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Miércoles 05 de agosto de 2020

La caja de previsión social de la provincia tiene un déficit per cápita de $3.161

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Formosa tendría un adicional de inversión de cerca de un 45% si el sistema de previsión social  hubiera pasado a la NaciónFormosa tendría un adicional de inversión de cerca de un 45% si el sistema de previsión social hubiera pasado a la NaciónEl desequilibrio de las cajas “disminuye la posibilidad de ejecutar gastos de capital y/o compromete las posibilidades de afrontar las obligaciones por deudas” de las provincias, según advierte el informe del Ieral, respecto de las consecuencias de la situación.
Córdoba es una de la provincias que administra su propio sistema previsional para el empleo público pero a diferencia de las demás, encaró una reforma coyuntural.

En Córdoba, el paso que dio el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, al hacer una reforma del sistema jubilatorio que le ahorrará al tesoro provincial unos $7500 millones este año, abre un interrogante sobre si otro mandatario de la docena de distritos que no traspasaron sus cajas previsionales a la Nación se animarán a ir en la misma dirección.
Con casi dos años de caída tanto de la recaudación propia como también de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, y con un incremento de los gastos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del Covid-19, las finanzas provinciales crujen y no hay mucho espacio por dónde recortar.
En el caso cordobés, una de las claves de la reforma aprobada en el mes de mayo es que se dispuso una nueva modalidad para el cálculo del haber inicial. Hasta ahora el Estado provincial pagaba el 73% del salario bruto que se tenía en actividad; con la modificación se pasará al 67%
(seis puntos menos). Otro cambio es que se volverán a diferir el momento en que reciben los aumentos los jubilados, una vez que se otorga la suba a los trabajadores activos. Hoy ese incremento se da en forma simultánea, pero el proyecto de Schiaretti planteó demorarlo dos meses.
Además de Córdoba, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego mantienen los sistemas jubilatorios de los empleados estatales bajo su órbita. Todas esas cajas -con excepción de la misionera- están en rojo, porque los aportes de los trabajadores
activos no alcanzan. Entonces, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cubre una parte (equivalente al déficit que existiría si el sistema hubiera sido traspasado), en tanto que del resto deben hacerse cargo las propias provincias.
El problema, de larga data ya, alcanza a las jurisdicciones que decidieron no transferir sus sistemas a la Nación entre los años 1994 y 1996. En aquel entonces sí dejaron de tener regímenes propios, por sus empleados públicos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Ese pase incrementó el rojo del sistema nacional.
Si la medición del déficit de cada lugar se calcula per cápita, Santa Cruz encabeza el ranking con 9734 pesos; le siguen Entre Ríos (4237 pesos); Formosa (3161 pesos); Chubut (2328 pesos) y Córdoba (2144 pesos). Esos datos se desprenden de un análisis realizado por los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, del Ieral de Fundación Mediterránea. En 2018, las trece cajas le significaron a las cuentas de
la administración nacional transferencias por 19.529 millones de pesos, en tanto que el año pasado el monto llegó -según la estimación del centro de estudios económicos- a unos 24.000 millones de pesos.
El trabajo del Ieral determina que el conjunto de sistemas previsionales provinciales -tanto los transferidos a la Nación como los que se mantienen en cada jurisdicción- presentan un déficit cuando solamente se consideran los egresos y los ingresos previsionales. Para el primer semestre de 2019, ese desequilibrio resultó de 1079 pesos per cápita promedio en el primer grupo y de 1413 pesos en el segundo. La diferencia es que las que no pasaron a estar bajo la órbita de la Nación se financian en su mayoría con recursos de los respectivos gobiernos provinciales y, en menor medida, con transferencias nacionales.
El desequilibrio de las cajas “disminuye la posibilidad de ejecutar gastos de capital y/o compromete las posibilidades de afrontar las obligaciones por deudas” de las provincias, según advierte el informe del Ieral, respecto de las consecuencias de la situación.
Para tener una idea de la magnitud del problema, el informe expone datos que muestran que el déficit previsional puro representó 12% de los recursos corrientes de la provincia de Santa Cruz en el primer semestre de 2019, en tato que en Entre Ríos ese índice fue del 10%. En Córdoba y en Santa Fe el peso del rojo equivale a alrededor de 6% de los ingresos corrientes (los propios más los transferidos desde la gestión de la Nación).
Si se consideran solamente los recursos tributarios propios, el rojo equivale a 107% de esos ingresos en Formosa y a 45% en Entre Ríos. Y en
Córdoba y en Santa Fe, a alrededor de 22%.
¿Qué pasaría si esas provincias hubieran pasado sus sistemas a la Nación? ¿Cuánto más podrían haber invertido en el primer semestre de 2019? Según el informe citado, en ese supuesto Santa Cruz podría haber multiplicado por seis la inversión realizada; Entre Ríos, por 3,2; Buenos Aires, por 2,7; Córdoba podría haber ejecutado un 66% adicional de inversión pública y Santa Fe, un 54% más que el número real.
Si se mide el gasto previsional con relación al gasto corriente, ese guarismo resulta del 25% en Entre Ríos; de 24% en Santa Cruz; de 23% en Córdoba; de 21% en Formosa y en Santa Fe, y de 20% en Buenos Aires. Esto es, el gasto en jubilaciones puede resultar equivalente hasta a un cuarto de las erogaciones corrientes en las provincias con sistemas previsionales propios. Las trece cajas no transferidas cuentan con diferentes tasas de aportes y contribuciones para diferentes regímenes, las cuales también difieren con relación al esquema nacional. Y este fue un factor clave en las discusiones que hubo en los últimos años por el financiamiento del déficit. Fuente: La Nación.

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