Un “piquete” en la justicia

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El fallo de la Cámara Federal de Resistencia por el cual revocó el procesamiento al ciudadano Félix Díaz y a su esposa Amanda Asijak por el corte de la ruta nacional 86 en 2010, cuyas derivaciones terminaron con dos personas fallecidas, genera controversias respecto al rol de los jueces a quienes la división republicana de poderes le otorga la prerrogativa de interpretar las leyes.
Todo pronunciamiento judicial debe adecuarse a las circunstancias de cada hecho particular. No puede existir un concepto pétreo de justicia -salvo en su núcleo central- sino que se debe dilucidad cada caso con la inteligencia, ecuanimidad y sentido común.

El criterio central que adoptó el tribunal de alzada es que “no debe judicializarse una protesta social”.

Este concepto debe ser tomado para cada caso particular y no en forma terminante para todas las protestas que impliquen cortes de rutas o “piquetes” que no permitan la libre circulación de los demás ciudadanos, sobre todo en un lugar es donde no existe otra vía para el tránsito.

No puede más que estar de acuerdo en que no se debe “criminalizar la protesta”. Sin embrago cuando analizamos el caso de Félix Díaz encontramos este se negó permanentemente al diálogo, no aceptando las propuestas del Estado, formando un “piquete” defendido por armas de fuego, con participación activa de personas ajenas a la comunidad dado el tiempo político reinante en el país, y en todo momento rechazaron las propuestas de diálogo intentadas.

El fallo emitido no se remite solamente al caso abordado sino que emite una sentencia de carácter general: “no judicializar la protesta social”. Más allá de las circunstancias que la motivaron puedan ser legítimas o no. El Poder Judicial debe examinar los “hechos fácticos”, es decir, qué es lo que realmente sucedió con su contexto, cosa que el Tribunal Federal pasó por alto.

Mucho se habla de fallos que contienen un alto grado de connotación política; ¿qué era más fácil en este caso? Lógicamente apuntar al sobreseimiento para no tener un reclamo de aborígenes en las puertas de los tribunales. Eso no es aplicar la justicia sino eludir la responsabilidad que como jueces de la Nación deben a todos los ciudadanos.

En el marco de una Argentina que ha cambiado sustancialmente desde el neoliberalismo que cerró fuentes de trabajo, o donde el Poder Ejecutivo Nacional se apropió de los fondos de ahorristas, las protestas sociales pueden obedecer a casos puntuales que no lesionan el legítimo derecho a la protesta o a la reunión en el espacio público cómo único medio de hacer visible un reclamo.

Pero en la causa originada por el piquete encabezado por Félix Díaz se prolongó tanto en el tiempo no por la intransigencia del gobierno de Formosa sino al contrario, por el rechazo de un reducido grupo de habitantes de la colonia La Primavera que, en su reclamo de tierras, primero habían usurpado un campo privado y luego cortaron totalmente el tránsito de una ruta nacional sin que hubiese caminos alternativos para quienes gozan del derecho de la libre circulación.

No se examinó la cuestión de fondo. Es decir, el reclamo. Félix Díaz pretende apropiarse de tierras desde el criterio de la “ancestralidad” cuando el relevamiento y la mensura de los predios ocupados por pueblos originarios se realizan desde el lugar del espacio “efectivamente ocupado”, como lo marca el gobierno nacional.

Pero existe un hecho revelador que sustenta lo antes afirmado. El señor Félix Díaz peticionó y obtuvo una medida cautelar en la Justicia federal de Formosa, mediante la cual se ordenó no innovar en orden a la construcción en las tierras que Díaz reclama como propias de la comunidad, del Instituto Universitario Formoseño. Tal resolución tornó innecesario el corte de ruta, ya que el derecho que reclamaba se encontraba amparado contra actos de la administración pública por una orden judicial. Sin embargo, a pesar que el caso ya no encuadraba en las eximentes del artículo 34 inciso 4º del Código Penal, no solo no levantó el corte de ruta sino que lo endureció.

En efecto, a instancias del Defensor Público Oficial, Gonzalo Molina, se presentó la medida cautelar que fue resuelta favorablemente por el juez subrogante Pablo Núñez Pividori. La medida cautelar pedía “no innovar” para que la Universidad Nacional de Formosa y/o la provincia de Formosa “se abstengan de realizar cualquier acto en el territorio históricamente identificado como Reserva Aborigen Laguna Blanca y luego como Colonia la Primavera”. Ello ponía la cuestión bajo un marco protector que permitiría dialogar sobre la cuestión de fondo, es decir, la reclamada propiedad de 609 hectáreas.

Frente a ello, los manifestantes se negaron a levantar el Corte de la Ruta Nacional 86. Ya no defendían un derecho que se encontraba judicialmente amparado sino la protesta misma. A pesar que la medida cautelar fue dictada el 23 de septiembre de 2010, el señor Díaz extendió el corte dos meses más, aunque, como señalamos anteriormente, su derecho se hallaba bajo una amplia protección judicial. Se exigía al Gobierno de la provincia de Formosa, y aún se exige la propiedad de una fracción de tierra que se encuentra judicializada, tanto por el señor Díaz como por jueces provinciales que intervienen en juicios sucesorios, lo cual torna la cuestión compleja como para decidir una solución en el marco de un conflicto de esta naturaleza.

Tenemos entonces que; si se obtuvo una medida cautelar de la justicia federal, si se puso en manos del Poder Judicial la cuestión de la propiedad de la tierra, necesariamente el “método de lucha” debe cambiar.

Ni el Gobierno Provincial, ni la autoridad jurisdiccional desoyeron los reclamos y las argumentaciones, incluso aquellas poco razonables. Se les pedía que dialoguen, pero invariablemente respondían con el endurecimiento de la protesta, con el trágico resultado por todos conocido.

En el fallo la Cámara Federal de Resistencia señala livianamente que la provincia de Formosa ha desatendido los múltiples reclamos de las comunidades indígenas en violación de preceptos de orden superior. Omite el fallo que el único caso en el que le tocó actuar es precisamente el del señor Díaz.

En todos los casos se ha dialogado y se han arrimado soluciones a problemas de pobreza estructural que llevará mucho tiempo reparar, reparación que deberá darse por medio de políticas públicas de reordenamiento territorial, construcción de viviendas, agua potable, hospitales, escuelas, rubros en los cuales la provincia de Formosa ha dado enormes pasos en la última década, dato que sin duda el Poder Judicial debe mensurar antes de calificar a una provincia y a un pueblo que combate desde hace tiempos la postergación histórica a la que fue sometido.

Si nos atenemos a la letra fría del fallo de la Cámara Federal de Resistencia sólo ven una parte de los hechos. Lo peligroso es que están legitimando los piquetes como forma de reclamo.

De todas maneras, algo aún más grave sobrevuela el fallo aludido. Cuando los jueces dejan entrever, muy livianamente, que el corte de ruta es un modo legítimo de protesta social, se están erigiendo en legisladores, al derogar, en la práctica, porciones sustanciales del Código Penal, sobrepasando competencias constitucionales sin haber sido votados por ningún argentino. Por esta vía, se está vulnerando el principio de divisiones de poderes, piedra angular sobre la que se posa la mismísima República. Y eso, ya es jugar con fuego.



CARLOS ROBLE
DNI Nº 23.306.847

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