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Miércoles 20 de marzo de 2019

Viento Norte

Edicion Impresa - Viento Norte

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El trabajo recuerda que la Seguridad Social, entendida como el conjunto de instituciones que tienen por objetivo la protección de las personas y las familias frente a determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad, desempleo, maternidad, cargas de familia, muerte, accidente de trabajo y enfermedad profesional), es un sistema solidario donde el Estado asume un papel fundamental. Por otra parte, explica que la Previsión Social es un componente central de la Seguridad Social, a través de la cual el Estado cumple la función de relacionar a las personas en su etapa activa con su etapa pasiva, dadas las circunstancias existentes que les dificultan el acumular fondos para la vejez.
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El problema que se plantea en la actualidad en el país, es que las prestaciones de la asistencia social demandan cada vez mayores fondos para su financiamiento, en momentos en que factores macroeconómicos y vinculados al mundo laboral comprometen esos aportes. Por eso, el informe remarca la necesidad de adoptar medidas que permitan que el sistema sea sustentable en el largo plazo, de modo tal que se pueda resolver de la mejor manera posible el desafío que presenta el envejecimiento de la población, a lo que debe sumarse las bajas simultáneas en las tasas de fecundidad y de mortalidad.
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En un seminario en el que se presentó el estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto Público, ante la presencia de funcionarios de la seguridad social y expertos en la materia, se hizo mención también a la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, con el fin de proponer un proyecto de revisión del sistema. Sobre ese tema, la coordinadora del estudio titulado “Evolución y financiamiento de la previsión social en Argentina”, Graciela La Ruffa, observó que el plazo fijado para que se presente el proyecto de revisión vence en julio próximo, de modo que la cuestión adquiere hoy una especial importancia. Vale rescatar otras observaciones planteadas en el seminario como la que señala diversas reformas al sistema fueron aplicadas en los últimos tres años, como la prestación universal para adultos mayores que asegura haberes no inferiores a 80 por ciento de la jubilación mínima, o el el cambio en la fórmula de movilidad y la posibilidad de que los empleadores extiendan hasta los 70 años (a los varones) el plazo para la intimación al retiro de los trabajadores, entre otras modificaciones.
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En relación a la evolución del sistema, también se mencionó los resultados que arrojaron las moratorias previsionales de 2004 y 2014 que, según los expertos, redundaron en un crecimiento del padrón de beneficiarios, desde 1,5 millón hasta 5 millones, mientras la movilidad de haberes los aumentó primero en 32 por ciento en términos reales desde el año 2009 a 2013 los ingresos, y los redujo luego en 7,6 por ciento entre los años 2014 y 2017. Se recordó, además, que la reciente caída en el gasto en seguridad social coincidió con un aumento del déficit del sistema en el último trienio, compensado parcialmente por un incremento en los aportes de fuentes tributarias. También se observó que si bien, por un lado, la Administración Nacional de la Seguridad Social mejoró sus recursos en los últimos años gracias a las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por otra parte el organismo sufrió la eliminación de las detracciones que se habían practicado del 15 por ciento de la coparticipación federal de impuestos, así como también la disminución de contribuciones patronales.
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La situación financiera del sistema previsional actual está muy lejos de ser la mejor. Será, seguramente, el próximo gobierno nacional el que tendrá que diseñar políticas públicas para dar respuestas a un desafío que no es menor: poner en marcha mecanismos que aseguren la sustentabilidad, a largo plazo, del sistema.

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