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Jueves 24 de septiembre de 2020

La violencia que ocultan los K

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Sebastián Maldonado y la utilización política que el kirchnerismo hace con las víctimas. Sebastián Maldonado y la utilización política que el kirchnerismo hace con las víctimas. El kirchnerismo ordenó revisar la muerte de Santiago Maldonado. Pero se desentiende, en silencio, de la desaparición de Astudillo Castro. Con la cuarentena como escudo.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, hizo la semana pasada una declaración reveladora. “Es posible que hubiera habido un escándalo si lo de Facundo pasaba en el gobierno de Macri (Mauricio)”, afirmó.

Fue durante una entrevista en diario Perfil. Facundo Astudillo Castro es el joven que está desaparecido hace más de cien días en Buenos Aires. Con pistas que indicarían algún tipo de intromisión de la Policía provincial.

La admisión de Frederic ocurrió al mismo tiempo que el Ministerio de Seguridad denunció al ex jefe de gabinete de esa cartera durante la gestión de Patricia Bullrich, por la actuación de la Gendarmería durante el episodio que concluyó con la muerte por ahogo en el río Chubut del artesano Santiago Maldonado.

Tal correlato no parece casual. El kirchnerismo sigue empeñado en tratar de adjudicar aquella tragedia a la responsabilidad macrista.

En ese camino va enlazando otros objetivos. Por caso, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, contó que el procurador general, Eduardo Casal, fue quien lo desplazó de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), cuando estaba realizando en Esquel un informe sobre los sucesos. Para el actual funcionario la Justicia se habría expedido de apuro sobre la tragedia de Maldonado.

La visión de la administración macrista agrega pormenores. Crous, que colaboraba con la fiscalía y el juzgado, habría sido el encargado de elaborar los testimonios de los mapuches que describieron como, supuestamente, Maldonado había sido detenido y cargado en un vehículo de Gendarmería. Todo falso.
La aparición de Casal en medio de aquel conflicto reabierto responde a una maniobra.

El Gobierno pretende su renuncia a la Procuración como parte de la ofensiva que lanzó con la reforma judicial y la posibilidad de modificar la estructura y el número de miembros de la Corte Suprema.

Para lograr el objetivo se han hecho 17 presentaciones con pedidos de juicio político al jefe de los fiscales. La mayoría, vaya coincidencia, alude a su supuesta protección de Carlos Stornelli. El fiscal que intervino junto a Carlos Rívolo en la causa de los Cuadernos de las coimas.

La fiscal Gabriela Boquín, que lleva la causa del Correo contra Macri, formuló duras críticas contra el procurador que le instruyó un sumario por abuso de autoridad. Ocurrió en la Comisión Bicameral del Ministerio Público. Más allá de sus acusaciones habría algo improcedente en su conducta.

Aquel sumario transitó los carriles burocráticos de la Procuración y fue avalado unánimemente por la comisión de cinco fiscales, dos de los cuales pertenecen a Justicia Legítima.

La presión sobre Casal, que ejerce de forma interina, ocurre desde varios lados. Alberto Fernández pretende designar al juez Daniel Rafecas pero los dos tercios del Senado, con la presente radicalización política, asoman remotos.

La renuncia de Casal podría permitir el ascenso de Víctor Abramovich, ligado al CELS y preferido por Cristina Fernández. Antes de eso debiera renunciar la sucesora natural, Laura Monti. Los K dicen que ese paso lo tienen garantizado.

l contraste entre el silencio del Gobierno y de sus múltiples organizaciones afines –las de derechos humanos- sobre Astudillo Castro y el espoleo del caso Maldonado desnudan la utilización política que el kirchnerismo hace con las víctimas, según sea su pertenencia y el momento en que ocurran.

Con el joven artesano que falleció ahogado en Chubut se pretendió rotular la causa “desaparición forzada del Estado”. No hubo comprobación. Se trata de la meta que persigue la reapertura de la investigación. Así figura caratulada, en cambio, la causa de Astudillo Castro.

Por las evidencias que involucrarían a agentes de la Policía Bonaerense. Total silencio kirchnerista. Sólo existió una inquietud directa del Presidente, que recibió en reserva a la madre del joven desaparecido. Y una declaración de Estela Carlotto. Dijo que es “una desaparición en democracia”. Como si dijera que hoy es domingo.



Por Eduardo van der Kooy

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