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Jueves 21 de noviembre de 2019
Viento Norte

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Jueves, 21 de Noviembre de 2019 00:00

No es la primera vez que Francisco pone la lupa sobre estos temas que se enmarcan en lo que él mismo denomina “la irracionalidad punitiva” (así lo calificó en el encuentro con los juristas), una cuestión que es objeto de debates no sólo en la Argentina sino también en muchos países donde existe una mayor fragilidad de las instituciones democráticas. Valga esta aclaración porque entre los argentinos existe una marcada tendencia a interpretar todo -o casi todo- lo que dice el Papa como dirigido exclusivamente a interpelar a algunos protagonistas de la compleja realidad nacional cuando, en rigor, los mensajes y las reflexiones papales se caracterizan, salvo ciertas excepciones por supuesto, por su universalidad. De todos modos, hay que decir que la Argentina, lamentablemente, no está exenta de estos graves problemas que plantea el Sumo Pontífice y por eso la importancia que tiene reflexionar sobre ellos.
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Dicho esto, y retomando el problema planteado respecto de la necesidad de enmarcar el poder de punición dentro de unos límites perfectamente establecidos, vale rescatar las propias palabras de Bergoglio cuando señala que “lo primero que los juristas deberían preguntarse hoy es qué pueden hacer con su propio saber para contrarrestar este fenómeno, que pone en peligro las instituciones democráticas y el mismo desarrollo de la humanidad”.
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“El reto actual para todo penalista es el de contener la irracionalidad punitiva”, sostuvo el Papa Francisco ante el auditorio que siguió con atención su mensaje, y explicó que ese fenómeno se manifiesta, entre otras cosas, “en reclusiones masivas, el hacinamiento y las torturas en las prisiones, la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la ampliación del ámbito de la penalidad, la criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva y el repudio de las garantías penales y procesales más elementales”. Como se dijo, nuestro país no se puede jactar de estar libre de estos problemas. Según relevamientos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación durante el año 2018 registraron un total de 1395 víctimas de torturas y malos tratos en cárceles, lo que confirma la falta de límites del poder punitivo y la urgente necesidad de diseñar políticas criminales que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad. Acaso sea necesario recordar que el artículo 18 de la Constitución Nacional constituye una de las máximas garantías de la libertad personal, frente al abuso de poder, sin desconocer los legítimos derechos de la sociedad de defenderse ante una acción delictiva. “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”, señala claramente el texto constitucional.
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Por otra parte, el Papa recordó también que “una de las frecuentes omisiones del derecho penal, consecuencia de la selectividad sancionadora, es la escasa o nula atención que reciben los delitos de los más poderosos, en especial la macro-delincuencia de las corporaciones”. A la luz de esta observación, no debe llamar la atención que en casi todo el mundo la mayoría de la población carcelaria esté integrada por personas de los sectores populares y más vulnerables. ‘El derecho penal no ha sido capaz de protegerse de las amenazas que, en nuestra época, pesan sobre las democracias‘, afirmó el Santo Padre. Es de esperar que las palabras del jefe de la Iglesia Católica sirvan para reflexionar sobre estos desafíos que enfrentan las democracias y permitan avanzar en la construcción de sociedades más justas y respetuosas de los derechos fundamentales de las personas.
 
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