CORRALITO-CORDOBA

CONDENAN A ABOGADO POR OFICIOS "TRUCHOS" QUE LIBERARON FONDOS DEL CORRALITO


Córdoba, 10 de septiembre (Télam).- La Justicia Federal cordobesa condenó hoy a cinco años de prisión a un abogado por utilizar oficios falsos de un juzgado federal con el fin de poder liberar dinero retenido en la época del denominado "corralito financiero".
La decisión fue adoptada hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (integrado por José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano), que sólo dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia relacionada con el abogado Facundo Viale.
Los magistrados también ordenaron que se remita a la Fiscalía Federal copia de las actuaciones a fin de que "se investigue la posible existencia de dolo o imprudencia en los distintos niveles de responsabilidad funcional del Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad".
Los camaristas remitirán copia "ante la posible comisión del delito de tráfico de influencias", en el Juzgado Federal Nº 1, "en el tratamiento de los juicios de amparo derivados del denominado corralito financiero".
Asimismo, los magistrados destacaron que la futura investigación podrá determinar eventuales responsabilidades "en relación con el desorden persistente en el año 2008 en la tramitación de los juicios de amparo derivados del corralito financiero".
Respecto de Viale, que no quedará detenido hasta que la sentencia no quede firme, la acusación sostuvo durante el juicio oral que falsificaba la firma del juez federal 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, maniobra delictiva denunciada por el mismo magistrado.
El fiscal actuante, Carlos Gonella, había requerido cinco años y seis meses de prisión por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público reiterado (siete hechos) como partícipe necesario y en concurso real, cuatro hechos de estafa reiterada en concurso real y estafa en grado de tentativa (tres hechos) en concurso real.
De acuerdo con la instrucción, Viale "fabricaba" oficios con la firma de Bustos Fierro para destrabar depósitos en moneda extranjera que se encontraban en bancos privados.
Según la acusación, con esos instrumentos apócrifos, el abogado concurría a las entidades crediticias de esta ciudad y conseguía que les entregaran el dinero a sus clientes.
Al detectarse irregularidades, particularmente que la supuesta firma del juez no era auténtica, se inició la investigación por parte del fiscal, quien además había solicitado que se corra vista para investigar la posible existencia del delito de tráfico de influencias.
Por medio de los juicios de amparo se cuestionaba la constitucionalidad de la normativa que había pesificado los depósitos en moneda extranjera y, al mismo tiempo, se solicitaba a los jueces federales que ordenaran a los bancos que destrabaran los fondos "atrapados" por el corralito (Télam).-