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Martes 16 de julio de 2019

Condiciones para un acuerdo político

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Lograr soluciones efectivas a los complejos problemas que tiene la Argentina de hoy necesita una base de apoyo y legitimidad política muy amplios.

En los últimos días la conversación pública de la Argentina ha girado en gran parte en torno a la posibilidad de la firma de un acuerdo entre diferentes actores políticos y sociales del país. Surge con prisa una auspiciosa voluntad y una conversación acuerdista que ha sorprendido a protagonistas y espectadores, pero al mismo tiempo hay algunos elementos intervinientes que conspiran contra su realización plena y efectiva.

Como la Argentina ha sido históricamente un país de desencuentros, un intento de acercamiento será siempre positivo. Nunca hemos tenido un consenso compartido acerca de cómo debíamos convivir.

En nuestro pasado ha prevalecido largamente la imposibilidad de lograr tanto una forma de gobierno como un acuerdo básico acerca de algún tipo de desarrollo capitalista. Lo mismo podría decirse de las características que debería tener el Estado, tanto en su tamaño y funciones como en su relación con la sociedad.

Más bien nos hemos desangrado en todo tipo de disputas sobre estas diversas posibilidades, y hemos sufrido su consecuencia lógica: inestabilidad política, poco o nulo crecimiento económico, y deterioro del Estado y de las condiciones de vida de la sociedad.

Sólo la transición democrática de 1983 pudo echar algunas raíces en cuanto a la tolerancia y la convivencia políticas, pero también vemos que algunas de ellas nunca llegaron a afianzarse, y que una parte significativa de nuestros compatriotas preferiría volver a las andadas del avasallamiento de los valores más fundamentales de las constituciones de 1853 y 1994. Frente a este historial, toda iniciativa, del gobierno o de la oposición, es (y está siendo) bienvenida.

En la misma dirección positiva, lograr soluciones efectivas a los complejos problemas que tiene la Argentina de hoy necesita una base de apoyo y legitimidad política muy amplios, pues requieren modificar mucho el estado de cosas y afectar muchos intereses, y está visto que tal como funciona la democracia argentina desde 1983 eso está dentro de los límites de lo deseable pero no dentro de los límites de lo factible: ningún grupo tiene por sí solo la convicción o la fuerza suficientes como para encarar un proceso semejante, por más evidente que sea su necesidad.

Ahora bien, existen elementos que no ayudan a esa anhelada conjunción. En primer lugar, el país ya entró de lleno en el período electoral, e incluso ya comenzó la campaña presidencial. Por definición, las campañas electorales son períodos en que partidos y candidatos hacen esfuerzos para diferenciarse de sus competidores para reclamar el voto de los ciudadanos.

El “timing” conspira contra el objetivo de acercar posiciones. En segundo lugar, la credibilidad social de los actores no es la mejor, no solamente en cuanto a la representatividad real que puedan concentrar (independientemente de los porcentajes de intención de voto que muestren las encuestas), sino sobre todo la credibilidad entre ellos mismos.

Es difícil prever la disposición a firmar −y en el mejor de los casos, a respetar− un acuerdo entre actores que se desconfían más de lo que se reconocen como interlocutores. En términos generales, casi ninguno de ellos cree haber hecho nunca nada mal, lo que hace menos verosímil la legitimación recíproca que la firma de un acuerdo implica.

Tercero, el contenido tampoco ayuda. Lo que más se conoce es un borrador elaborado por el gobierno con diez puntos bastante ambiguos, varios de los cuales son incluso inconsistentes con su propio desempeño. Además, lograr un acuerdo sobre cómo esos objetivos loables podrían hacerse operativos y/o aplicables implicaría unas conversaciones entre líderes y técnicos que llevarían un tiempo que no parece estar disponible en medio de la campaña y de la volatilidad económica.

La coyuntura y la modalidad constituyen otro elemento negativo. El Gobierno toma al fin una iniciativa, pero se ve tironeado por las críticas −varias de ellas son chicanas que degradan la calidad de cualquier conversación−, los condicionamientos, los señalamientos de que faltan tales o cuales temas importantes, la contraoferta de nuevos puntos y/o listados alternativos, y los previsibles desplantes de actores políticos importantes, todo ello a través de la prensa y bien lejos de la serenidad que una empresa como esta requeriría.

En definitiva, no parece tratarse de una replicación del siempre invocado Pacto de la Moncloa, cuando después de las elecciones de 1977 los españoles decidieron mirar para adelante y adoptar la moderación centrista. Los indicadores económicos no eran en conjunto peores que los nuestros ahora, pero la dirigencia se comprometió, a través de la negociación parlamentaria, a una práctica de concertación que sustituyó a la intolerancia y la rigidez del pasado.

El fruto de esos consensos fue no sólo una nueva Constitución, sino importantes reformas sobre temas que habían obstruido el desarrollo político y económico del país (sobre el poder monárquico, los militares, la Iglesia y su papel en la educación, las autonomías locales, los impuestos, los salarios, el gasto público, la seguridad social y el sistema financiero).

En cambio, la contradanza que observamos por estas horas se parece más a la adopción de movimientos electoralistas de corto plazo por parte de casi todos los actores para, una vez más, arrinconar a sus contendientes y/o defender sus posiciones y/o intereses de cara a la elección. En el mejor de los casos, quizás se reduzca el riesgo político del año electoral frente a los mercados internacionales. Pero esta táctica no puede brindar las certezas que la realidad y la historia argentina reclaman, y nuestras chances de lograrlas parecen estar cada vez más lejos.


Por Martín D’Alessandro

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