El gobierno deberá pagar 1.000 millones por Ciccone, una causa que involucra a Insfrán

La Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos presentados por el Estado Nacional y la AFIP, en el marco de la causa abierta por la quiebra de ex Ciccone Calcográfica. Así las cosas, la Corte sostuvo que el Estado deberá indemnizar a los acreedores de la firma que imprimía billetes por la expropiación que decidió el Estado en 2013 durante la gestión del kircherismo. Se estima que serían unos mil millones de pesos.

El nombre Ciccone tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. El ex vicepresidente Amado Boudou quedó condenado por negociaciones incompatibles con la función pública Estado y cohecho en el marco del capítulo Ciccone, en un fallo confirmado por la Corte Suprema en 2020. En esa causa se estableció que el entonces ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros cómplices, elaboró un plan para quedarse con la ex imprenta Ciccone Calcográfica y así lograr contratos con el Estado para la impresión de billetes y documentación oficial. Allí apareció el nombre de la firma The Old Fund, cuya cara visible fue Alejandro Vandenbroele, devenido más tarde en arrepentido.

Apenas explotó aquel escándalo en 2012, el oficialismo impulsó y convirtió en ley una expropiación de la firma, que ya se llamaba Compañía Sudamericana de Valores. La declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación. Para la oposición, aquella ley se trató de un intento de salvar al compañero de fórmula de Cristina Kirchner cuando las acusaciones comenzaban a crecer en Comodoro Py.

El Congreso decidió por ley la expropiación de la empresa -que ya estaba intervenida- para ser entregada a la Casa de la Moneda. Se habló de "la soberanía monetaria", ya que es la única imprenta privada en condiciones de hacer billetes. Durante el debate nunca quedó claro a quién pertenecía la firma.

Habitualmente, en casos de expropiación, el Estado le compra el bien al expropiado, pero en este caso se resolvió que ese pago no iba a concretarse en dinero y que esa operación se saldaría descontando las deudas que la firma tenía con la AFIP. Según se acordó, a través de un convenio entre la AFIP y el Ministerio de Economía, la indemnización por expropiación sería de $ 275.724.618 y que esa suma se compensaba con la deuda fiscal que registraba la fallida.

Sin embargo, el sindico en el concurso preventivo de Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica S.A.) llevó el caso a la Justicia. Tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional en lo Comercial se declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 3° de la ley 26.761, del art. 4° del decreto 252/2013 y de la cláusula 6° del Convenio de Avenimiento.

Allí se sostuvo que "más allá del fin de orden público o de bien público perseguido por la ley 26.761 no eran suficientes para impedir un juicio sobre su validez constitucional y de que no estaba en tela de juicio la calificación de utilidad pública efectuada en la mencionada ley, recordó que en los procesos expropiatorios el concepto de indemnización era más amplio que el ‘precio’ desde que consistía en pagar Esto fue apelado tanto por el Estado Nacional y la AFIP. Hablaron de arbitrariedad y gravedad institucional. Pero la Corte Suprema, en concordancia con lo dictaminado por el Procurador General, desestimó tanto los recursos extraordinarios del Estado Nacional y de la AFIP, como el recurso de queja del Estado Nacional, y admitió el recurso extraordinario de la sindicatura concursal.

Según el fallo firmado por los jueces Horario Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, las presentaciones del Estado no contenían una "crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos" del fallo firmado por la Cámara en lo Comercial y solo se limitaban a poner de manifiesto la disconformidad con lo resuelto y sus fundamentos no habían sido refutados por los recurrentes. Por el contrario, la Corte Suprema admitió el recurso extraordinario de la sindicatura concursal y dejó sin efecto la sentencia "en cuanto había fijado un interés del 6% anual sobre el monto de la indemnización expropiatoria".

Insfrán y los 2 millones de dólares

El gobernador de Formosa pago de $7,8 millones –unos dos millones de dólares al cambio entonces vigente- a la firma The Old Fund en mayo de 2010 por parte del gobierno de Insfrán. Le pagó por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda pública que Formosa acumulaba con el Estado nacional.

Se trató de un contrato ficticio para que Boudou, por entonces ministro de Economía cobrara una comisión a cambio de darle luz verde a esa reestructuración financiera, según confesó luego Vandenbroele. Detalló que The Old Fund emitió su factura 003, manuscrita y tras anular las dos primeras, para efectivizar ese cobro.

El 30% del dinero que el Fondo Financiero Provincial (FonFiPro) le transfirió a The Old Fund terminó días después en las arcas de Estrategias de Imagen y Comunicación SA, una firma que controlaba Martín Cortés, un conocido operador de Insfrán que con el paso de los años se convirtió en director, presidente y accionista del Banco de Formosa. Al decir de los investigadores, esa transferencia del 30% configuraría sería el "retorno del retorno".