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Lunes 01 de junio de 2020

La deuda impagable, nuevas cristinadas judiciales y Alberto el malabarista

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La deuda impagable, nuevas cristinadas judiciales y Alberto el malabaristaLa deuda impagable, nuevas cristinadas judiciales y Alberto el malabaristaSutilezas brutales o cómo el cristinismo desautoriza a Guzmán

La afirmación más importante que dio el Gobierno sobre los meandros de la negociación de la deuda, la hizo en boca de la máxima autoridad para atender ese trámite. “El miedo que yo tenía era que, realmente, los bonistas acepten nuestra propuesta. Porque, si aceptaban, ¿con qué les íbamos a pagar? No estamos en condiciones de pagar 1.000 millones de dólares, ni 1.000 millones de pesos. Me dicen: ‘¿Usted qué opina?’ Yo tengo miedo de que acepten porque esa deuda es impagable”.

Lo dijo José Mayans en el debut del Senado virtual. El legislador es, además, el jefe de la bancada de los peronistas cristinistas, el responsable institucional máximo de la Argentina en el tema deuda externa, como titular de la Comisión Bicameral de la Deuda (traducción simple de un rótulo más pomposo: Comisión de Seguimiento y Control de la Gestión y Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación). No puede acumular más chapas, pese a su estilo chancero y gastador. Tiene más poder en el tema deuda que el ministro Martín Guzmán y que el propio presidente Alberto Fernández, porque la deuda es un asunto del Congreso, y el Ejecutivo actúa por delegación de esas funciones.

Esa afirmación del senador figuró en su discurso de cierre de la sesión que le aprobó las DNU al Gobierno, y marca un camino -como no lo han hecho afirmaciones capciosas de otros funcionarios- en la voluntad o no de defaultear la deuda. Queda consignado, porque en la Argentina la opinión de un congressman no tiene la respetabilidad que tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos.

Los clientes de este tipo de mensajes atienden lo que dicen los legisladores, que pertenecen además al partido que gobierna el país. Mayans es vicario de las percepciones de Cristina de Kirchner, que viene diciendo desde su debut como senadora en diciembre de 2017 que “esta deuda no se puede pagar”. Mayans, que no es Parrilli (a quien Cristina destrata en público), nunca dirá nada en un tema tan delicado si no es en concierto con la vicepresidente.
Reabre el Senado para discutir superpoderes

El Senado ganó músculo con el debut de la virtualidad legislativa. Será este lunes la sede de un debate de postín. Está citada la Bicameral que analiza los DNU y tiene para tratar un paquete de decisiones también coronavirales. Entre ellos el decreto 457 que autoriza al Ejecutivo a gastar por encima de las limitaciones que tenía para este año, que era el 7% según la última ley de emergencia.

La oposición hizo interconsultas sobre el temperamento que le darán a la discusión, que podrá verse on line. Allí el Gobierno defenderá la necesidad de gastar más de lo que tenía autorizado. Los críticos de esta decisión la consideran más de fuerza simbólica que de necesidad y urgencia técnica. Hacia adentro es una reivindicación del rol de Santiago Cafiero como jefe de Gabinete, frente a las críticas de sectores cristinistas que querrían esa posición para algún propia tropa.

Hacia afuera, es consagrar la táctica que traduce el dicho “poder del que no se abusa, poder que no se tiene”. La oposición le hubiera dado las facultades a Alberto, que es quien decide el gasto, no Santiago.

Lo manda por DNU para exhibir la voluntad de no acordar, una muestra de intransigencia, actitud que en el peronismo se premia. Y más en un gobierno débil como éste. Otro sector de la oposición, el bloque que administra Graciela Camaño -Consenso Federal- también lo considera redundante.

En un análisis del que participó el mentor de ese sector, Roberto Lavagna, se concluyó que con el 7% que tenía autorizado, prácticamente no había tope, porque el mayor porcentaje del gasto ya tiene finalidad específica y está comprometido. Estas licencias se disparan fácilmente pero las consecuencias se pagan, tarde pero se pagan. Néstor Kirchner prorrogó por DNU un pacto fiscal para no devolver a las provincias el 15% que les había sacado por los acuerdos previsionales. Terminó en un juicio que perdió la Nación y que se le facturó a Mauricio Macri apenas asumió. Sigue sin pagarse esa deuda.

Por Ignacio Zuleta

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