostina Villaggi, en la cual hizo lugar al habeas corpus y ordenó el ingreso de varados formoseños.
La expectativa estaba centrada en saber que pasaría luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Formosa se expresara a favor del gobierno en cuanto a su competencia para administrar los ingresos, y desconociendo a la justicia federal que venía corrigiendo criterios arbitrarios del “sistema administrado y ordenado” del Consejo de Emergencia.
Pero con la realización de la audiencia de hoy, la Justicia Federal, puso fin a esa duda y dejó perfectamente en claro su competencia, fallando a favor de los formoseños que se encuentran abandonados e impedidos de regresar a su provincia.
La provincia por su parte, pese a estar debidamente notificada, no se presentó a la audiencia, y se limitó a contestar por escrito el Habeas Corpus, planteando la incompetencia, cuestión que el Juez Fernando Carbajal rechazó, en línea con anteriores resoluciones y en acuerdo con la Cámara Federal de Apelaciones, continuando el normal desarrollo del proceso.
Otra cuestión novedosa que se resolvió en la audiencia, es dar un tratamiento expeditivo al ingreso de los varados que se encuentran en una particular situación de extrema vulnerabilidad, de este modo respecto de los varados en situación de extrema pobreza y de los grupos familiares en donde se encuentran menores de edad, que se encuentran solicitando el ingreso, el Juez Federal intimó al Estado a que estos ingresen al territorio de la Provincia en el plazo máximo de 5 días.
Culminada la audiencia, el Dr. Juan Montoya expresó que resta ahora que la provincia cumpla con esta orden judicial, que no resulta del capricho, son personas que están en situación de vulnerabilidad y sus derechos están amparados por la constitución y los tratados internacionales en defensa de derechos básicos y esenciales, hoy vulnerados por la arbitrariedad.
Estaremos atentos, porque la situación no admite demoras, y los fallos de la justicia pueden ser recurribles, pero deben ser cumplidos, y cualquier conducta contraria implicaría desobediencia judicial.
