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Sábado 19 de septiembre de 2020

Los economistas advierten sobre la viabilidad del plan para financiar 4 millones de empleos con impuestos

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Los sindicalistas Gerardo Martínez, Pablo Moyano y Sergio Sasia se unieron a Juan Grabois y otros dirigentes sociales para lanzar el Plan de Desarrollo IntegralLos sindicalistas Gerardo Martínez, Pablo Moyano y Sergio Sasia se unieron a Juan Grabois y otros dirigentes sociales para lanzar el Plan de Desarrollo IntegralSindicatos y organizaciones sociales quieren que el Gobierno impulse un programa de empleo social con fondos del Tesoro y aportes voluntarios deducidos de Ganancias que se puedan transformar en ahorro para la inversión Un proyecto consensuado por organizaciones sociales y sindicatos para generar 4 millones de empleos con financiamiento público llegó al escritorio del presidente Alberto Fernández y da sus primeros pasos como una de las alternativas en danza para la economía de la post pandemia. La iniciativa, ambiciosa en cuanto a la cantidad de personas que busca alcanzar, recoge distintas miradas entre los economistas. Desde rechazos a tratar de generar empleo desde el Estado en lugar de impulsar la inversión, pasando por las críticas a apuntar a la creación de puestos de baja productividad a miradas de apoyo por la mirada puesta en superar los planes sociales en favor de una estrategia basada en el trabajo. El debate sobre el rol del Estado en la economía que vendrá se reavivó, dado el golpe que sufrió la actividad en el año de la pandemia y el salto de la desocupación que ahora la UCA estima en más del 15%.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, presentó esta semana en compañía con gremialistas como Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) su “plan Marshall” para generar empleo de la mano del Estado. Con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos “crearíamos 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”, aseguran los impulsores.

A grandes rasgos, el proyecto propone utilizar fondos públicos para financiarse. En principio, en base a la reasignación de parte del Impuesto a las Ganancias a personas físicas y, además, mediante un fondo de ahorro en pesos en los que trabajadores alcanzados por ese tributo puedan colocar parte de lo que pagan por ese mismo concepto como forma de incentivar el ahorro. De esa manera, señalan, pretenden impulsar el trabajo en el sector de la construcción y otros rubros de baja calificación, que es donde sostienen que hay mayores necesidades de inserción laboral.

El déficit fiscal hasta junio es 7,5% del PBI. Si agregamos el gasto prorrateado de este plan (375.000 millones) el déficit ya se va al 10% del PBI (9,7%). En un país que no tiene financiamiento eso es tentar a una mayúscula crisis (Carrino)

Para el economista y titular de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, el proyecto resulta interesante por focalizar un problema de empleo que existe y necesita ser atendido. Pero, más allá de la iniciativa, la concepción del programa tiene varios puntos opinables, como las fuentes de financiamiento, la necesidad de evitar la corrupción y el problema del ahorro para transformar en inversión, que va más allá de un programa.

“Me parece una iniciativa interesante porque se preocupa por un segmento al que le cuesta insertarse en el circuito formal de la economía y que entiende que la solución es trabajo, porque recibir asistencia social no ayuda a la dignidad humana y tiene consecuencias lamentables. De hecho, esa idea de consolidar distintas ayudas en un programa de trabajo me parece buena idea”, dijo Tiscornia.

“Ahora, hace falta una inversión de cerca del 1,1% del PBI, que no es un monto menor porque precisamente el frente fiscal está muy complicado por el problema de las mayores ayudas sociales que se hicieron necesarias por la pandemia y la caída de la recaudación. Interesante sería que el gasto saliera de reformas presupuestarias como para que los recursos que hoy en día el Estado está usa de manera menos eficiente que este proyecto. Si los proyectos pasan una evaluación de razonabilidad, que es otro punto, debería ser el Estado el que se reorganizara para que no fuera más déficit fiscal”, dijo.

“Después, otro punto muy importante es que hablan de organismos de control, gestiones que se tienen que hacer para las obras, toda una estructura organizativa que tiene que estar libre de corrupción algo en lo que la Argentina no es muy buena, porque esto lamentablemente es caldo de cultivo para la corrupción”, agregó Tiscornia.

“Otro punto es el de ahorro, que como idea es genial, pero entrás en un concepto más general. Para resolver esto, lo que están diciendo en el fondo, es que se necesita inversión. No escapa a la previsibilidad macro para necesaria para fomentar la inversión. Un fondo en pesos si no das señales respecto a la inflación o de respeto a la propiedad privada muy claros no generás la confianza para que alguien invierta. Imaginemos que este fondo toma volumen, termina estando cotizadísimo por políticos de todos los signos que tienden a apropiarse de eso”, concluyó el economista de C&T.

Otro punto es el de ahorro, que como idea es genial, pero entrás en un concepto más general. Para resolver esto, lo que están diciendo en el fondo, es que se necesita inversión. No escapa a la previsibilidad macro para necesaria para fomentar la inversión (Tiscornia)

Para el economista Iván Carrino, en cambio, el proyecto es directamente inviable desde el punto de vista fiscal. “El déficit fiscal hasta junio es 7,5% del PBI. Si agregamos el gasto prorrateado de este plan (375.000 millones) el déficit ya se va al 10% del PBI (9,7%). En un país que no tiene financiamiento eso es tentar a una mayúscula crisis fiscal o bien agravar la que ya existe. Es decir, tasas altas de riesgo país y de inflación y devaluación”, dijo.

“El segundo es que se propone financiar esto con más impuestos. Entonces ahí tenés dos problemas. El primero es que no hay reactivación económica si les sacás a unos para darles a otros. Vas a tener más gasto en estos nuevos empleados, pero menos gasto, ahorro (que es crédito) y reinversión de partes de las empresas y personas a las que les aumentes los impuestos. La cuenta te termina dando cero”, argumentó.

“Y por último el tema de crear trabajo en cualquier cosa que sea no tiene sentido económico. Se crea trabajo en la medida que las empresas o empresarios detectan oportunidades de negocio. Es decir, necesidades insatisfechas de potenciales clientes. Eso agrega valor económico que es lo que genera verdadera riqueza y como subproducto genera empleos sostenibles en el tiempo y productivos en el sentido económico de la palabra. Crear trabajo por el solo hecho de hacerlo es un derroche de recursos que son escasos y que van a producir cosas elegidas por los políticos y no x la gente en un mercado. Eso genera ineficiencia y a la larga pobreza y crisis”, agregó.

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